Sarco bloquea por agua y piden controlar cisternas

Un grupo de vecinos de la zona de Sarco bloqueó ayer de forma esporádica la avenida Melchor Pérez de Holguín, porque hace dos semanas escasea el agua de la red de Semapa y pese a esto siguen pagando tarifas elevadas.

Semapa aplica un plan de “redistribución” de agua hace dos meses. Éste consiste en reducir en un 33 por ciento las horas de dotación de agua a los usuarios. Las zonas más altas son las más afectadas porque el agua llega con menos presión.

Por su parte, el gerente de la empresa descentralizada, Gamal Serhan, informó que “todos los días” recibe denuncias por escasez de agua. En promedio, al día reciben 60 quejas, 50 en sus oficinas y 10 en las redes sociales. Las denuncias incluso las recibe en su línea telefónica personal.

“Las denuncias se han intensificado desde hace dos meses. La situación todavía no está tan crítica, que comience el calor y se verá”, señaló. Los hospitales y escuelas también tienen problemas de abastecimiento.

Sin control

Ante el incremento del precio de agua de las cisternas, Serhan indicó que “nadie” regula este servicio porque son “propiedades privadas”. “Semapa al ser un operador de agua no tiene fuerza coercitiva sobre nadie. Ni siquiera puedo multar a un vecino por hacer mal uso del agua (…) y tampoco puede regular el precio del líquido”, señaló.

Reconoció que hay un mercado del agua. Indicó que la institución que debe regular es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).

Semapa se prepara para recibir el agua de Misicuni. En noviembre, la Gobernación y los municipios del eje metropolitano suscribieron un compromiso para licitar el diseño de tres aducciones que trasladarán el agua desde Misicuni.

La primera estará en Quillacollo; la segunda en Colcapirhua y Distrito 9 y la tercera en Tiquipaya, Cercado y Sacaba. Los estudios de las dos primeras tienen financiamiento total del Ministerio de Medio Ambiente, la tercera es con contraparte de los municipios. Estiman que la gestión de financiamiento y ejecución demore “por lo menos” tres años.