El 8 y 9 de abril de 2000 se decretó estado de sitio en medio de la denominada Batalla Final, que el líder de la Coordinadora en Defensa del Agua Óscar Olivera recuerda que inició el 4 de abril. Murió Víctor Hugo Daza, se registró una centena de heridos, y hubo personas detenidas.
Los denominados guerreros del agua buscan, hasta ahora, lograr que todos tengan acceso a ese primordial servicio. Hoy impulsan el relanzamiento de la Agenda del Agua.
En lo que fue la Guerra del Agua la gente movilizada consiguió expulsar a la transnacional Aguas del Tunari que pretendía elevar los costos de la tarifa.
Algunos de los protagonistas de aquellas jornadas traen a la actualidad sus recuerdos, rememorando lo ocurrido y señalando lugares donde estaban hace 15 años.
Olivera dice que todavía falta mucho por hacer, sobre todo para que el agua llegue a muchos sectores.
“Creo que no ha mejorado. Las autoridades se han olvidado del tema. No existe Ministerio del Agua que pueda establecer políticas, fortalecer y apoyar a los comités de agua”, manifiesta.
Agrega que la Constitución Política del Estado establece al agua como un derecho fundamental, pero eso no se cumple.
ANTES Y DESPUÉS La historia del país cambió desde que se dio la Guerra del Agua, según la visión de Olivera.
“Desde entonces la gente no está dispuesta a que les sigan despojando de sus recursos naturales, sus bienes comunes, a aceptar de manera callada lo que otros decidan arriba”, sostiene. Destaca la importancia que tuvo la Guerra del Agua no solo nacional sino también internacional.
Los líderes de aquella batalla han sido invitados varias veces a compartir experiencias en otros países, y siempre mencionaron que lo más importante de 2000 fue la unidad, movilización, organización y la recuperación de la confianza mutua.
“La gente sabe cómo hacerlo y que ningún gobierno esté tan tranquilo teniendo tantas alcaldías y espacios gubernamentales. Cuando la gente esté harta de autoritarismos, de exclusión, de amenaza, de chantaje va a levantarse y van a cambiar las personas y el rumbo de la historia”, sostiene.
Añade que eso quedó demostrado con la Guerra del Agua el 2000, la Guerra del Gas en 2003 y el Gasolinazo de 2010.
“Todas las cosas que los gobiernos deciden si no son consultadas a la gente no son aceptadas (...) Eso pasó con Banzer, Goni y con Morales”, afirma.
Acota que las experiencias han servido para que los gobernantes gobiernen escuchando a la gente y no imponiendo.
AGENDA DEL AGUA El responsable de la Secretaría de Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación, Luis Salazar, anuncia el relanzamiento de la Agenda del Agua para la próxima semana.
Dice que existe una propuesta, un documento base, que rescata la Agenda de hace 15 años.
Explica que los lineamientos están basados en el origen de la problemática, como el déficit y la necesidad de agua potable y para riego y la contaminación del agua como en el río Rocha.
Asimismo, la contaminación de aguas subterráneas, sobreexplotación, percepciones de apropiación, acaparamiento y cultura de derroche del agua, entre otros.
A mediados de mayo esta prevista la realización de una Cumbre del Agua.
Apuntes.
4 de febrero de 2000
Hubo una movilización masiva, y el Gobierno de entonces dispuso el traslado de policías desde La Paz a Cochabamba, los denominados Dálmatas. Olivera recuerda que el pueblo derrotó a la represión.
26 de marzo de 2000
Se convoca a la consulta popular que determinó en un 98 por ciento la salida de Aguas del Tunari y la reformulación de la Ley de Aguas 2029.
4 de abril de 2000
Se convoca a la Batalla Final que duró ocho días. Hubo un muerto, más de 100 heridos, detenidos y confinados. El pueblo no permitió la privatización y el Gobierno rompió el contrato con Aguas del Tunari y modificó la Ley 2029.
Abril de 2015
Para Olivera, el resultado en términos económicos es que a partir de 2000 ninguna empresa se privatizó. En términos políticos la gente mostró que es posible imponer una agenda cuando se le afecta sus intereses, y en términos del agua siguen pendientes los fines. Expresa que Misicuni sigue pendiente, que Semapa no es una empresa social y sigue siendo una empresa política y técnica. El líder de la Coordinadora exhorta a que haya unidad en el pueblo y que se defienda las áreas de recarga acuífera y se luche contra los loteadores.
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