El directorio de la Empresa Misicuni, conformado por 24 instituciones y organizaciones sociales, no aprobó la convocatoria EM.GG.EX.003/2014 para contratar por excepción a las empresas que se adjudicarán las obras que restan por ejecutar de la represa del Proyecto Múltiple Misicuni, según denunció el presidente del Comité Cívico, Gunter Paz.
El cívico manifestó que el presidente de la Empresa Misicuni, Jorge Alvarado, vulnera la Ley 3470 al desconocer al directorio como la máxima instancia de la empresa. “Yo he insistido en el rol del directorio que es la definición”, sostuvo.
Agregó que el directorio no ha tomado una decisión puntual sobre la convocatoria, el incremento del presupuesto y del proceso de selección. Precisó que el presidente de Misicuni debe explicar por qué la obra llegará a costar casi 130 millones de dólares. Pues, ya se han pagado 48 al anterior consorcio y ahora se necesitan 75 millones para las obras que restan. Dijo que la cifra es similar a la requerida en la primera licitación del megaproyecto que fue de 79 millones. En este presupuesto hay que añadir el pago a la supervisión.
“Se ha hecho una explicación demasiado sucinta: se ha dicho porque han subido los materiales y los salarios. Pero nosotros consideramos que es una explicación insuficiente. Yo he pedido que se presente un detalle ítem por ítem”, remarcó Paz.
El presidente de Misicuni argumentó que el proceso de contratación de las empresas se realiza de acuerdo con el Decreto Supremo de 181. “Nosotros manejamos este tema seriamente, dentro de las normativas legales vigentes”, dijo.
Aseguró que lo único que debe “autorizar” el directorio es la firma de contrato con las empresas que se adjudiquen la obras.
Agregó que no se requiere su aprobación para esta fase. “Este proceso que estamos llevando a cabo es de plena responsabilidad de la MAE o máxima autoridad de la empresa. Eso lo sabe el directorio. Al parecer el señor Gunter, está mal informado”.
Un exasesor, vinculado al Estado, manifestó que la convocatoria de contratación que lanzó la Empresa Misicuni debería contar con la aprobación del directorio no sólo porque es la máxima instancia, sino porque es una empresa pública y social. La única opción sería que el directorio le haya delegado por escrito esta función. A ello se suma que el Decreto 181 es una norma general y la Ley 3470 es específica. Agregó que también se debe revisar las veces que la empresa convoca al directorio.
El representante del Comité Cívico dijo que primero ha exigido una reunión de directorio para analizar la convocatoria. Pero, si no hay una solución impugnará lo obrado hasta ahora.
DOS POSICIONES DISTINTAS SOBRE EL DIRECTORIO
Gunter Paz, presidente del Comité Cívico
“El directorio es la máxima instancia”
El presidente de Misicuni toma las decisiones y solamente da cuenta de los obrados. Con esto se está sobrepasando la potestad del directorio de ser quien defina esto. Nada de lo que anuncia el presidente ha sido puesto a consideración del directorio. Todas las iniciativas son bienvenidas, pero, deben ser valoradas por el directorio. El mismo debe aprobar, modificar o rechazar los planes y convocatorias.
Jorge Alvarado, presidente de Misicuni
“Se está actuando de acuerdo a la ley”
Se está actuando de acuerdo al reglamento y a las normativas legales vigentes para este tipo de procesos. No son decisiones personales del presidente de Misicuni, como se ha dicho, este es un proceso serio y así lo manejamos. El directorio lo único que autoriza es la firma del contrato, pero no autoriza su proceso de contratación y eso lo sabe el señor Gunter, porque estuvo cuando se dio el informe.
LEY NACIONAL 3470
El 13 de septiembre de 2006, el Gobierno promulgó la Ley 3470 de modificación del directorio. En ella se ratificó su naturaleza como empresa de derecho público, con autonomía de gestión, técnica, administrativa y financiera, con el objetivo de administrar el Proyecto Múltiple Misicuni. Por tal razón se la denomina como empresa pública y social.
El directorio es el órgano administrativo superior de la Empresa Misicuni y está compuesto por 24 representantes. Es la primera instancia pública con delegados de las organizaciones de base en el mismo directorio, éste ejerce control social a la empresa. El Comité Cívico participa con voz pero sin voto.
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