Asimetrías de poder causan crisis del agua en Bolivia

“El agua es un recurso políticamente disputado, el agua es poder”, advierten cada vez más expertos de distintas disciplinas profesionales que trabajan en el estudio de los recursos naturales.

Ellos coinciden en que los problemas ecológicos no se reducen exclusivamente a factores técnicos o naturales, sino que están muy estrechamente vinculados a un contexto político y social, donde son fundamentales las relaciones sociales, los constreñimientos económicos y las estructuras de poder que dan forma al uso de los recursos como la tierra y el agua.
Estas relaciones, desigualdades y asimetrías se dan a múltiples escalas: globales, regionales, locales, urbanas, rurales e incluso comunitarias. Así también lo hacen notar distintos investigadores que forman parte del programa PARAGUAS, “Red Andina de Postgrados en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”, ejecutado por el Consorcio Andino del Agua, el cual incluye siete universidades y varias ONGs de los países andinos.
Un informe sobre Desarrollo Humano de 2006, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado “Más allá de la escasez: poder, pobreza y crisis mundial hídrica”, también destaca que la “escasez en el centro de la crisis hídrica mundial está enraizada en el poder, la pobreza y la desigualdad, no en la disponibilidad física” y que “la escasez está fabricada a través de procesos políticos e institucionales que dejan en desventaja a los pobres”.
Pese a que la Constitución Política del Estado establece que el agua es un derecho humano, en Bolivia, son cada vez más evidentes y visibles los problemas y conflictos relacionados con el agua, en sus múltiples dimensiones. Según las investigadoras Audrey Rimbaud y Marie Le Néouanic, especialmente en zonas periurbanas y rurales donde suelen existir mayores niveles de pobreza, la población necesita del agua para múltiples actividades y usos, que suelen dividirse en domésticas y productivas.
De igual manera, la gente muchas veces debe competir por el agua, no sólo entre sí, sino con otros sectores como los extractivos, la industria, la hidroelectricidad, etc. Debido a estas características, el agua puede ser objeto de sobreuso, acaparamiento, despojo, contaminación, generando una serie de conflictos sociales, económicos y ambientales.
Varios investigadores que contribuyen al llamado enfoque de la Ecología Política, también consideran que los conflictos suelen darse por la distribución (acceso y control) del agua y de sus desechos residuales, tal como indica el conocido economista español Joan Martínez Alier. Es por ello que los investigadores Francois Molle y Peter Mollinga también enfatizan que la gestión del agua es inherentemente un proceso político basado en la idea de que el control del agua es el centro de dicha gestión.
Por su parte, la directora del Centro de Planificación y Gestión (CEPLAG) de la Universidad Mayor de San Simón, Carmen Ledo, demuestra en una reciente investigación que estas estas luchas y conflictos no se dan entre actores en situación de igualdad, particularmente en las ciudades, donde suelen existir relaciones de poder altamente desiguales que tienen, producen y reproducen distintos tipos de segregación y exclusión social.
De hecho, varios actores sociales que formaron parte de la ya famosa Guerra del Agua del año 2000 en Cochabamba, como el exdirigente fabril Oscar Olivera, reconocen que el agua es también sinónimo de poder. Y “muchas veces el agua fluye en la dirección del poder, se acumula en los sectores que lo detentan”, coinciden los expertos de la Universidad de Wageningen (Holanda) Rutgerd Boelens, Leontien Cremers y Margareet Zwarteveen, que han realizado numerosos estudios de caso en Bolivia y otros países andinos.

Paradojas del agua potable
En los últimos días han aparecido llamativas noticias sobre problemas con el agua potable en Tarija y otros lugares del país. En el municipio de Padcaya, por ejemplo, autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes), confirmaron la presencia de coliformes de Escherichia Coli que provienen de heces fecales de animales y personas, con gran potencial para dañar la salud humana, en 23 de las 28 comunidades que forman parte del municipio.
Mientras que la semana pasada en la comunidad de San Jacinto, en plena provincia del Cercado de Tarija, el corregidor de la comunidad, Matildo Meriles Torres, deunució a El País eN que carecen de agua potable desde el año 2013, y acusó a Cosaalt y al Municipio de que “se tiran la pelotita el uno al otro y dicen que a nadie le compete”, “nos mandan de una oficina a otra y así estamos. Hasta ahora no tenemos una salida concreta. No sabemos si este año vamos a tener agua potable”, dijo.
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, son los municipios los principales responsables de proveer estos servicios básicos a la población. ¿Qué factores y qué actores son entonces los que determinan la priorización de ciertas obras, o de ciertos barrios y zonas a la hora de planificar el desarrollo de las poblaciones?
En Cochabamba, una reciente encuesta realizada por las consultoras Desarrollo Empresarial e iniciativas de Gestión (Desemig) y el Centro de Investigación Matemática y Economía (CIME), muestra que la ciudadanía quiere que el próximo alcalde priorice los problemas de la basura, el agua y los hospitales.
Pero la paradoja es que las autoridades ediles cochabambinas de los últimos años han estado concentradas en hacer obras que sean más visibles, como pavimento, viaductos, parques, etc., cuando el 68 por ciento de los encuestados considera que la situación de los servicios básicos ha empeorado en los últimos años. Esto ocurre en Cochabamba, que ha sido históricamente una ciudad con grandes problemas de agua y epicentro de emblemáticas luchas sociales por este recurso, y donde el 75 por ciento de los encuestados califican a este tema como de máxima urgencia.
Estos casos ejemplifican e ilustran las desigualdades entre las zonas urbanas y las rurales, pero también al interior de las propias zonas urbanas. Las ciudades en sí mismas son escenarios de profundas desigualdades, queda en evidencia la importancia de las asimetrías y relaciones de poder en el control y acceso del agua, y las prioridades que las autoridades dan a diferentes zonas, pese a las urgencias que se tengan.

El derecho humano supeditado al extractivismo
Otra muestra de cómo las relaciones de poder determinan la escasez del agua se ve en algo que ya lo habíamos hecho notar antes: “el acceso al agua para la minería en Bolivia es más fácil, ágil y expedito que el acceso al agua para consumo humano”, advirtió el investigador Oscar Campanini.
Campanini sostiene que “este acceso más fácil para los mineros no sólo radica en su gran capacidad financiera para construir presas, pozos, aducciones u otras obras de captación y almacenamiento de agua, sino que es también parte de una política gubernamental vigente a lo largo de la historia boliviana. Todos los códigos mineros desde la ley Minera de 1880 (art. 25) hasta la reciente Ley 535 del 2014 (art. 111) establecen la propiedad/derecho de uso del agua para los mineros en el área de su explotación”.
En estos casos se evidencia incluso una parcialización del Estado con los sectores más poderosos: los vinculados a actividades extractivas. El Gobierno ha entregado más derechos sobre fuentes de agua a los mineros que al sector del agua potable y al riego: Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (AAPS), el 2010 se había alcanzado 640 EPSAs (entidades prestadoras de servicio de agua potable y alcantarillado) regularizadas, mientras que informes del 2012 planteaban la meta de 1.041. En el caso del riego, para inicios del 2014 se tenía el dato de 304 registros de riego otorgados.
Mientras tanto, “el Gobierno entregó derechos sobre 1.213 fuentes de agua a mineros de forma automática sin mayor trámite y sin verificar si estas fuentes de agua ya estaban siendo usadas por comunidades o centros poblados”, observa Campanini.
En los últimos tres años, “el Estado ha entregado derechos sobre más fuentes de agua a los mineros que a los centros poblados y comunidades para beber, para la actividad agrícola y pecuaria, prevaleciendo la minería por sobre el derecho humano al agua y a la alimentación”, denuncia el investigador, a tiempo de remarcar que esto evidencia la continuidad de “una política minera del agua vigente desde hace más de cien años y heredada no sólo del modelo neoliberal sino del propio modelo colonial”.

Las asimetrías también a escalas globales
El control, acceso y distribución del agua y los recursos naturales, así como los impactos ambientales, sociales y económicos, son también distribuidos de manera desigual en la escala global. De ahí que la posición de Bolivia en la Cumbre del Cambio Climático que se está llevando a cabo en Lima, Perú (COP 20) en recientes días ha sido la de “víctima” del cambio climático.
Pero el agua, por otro lado, pese a ser también una de las principales víctimas del calentamiento global, no ocupa un lugar relevante en las negociaciones de esta Cumbre. Esto no deja de extrañar, ya que América Latina, pese a poseer el 30 por ciento de los recursos hídricos mundiales, es una región que tiene problemas con el recurso, particularmente debido a su desigual distribución.
El reporte “Agua y adaptación al cambio climático en las Américas”, elaborado por el Diálogo Regional de Política de Agua y Adaptación al Cambio Climático en las Américas, indica que aumentan las personas de la región que viven en medio de un alto grado de presión sobre los recursos hídricos.
Se trata de personas que cuentan con menos de 1.000 metros cúbicos por habitante por año y que oscilarían entre 34 millones y 93 millones para 2020 y entre 101 millones y 200 millones en 2050.
Así también lo hacen saber las organizaciones sociales de base que demandan garantizar el acceso al agua y la seguridad alimentaria en el contexto del cambio climático mediante acciones concretas basadas en financiamiento, construcción de capacidades, transferencia de tecnología, eficiencia energética y manejo del conocimiento.
Pero la agenda oficial de la conferencia sólo incluye cuatro mesas de debate con referencia al recurso hídrico: “El agua contiene la clave para la mitigación, la adaptación y la construcción de resiliencia: hacia un acuerdo climático”, “Intercambio de conocimiento Sur-Sur entre África y el Caribe sobre seguridad hídrica y desarrollo de resiliencia climática”, “Una nueva agenda de seguridad: garantizando agua, alimentos, energía y seguridad sanitaria en un clima cambiante” y “Montañas y agua: del conocimiento a la acción”.
Activistas como Lina Dabbagh, de la organización internacional Red de Acción Climática, ha advertido que “en América Latina el tema es gravísimo. Pero no se le quiere vincular con las negociaciones internacionales de cambio climático, porque el tema tiene su espacio en otras instancias”.
“Por el cambio climático, el agua sufre de los impactos principales. Por eso, queremos vincular la agenda climática con la de derechos humanos”, porque son transversales, planteó Dabbagh, y denunció que “la gente tiene poca información, nadie les dice lo que está pasando, falta trabajo local y plantear soluciones locales”.
Ante el poco peso que se le está dando al tema agua en la Cumbre del COP 20 en Lima, el investigador de IPS, Emilio Godoy, considera que los activistas tendrán que esperar “a otro gran encuentro para que el recurso hídrico adquiera la importancia que tiene en el cambio climático y en el desarrollo sostenible”.
Se refiere al VII Foro Mundial del Agua, que se llevará a cabo en las ciudades surcoreanas de Daegu y Gyeongbuk del 12 al 17 de abril de 2015, y que congregará a gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y academias, bajo el lema “Agua para nuestro futuro”.