La cobertura de agua potable si bien ha mejorado en los últimos años, está lejos de ser un servicio de acceso universal.
Básicamente, por una apremiante “presión tributaria” sumada a una implacable tasa de consumo de energía eléctrica y aportes a la autoridad regulatoria, las Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (Epsas), del departamento, “al igual que en el resto del país” como mencionan, se encuentran en una situación financiera insostenible por el recorte de al menos el 31% de sus ingresos.
Mediante un documento, más de 30 cooperativas grandes y medianas de diversos municipios de Santa Cruz, incluida Saguapac de la ciudad capital, han puesto en alerta esta situación.
“Se han ido acumulando una serie de bases imponibles y tasas que nos afecta al sector. Estamos altamente preocupados por esta situación dado que ya es imposible desarrollar servicios con tarifas solidarias y menos llegar con servicios universales a todos los bolivianos, por esos tratamientos asimétricos”, señaló Michael Roca, gerente general de la Asociación Nacional de Empresas de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Anesapa).
Un trato paradójico. En un pronunciamiento reciente, las cooperativas y comités de aguas del departamento de Santa Cruz, han hecho conocer que todo se debe a que desde hace más de 11 años la estructura tarifaria no ha sido modificada por lo que, la situación económica es cada vez difícil de sostener.
“En general las estructuras tarifarias son deficitarias, provocando desequilibrios en la relación costos e ingresos, en una coyuntura en que el mercado no discrimina y los precios de los materiales y accesorios suben cada vez más”, refiere la nota firmada por más de 30 cooperativas de Santa Cruz.
“Todo ese gasto, va directamente al bolsillo del consumidor final”, describe, Víctor Hugo Ortuño, presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos Montero (Cosmol) al citar que se hace “sensiblemente” incómodo suponer siquiera un incremento de tarifas.
“En estos momentos el Estado nos cobra solo en impuestos un 16% y a ello si sumamos el pago de consumo de energía eléctrica y tasa de regulación, pagamos un 31%. Y lo peor es que ese impuesto no entendemos cómo nos cobra, porque la Constitución (Política del Estado-CPE) dice que somos empresas “sin fines de lucro”, argumentó Ortuño.
Para Anesapa, esta institución que aglutina al menos a 17 empresas de servicio de agua potable de las principales capitales de departamento y ciudades intermedias del país, con una cobertura del 60% de la población, el difícil momento financiero no solo es en Santa Cruz, sino en todo el país.
Roca remarca que es incomprensible cómo se puede aplicar impuestos y tasas a empresas que no tienen “sin fines de lucro” y solo desarrollan su tarea de brindar servicio de agua potable y en gran parte de ellos, incluso, con los mismos ingresos por cobro de tarifa de consumo de agua, realizar mantenimientos a sistemas de saneamiento básico inherente a alcantarillados. “En el conjunto de las empresas del país, sobre todo en aquellas que tienen pozos y utilizan energía eléctrica, la incidencia es aún mayor, que afecta entre el 40 y 45% de los ingresos”, argumentó.
En la misma situación. Tomando los datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), alrededor de 836 empresas prestadoras de agua potable y saneamiento básico, operan en todo el territorio nacional.
De ese total, 189 empresas, entre cooperativas, comités y organizaciones indígenas brindan servicio de agua potable en los 56 municipios y 15 provincias de Santa Cruz. Gran parte de ellas, en especial las cooperativas, tienen una administración totalmente autónoma e independiente de la gestión de los gobiernos municipales.
Según Mauricio Cuéllar, gerente general de la Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado de Warnes (Cosepw), informó que aprobar una nueva actualización de tarifas, es de por si un trámite largo que amerita procesos de concienciación con el usuario y muy sensible por la afectación que implica al bolsillo de la población. “Las Epsas no hacemos negocio del agua, solo prestamos servicio a la población y por ese concepto nosotros generamos ese único ingreso, lo cual con todos esos recortes, nos hace difícil sostener el servicio, hacer ampliaciones y gestar nuevos proyectos”, argumentó.
Además, sustenta Ortuño, ahora el gobierno con la creación de la AAPS, espera aplicar otra tasa en calidad de aporte a dicha instancia para el sostenimiento financiero de la entidad reguladora.
TARIFAS ELÉCTRICAS
El sector reclama que de un 31% de recorte, una mitad corresponde al pago del consumo de energía eléctrica, al ser las cooperativas catalogados dentro la categoría industrial, convirtiéndose en una carga muy pesada. “Esta circunstancia nos obliga a requerir ante las diferentes instancias que de manera seria se trabaje en la posibilidad de concertar una tarifa diferenciada para las distintas operadoras del servicio de agua potable”, fundamenta el pronunciamiento del sector.
“Por esta situación, las cooperativas se ven seriamente afectadas fundamentalmente a los niveles de producción, pozos, motores y estaciones de bombeo”, apuntó Vladimir Medina, representante de las cooperativas del departamento de Santa Cruz.
Ante esta situación, el sector espera impulsar de manera urgente reuniones concretas y definitorias con el Gobierno para ver alternativas de solución. “Todavía no hay respuestas concretas. Estamos en ello”, explicó Roca.
TRATO PREFERENCIAL
El sector en una primera instancia pide la nivelación de tarifas al Gobierno en una labor coordinada con todas las cooperativas, si acaso así fuera posible. “Tenemos una limitación estructural en tema de tarifas, dado que ya es imposible desarrollar con dinamismo nuevas obras de ampliación e incrementar las coberturas, dado que esos trabajos o esfuerzos nos implican nuevos costos de operación”, puntualizó Michael Roca de Anesapa.
Las Epsas del departamento de Santa Cruz, con respecto a las cargas impositivas, plantean un equilibrio financiero, cosa que garantice la completa operación y mantenimiento del servicio de agua potable. Para ello proponen por lo menos, de manera coyuntural la “exención” del pago del impuesto a las transacciones (ITF).
El sector espera reunirse con el Gobierno para subsanar de manera integral. En días pasados el único acercamiento fue con Carlos Romero, ministro de Gobierno.
DEUDA
Desde hace más de diez años, incluida la cooperativa Saguapac, otras similares de poblaciones como El Torno, Yapacaní, Warnes, Montero, Portachuelo, Plan Tres Mil, han contraído diferentes créditos, en algunos directamente desembolsados de las entidades cooperantes como el BID y el Fondo Nacional de Desarrollo Rural (FNDR) para ampliar servicios de red de agua potable y alcantarillado sanitario. En conjunto, la deuda alcanza a $us 66,5 millones que con el paso de los años ha resultado impagable.
Dicha deuda es otra de las pesadas cargas que hace imposible generar no solo la sostenibilidad financiera, sino prestar un servicio de calidad a la población al cual pertenecen. “A excepción de Cosmol y Saguapac que tienen una deuda superior a $us 50 millones, otras cooperativas deben en promedio 1,5 millones de dólares. En todo este tiempo, hemos atinado a cubrir solo los intereses”, explicó Víctor Hugo Ortuño, presidente de Cosmol de la ciudad de Montero.
CLAMOR
Por la situación de la deuda, gran parte de las cooperativas menores se encuentran en la imposibilidad de desarrollar proyectos de ampliación de plantas y nuevos programas.
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