Derramaron sangre para no quedarse sin agua. Era el año 2000 y los ciudadanos de Cochabamba se pusieron en pie de guerra contra la privatización de sus escasos recursos hídricos. Hoy, 16 años después, la lucha diaria por el acceso al agua continúa en la cuarta ciudad más grande de Bolivia.
Hace un año, esta noticia daba la vuelta el mundo informativo, y especialistas en el tema no podían inferir ¿cómo después de tal reivindicación social; aún se tenga que sufrir por acceder a este recurso indispensable para la sobrevivencia humana?
ANTECEDENTES
El periódico El País de España en su edición regular para América Latina relataba la historia de Marcela Olivera, una ciudadana cuya oficina operaba cerca de la plaza 14 de Septiembre, en el casco antiguo de la ciudad de Cochabamba y el centro neurálgico de las protestas. Vivía en casa de sus padres y todavía no tenía que preocuparse por pagar las facturas. Sin embargo, cuando a finales de 1999 el gobierno de Hugo Banzer vendió a un consorcio internacional la compañía municipal de agua, Marcela salió junto a sus vecinos a luchar por sus recursos públicos.
En unas semanas, la violencia escaló de forma incontrolada. “En abril, la ciudad se había convertido en un campo de batalla”, cuenta Marcela, hoy convertida en activista internacional por el derecho al agua.
Banzer sacó al ejército a la calle y declaró el estado de sitio. Unidades de la Policía y las Fuerzas Armadas se enfrentaron a la población, primero mediante el uso de gases lacrimógenos y después con disparos de francotiradores.
Hubo cientos de heridos en la reyerta y un muerto, Víctor Hugo Daza, que todavía pervive en la memoria de los cochabambinos.
INCREMENTO
A instancias del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Bolivia se encontraba hace 16 años en plena oleada de privatizaciones. Para conceder un crédito al gobierno de Banzer, las instituciones de Bretton Woods habían pedido la venta de las compañías públicas de agua de las principales ciudades del país. Semapa, la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Cochabamba, pasó a manos de un consorcio internacional llamado Aguas del Tunari. Este conglomerado —formado por las compañias estadounidenses Bechtel y Edison, la española Abengoa y las bolivianas Petrovich y Doria Medina—, decretó, de la noche a la mañana, un incremento en las tarifas de entre el 30% y el 300%.
“Después de la Guerra del Agua nos hemos dado cuenta de que lo que nos había pasado en Cochabamba le estaba pasando también a otra gente en otros sitios”.
APUNTE
- Muchos de los vecinos que lucharon por el agua en Cochabamba en el año 2000 eran inmigrantes rurales, que llegaron a la ciudad desde las montañas o las comunidades indígenas del altiplano y que se organizaron en pequeñas asambleas y comités para cavar sus propios pozos y construir sus sistemas de distribución.
LA REFLEXIÓN
- “En la ciudad casi todo el mundo tiene tanques elevados donde almacenar el agua, pero en la zona Sur la gente lo que tiene son turriles (barriles), porque su economía no alcanza para más”, explicó ‘El Banderas’, Marcelo Rojas, quien fuera uno de los primeros guerreros del agua que entraron a “liberar” Semapa. Hace 16 años, durante las protestas.
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