Juana Zelada tiene dos hijos que alimentar y está preparando la tierra en la que debe sembrar papa, maíz, haba, zapallo y locoto. Las hortalizas y legumbres que menciona son las de mayor producción en la zona y las que tienen posibilidades de venta en los mercados más próximos de Colomi y Villa Tunari.
“Espero buena cosecha para el próximo año, claro está si aún podemos usar el agua que nos pertenece y que nos quieren quitar”, afirma mientras el más pequeño de sus hijos interrumpe el diálogo con un fuerte chillido en señal de hambre.
La madre responde presurosa al pedido, que por la fuerza que tiene llega incluso a espantar a varias aves de granja que están en la casa.
¿Quitar? pregunta este periodista para saber a qué se refiere.
La mujer no responde, solo atina a mirar el horizonte como buscando salidas a lo que se les viene encima. Segundos después pide tiempo para alimentar al niño.
POSTERGADO
Aprovechando esta pausa ingresa al escenario otro interlocutor, Martín Carvallo, secretario general del Sindicato Santa Isabel B.
“¿No sabía que el Gobierno aprobó una ley por la cual quitó el agua a la comunidad?”, interroga el dirigente.
Agrega que debido a esta situación desde hace un año están postergando la implementación de un proyecto de riego que contribuirá a mejorar las condiciones de vida que tienen.
En el sindicato que regenta viven más de 50 familias y todas tienen la esperanza de “producir más para contar con mejores ingresos económicos y contribuir a la seguridad alimentaria del país”, confiesa el dirigente.
Esta declaración confirma la existencia de un gran problema en la zona y que tiene su origen, según los comunarios, en el proyecto hidroeléctrico bautizado con el nombre de San José 1, cuya meta es generar 55 megavatios (Mw) para el Sistema Interconectado Nacional (SIN), con destino a la exportación de excedentes a la Argentina o el Brasil.
A su turno, el presidente de la Central Pampa Tambo y Santa Isabel, Francisco Fernández, lanza una afirmación preocupante: “cien familias estamos en riesgo de quedarnos sin agua para consumo y riego”.
Para justificar su afirmación expone los alcances de la Ley 628, del 13 de enero de 2015, mediante la cual el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, otorga a la Empresa Eléctrica Corani S.A., a su vez filial de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la facultad de aprovechar las “…aguas de la cuenca hidrográfica del río Paracti, que se halla dentro de la zona subandina de la provincia Chapare, Cochabamba, para el uso en la generación de energía eléctrica del proyecto hidroeléctrico San José”.
En su único artículo la norma señala también que “(…) el área de la cuenca, cuyas aguas son objeto de la presente autorización, tiene una superficie de 432.3 kilómetros cuadrados (…)”
Con los kilómetros establecidos, y dentro de los cuales nadie más que Corani tiene derecho a explotar el agua, las cien familias que viven en Pampa Tambo, una central incrustada en el municipio de Colomi, quedaron en el limbo, según Fernández.
“No podemos usar el agua para consumo humano y menos para riego. Nos quitaron el agua de la boca”, denuncia el dirigente.
DERECHO BÁSICO
El presidente Morales pregona continuamente que el agua es un derecho humano. Un recurso natural que no se debe privatizar y menos utilizar como usufructo para ganar dinero.
Sin embargo, según los comunarios, en el asunto que preocupa a Pampa Tambo este principio quedó solo para el discurso, pues en la práctica la posibilidad de quitar el agua a una centena de productores campesinos, la mayoría migrantes de otros departamentos como La Paz y Oruro, está latente y no se puede ocultar.
Los agricultores advierten que la intención de restringirles el agua es un secreto a voces y llegó a decenas de familias que viven en la zona donde se erige la hidroeléctrica.
“¿Cómo quiere resolver de esta manera la pobreza (el Presidente Morales)?”, pregunta Francisco Fernández.
Más elocuente aún, el dirigente llamó a la reflexión a las autoridades sobre un hecho que debió ser la plataforma para la aprobación de la ley. La consulta pública, establecida en la misma Constitución Política del Estado, cuando se habla de proyectos que involucran a tierras, donde viven comunidades indígenas, originarias y campesinas.
“Nadie habló con nosotros sobre una expropiación de facto del agua. Cuando hablamos con el gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, respondió que ignoraba las decisiones. Pedimos una consulta ahora para decir qué hacemos y qué salida propone el Gobierno”, afirma el dirigente.
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