EPSAS es privada y no puede ser enjuiciada, según exasesor

Desde la salida de Aguas del Illimani, hasta la fecha, la Empresa Pública Social de Agua Potable y Saneamiento (EPSAS) no cambió su condición jurídica de empresa privada a pública.

Como mantiene esa cualidad, las denuncias de incumplimiento de deberes contra sus exautoridades o actuales no proceden, según el exasesor legal del directorio de la operadora Marco Ramos.

En contraparte, la comuna paceña asegura que su rango de intervenida hace que la responsabilidad alcance al interventor. Esta instancia se sumó como parte querellante en el proceso iniciado por el Gobierno.

El pasado 8 de noviembre, EPSAS implementó un plan de racionamiento de agua potable en 94 barrios de la ladera Este y la zona Sur de La Paz. Argumentó una baja en los embalses debido a la sequía que atraviesa el país.

La falta de previsiones y planificación generó un panorama caótico, en el que los cronogramas de distribución por red y cisternas para encarar la crisis no eran cumplidos. El presidente Evo Morales instruyó la destitución de los entonces gerente de EPSAS y director de la Autoridad de Aguas (AAPS), Rudy Rojas y Benecio Quispe, respectivamente.

Semanas después vecinos, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y el actual gerente interventor de la operadora, Humberto Claure, iniciaron -por separado- tres demandas penales en contra de ambas autoridades, además de un anterior interventor, Hugo Gómez. Los cargos en común son "incumplimiento de deberes y atentado contra la seguridad de los servicios públicos”.

"EPSAS es un sociedad anónima y, por tanto, privada. En este sentido las denuncias contra el exgerente interventor Rudy Rojas por un delito del sector público no corresponde. Tampoco encajaría la demanda en el caso de Hugo Gómez (interventor anterior a Rojas) ni contra Claure (actual interventor) que está en la querella vecinal. La situación de estas autoridades debe ser estudiada”, precisó Ramos.

Según el jurista, la cualidad jurídica de EPSAS es la de una sociedad anónima, "aunque quieran hacerla ver como pública”, lo que sitúa a la empresa en "un limbo jurídico”. "No se puede acudir a la justicia con delitos de orden público para demandar a la empresa privada”. resumió.

El delito en cuestión es el de "incumplimiento de deberes”, que se repite en todos los procesos instaurados y que en el caso de las demandas vecinales se extiende a la -ahora- exministra de Medio Ambiente Alexandra Moreira y las actuales autoridades de la AAPS, Víctor Rico, y de EPSAS, Humberto Claure.

Como antecedente, el jurisconsulto hace referencia a la denuncia penal instaurada en 2015 por Claure en contra del exgerente regional de EPSAS El Alto Jorge Chávez por "presunta conducta antieconómica e incumplimiento de deberes”, por el caso de conexiones ejecutadas sin contratación previa de la operadora. La demanda fue rechazada.

El rechazo "JJQU 06/2016” señala en su argumentación: "Lo que acontece al caso investigado, siendo que el delito de incumplimiento de deberes emerge de una función pública que no se adecúa al presente caso, toda vez que la institución que interpone su querella EPSAS S. A. es una empresa privada y así como manifiesta (...) ‘EPSAS es de carácter comercial privado y tiene calidad S.A.’”, explicó.

La justificación proviene del artículo 154 del Código Penal que acoge y sanciona este delito en su capítulo dedicado a las funciones públicas. "Incumplimiento de Deberes: El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función incurrirá en reclusión de un mes a un año”, determina.

"En este caso se ha rechazado porque el delito no encajaba”, ratificó el abogado Ramos.

Indicó que es necesario analizar en qué condiciones eran nombrados los interventores para rendir cuentas ante el Estado o si simplemente eran gerentes de la privada EPSAS. "Sólo como ejemplo, un interventor debería recibir sueldo de la empresa pública pero los gerentes eran pagados por la empresa que no recibía dinero del Estado por su condición de S. A.”, aclaró.

A su parecer, esta situación se debe a " una inoperancia” de las autoridades que no han podido crear una nueva empresa, como era el objetivo de la intervención. "Y estas son las consecuencias que no sólo ha generado la crisis y una cultura de corrupción que deben ser auditados”.



La Alcaldía señala que la denuncia sí procede


El asesor jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Fernando Velásquez, señaló que a pesar de que EPSAS S. A. es privada, la demanda por incumplimiento de deberes sí alcanza a los exgerentes debido al rango de interventor con el que fueron designados. Aclaró que éste es solo uno de los tres delitos presentados en la querella.

La semana pasada, la comuna paceña se adscribió a la demanda del Gobierno central en contra de los exgerentes de la operadora del servicio de agua potable por la crisis que afectó a 94 barrios de la ladera Este y la zona Sur. "Está absolutamente claro, que aquí hay una responsabilidad de las anteriores autoridades de la AAPS y EPSAS (Benecio Quispe y Rudy Rojas)”, manifestó el alcalde Luis Revilla.

Consultado sobre la viabilidad de la denuncia sobre una empresa que aún mantiene la cualidad de privada, el asesor jurídico de la comuna señaló que es procedente.

"En puridad, no corresponde. Pero en el caso del exgerentes de EPSAS no es tampoco un funcionario privado. Fue interventor designado por resolución, por ende, es sujeto de incumplimiento”, manifestó.

Sostuvo que este nombramiento es indistinto a la forma de pago dentro las planillas de los empleados, como ocurre en el caso de los gerentes de EPSAS, esto debido a que no tienen una relación contractual directa.

Aclaró que por dicha situación "igual le alcanza el incumplimiento”, aunque añadió que este no es el único delito por el que estas exautoridades de la operadora deben responder ante el Ministerio Público.

"Además de incumplimiento de deberes, también hemos denunciado atentado a los servicios públicos y delitos contra la salud”, afirmó Velásquez.

Revilla manifestó que la ampliación de la querella en contra de la exministra de Medio Ambiente y Agua Alexandra Moreira dependerá del rumbo que tome la investigación.

"No sabemos si habrá responsabilidad o no en la exministra, eso tendrán que investigar las instancias correspondientes y eventualmente nosotros evaluaremos esa posibilidad”, manifestó el burgomaestre.



Acciones de Aguas del Illimani no pasaron a EPSAS


En diciembre de 2006, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) y Samapa firmaron con Aguas del Illimani S. A. un "Acuerdo Marco de Terminación de Disputas” para su desvinculación con el servicio, en cumplimiento del DS Nº 28933.

Conforme al Decreto Supremo 28985 se determinó los procedimientos para la transferencia de las acciones bajo un contrato de fideicomiso por un monto de 5,5 millones de dólares americanos, que fue firmado el enero de 2007 por el MMAyA, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el grupo AISA.

Estas acciones se encontraban en custodia del FNDR y registradas en sus Estados Financieros como Patrimonio Autónomo. Posteriormente, físicamente fueron entregadas al MMAyA con nota CITE: EPSAS-CADM-MAB-OO46-CAR/13 de 12 de marzo de 2013, una vez que la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento EPSAS S. A. pagó el monto del fideicomiso para la desvinculación.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua con nota CITE. MMAYA/DESPACHO/Nº 0518/2013 solicitó al FNDR "coadyuve en todas las acciones a realizar en los trámites administrativos, técnicos y legales que se requieran para consolidar la transferencia de las acciones a su cartera, así como tramitar la cancelación de la matrícula de comercio de EPSAS S. A. y generar el cierre definitivo de los contratos de fideicomiso suscritos en 2006.

Sin embargo, hasta la fecha no se canceló la matricula de comercio registrada en Fundempresa, así como tampoco el registro de contribuyente en Impuestos Nacionales con el NIT 1020115028 jurisdicción GRACO La Paz, que es el mismo de Aguas del Illimani, ya que en la primera reunión de directorio tras la desvinculación se ratificó el cambio de razón social a EPSAS S. A.

La empresa mantiene su condición de privada, regida bajo el Código de Comercio. Su situación será la misma hasta que se logre constituir una nueva operadora metropolitana municipal que asuma el servicio y tome posesión de las acciones como establece el DS 28985.

EPSAS intervenida

Creación EPSAS fue creada para asumir el suministro de agua potable de La Paz y El Alto, que estaba a cargo de la empresa privada Aguas del Illimani, que era del Grupo AISA, en enero de 2007.
Intervención En 2013, ante denuncias de malos manejos y un posible colapso, se determina la intervención de la empresa para que esta instancia en un lapso de seis meses dé inicio a una transición a una nueva empresa municipal. Sin embargo, la intervención a la fecha ya va a su quinta gestión.