Debido a la importancia que reviste la aplicación de una Ley consensuada y socializada por las organizaciones de regantes a nivel nacional, Francisco de la Cruz dirigente de la Asociación Nacional de Regantes Sistemas de Agua Potable de Bolivia sostuvo que ellos se oponen a la aplicación de la misma por cuanto no se hizo la consulta a miles de agricultores que se han visto afectados en las regiones mineras con el acceso al agua y al medio ambiente.
El dirigente destacó que además de la producción minera en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí hay miles de productores que se dedican a la producción agropecuaria, por cuanto los artículos contravienen con la Constitución Política del Estado CPE y los artículos que contemplan dicha ley no respetan otras normativas legales que ya se tiene en materia ambiental y en el cuidado de la producción.
Se prioriza la producción minera y se deja de lado el cuidado ambiental de la “madre tierra” y se usan en el caso de la extracción minera del oro el componente químico cianuro y también se tiene lamentar la contaminación del plomo y otros metales que afectan a los seres humanos y a los animales mediante la contaminación de las aguas, por consecuencia de la contaminación minera, destacó el dirigente.
Enfatizó que los 300 mil regantes piden ser incluídos en la revisión de la Ley de Minería y que todos los involucrados aporten en la Ley de Agua Marco para la Vida que debería ser aplicada antes que la La Ley de Minería porque si no hay agua no hay vida y no hay producción agropecuaria. Enfatizó que la Ley Minera no se la toma en cuenta la contaminación de la madre tierra y a los terrenos donde se operan. Los dirigentes indicaron que nunca se tomó en cuenta la Ley Marco Agua para la Vida, la Ley de Riego y la Ley de Medio Ambiente para la aplicación de la Ley de Minería.
Al referirse a los efectos nocivos de los daños que ocasiona la explotación minera, se indicó muchas regiones están contaminadas por el caudal del río desaguadero, el lago Poopo, Inti Raymi y Pazña en Oruro, Antequera en potosí y otros que afectan al medio ambiente, como el proyecto San Cristobal y por ello hay el reclamo de las comunidades campesinas, por cuanto mucho bofedales se están secando.
El sector regante tiene presencia en departamentos de Bolivia como Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija y Santa cruz, que nuclea a 350 mil hectáreas bajo riego y tiene más de 100 mil afiliados en la Asociación Nacional ANARCIPAS y por los motivos anteriores se encuentra en estado de emergencia porque hace cuatro años se encuentran pidiendo al poder ejecutivo la revisión de la ley de minería.
En vista de esta situación los regantes se encuentran en estado de emergencia porque el gobierno central ha dispuesto del presupuesto general de la nación 36 mil millones de bolivianos y el 1 por ciento, que equivale a 36 millones de bolivianos lo cual se divide entre siete departamentos y si se toma en cuenta que estos fondos vienen del Tesoro General de la Nación y las gobernaciones tienen prioridades como salud, educación de la cual resulta mínima la parte de inversión en riego.
Siendo el riego un componente vital para los pequeños medianos y pequeños agricultores y cuyo aporte sobrepasa más mil millones de dólares en producción anual y el sistema de riego permite la producción de verduras, hortalizas, alfalfa y en la seguridad alimentaria no se compara el aporte en trabajo ocupación, ahorro de divisas, sostienen los regantes.
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