Sunday, April 6, 2014

Los “papeles de Misicuni”: de consorcios y comisiones “Truchas”

Proyecto "Construcción de la presa y Obras Anexas y complementarias del proyecto Múltiple Misicuni de 85 m. de altura (Misicuni II) y complementación de las obras hasta los 120 m de altura" (LPI 02/07) es el nombre rimbombante de la obra que se dice hará realidad el sueño cochabambino. Pero el sueño empieza a tornarse pesadilla. Poco a poco están emergiendo evidencias de la estafa que ha sufrido la población de Cochabamba con el proyecto Misicuni, al parecer bajo la atenta mirada y protección de los poderes gubernamentales.

Eso es lo que evidencian "Los papeles de Misicuni", documentos confidenciales u ocultos hasta ahora al escrutinio público, sobre los cuales las autoridades tendrán que brindar una explicación. Después del artículo de mi autoría publicado en este matutino el 5 de febrero pasado titulado “Misicuni y el misterioso señor Martín Rovira”, ahora deseo hacer referencia a algunos aspectos de la constitución del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM). Particularmente me referiré a una de las empresas socias, la boliviana CCI LTDA, así como al proceso de licitación. Son fichas de un rompecabezas que espero pueda completarse, y seguramente lo que veremos no será agradable.

LOS SOCIOS DEL CONSORCIO (I)

Las empresas socias del CHM eran: Grandi Lavori Fincosit SPA (GLF), italiana, con el 51% de participación en el consorcio; Construcciones Comercio e Industria (CCI LTDA) (boliviana), con el 14.7 %; las colombianas Gerencia de Contratos y Concesiones SA, 14 %, y Change Consulting Group, con el 4 %; las venezolanas VIALPA SA con el 8 % y la empresa Obras Especiales (Obresca CA), con el 14.3 %.

Las cuatro empresas colombianas y venezolanas del consorcio registran el mismo domicilio legal en Colombia, Carrera 4 No 59-74, Bogotá. Si eran empresas reconocidas y de prestigio, como pretendieron vender su imagen tanto los representantes de la empresa Misicuni como el consorcio, ¿cómo pueden compartir el mismo ambiente como sede? Más aún, existen evidencias de que la dirección señalada por la empresa boliviana de Martín Rovira –CCI LTDA-, Ecuador y Aspiazu No 2074 en la zona de Sopocachi es una casa particular, y no reportan haber sido sede de ninguna oficina empresarial. No parece serio definitivamente y lucen más bien como oficinas fantasmas, solamente para justificar los requerimientos normativos.

Otro detalle interesante son los montos autorizados de capital de las empresas socias del CHM, sobre los cuales se tiene evidencia. Las colombianas Change Consulting Group señala un capital autorizado de $us. 14.6451, mientras que Gerencia de Contratos y Concesiones SA declara 488.172 $us.; en el caso de CCI Ltda. tiene un capital constituido de apenas Bs 10.000. ¿Cómo es posible que con tan insignificantes sumas se hayan adjudicado una obra de, ese momento, 80 millones de dólares? ¿A pesar de eso, el representante legal de CCI, Martin Rovira, terminará siendo el ejecutor principal de la obra, luego del retiro de los italianos?

LOS SOCIOS DEL CONSORCIO (II)

La comisión calificadora ignoró que las empresas socias del CHM tenían antecedentes de incumplimientos contractuales y denuncias laborales. Por ejemplo, en 2008 la venezolana Vialpa fue parte de un consorcio que se adjudicó el proyecto de transporte masivo denominado BusCaracas, para implementar un sistema de autobuses de tránsito rápido de carriles. A pesar de cambios en el diseño, incrementos en el presupuesto, hubo retrasos, con denuncias de corrupción incluidas. El contrato con Vialpa se canceló el 2010 (Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo Metropolitano de Caracas (2011), según informe de la comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo Metropolitano de Caracas (2011) en “BusCaracas, historia de un fraude”, Caracas, nidad de Seguimiento de Polícas Públicas.

Respecto a los italianos, en julio del 2011, el Instituto de Desarrollo Urbano de Colombia declaró la caducidad del contrato de mantenimiento del Distrito de Conservación Suroriente, a cargo de la Unión Temporal GTM conformada por la Constructora Inca Ltda., H&H Arquitectura S.A., el Grupo Franco Obras y Proyectos y Grandi Lavori Fincosit S.P.A., por problemas de tráfico. Igualmente el contratista incumplió en lo relacionado con la disponibilidad del cupo de crédito que se exigía en el contrato, como informa el Instituto de Desarrollo Urbano de Colombia.

Lo de Grandi Lavori Fincosit (GLF), socia mayoritaria en el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) es mucho más grave. Como reconocieron los mismos funcionarios de la empresa Misicuni en su momento, GLF cedió el uso de su nombre a los ejecutivos que llevaron adelante la licitación internacional 02/07 para la construcción de la presa y obras complementarias del Proyecto Múltiple Misicuni, en su segunda fase. El representante del consorcio de supervisión Engevix-CAEM, Marco Claure, afirmó: “como se puede acreditar de una simple revisión de los documentos de calificación, (la presencia de GLF) sólo cubre una necesidad contractual de contar con un socio mayoritario de origen italiano” (LT, 25/12/2012). El crédito italiano para Misicuni estaba “amarrado”, pues el acuerdo obligaba a Bolivia contratar una empresa italiana; qué o cuanto recibió GLF a cambio de poner su nombre en la licitación?

El 2010, Grandi Lavori se halla entre las 14 empresas que visitaron Panamá, como parte de una delegación encabezada por el viceministro de Desarrollo Económico y Comercio Exterior italiano, Adolfo Urso; eran las épocas de auge de su relación con el gobierno de Silvio Berlusconi, hoy condenado a siete años de cárcel. Entre los temas a tratar estaba el megaproyecto de ampliación del Canal de Panamá; hoy, Grandi Lavori es parte de la sociedad que está construyendo la obra, también en disputa con el gobierno panameño.

CCI LTDA, LA SOCIA BOLIVIANA

CCI se crea en noviembre del 2007, pues la convocatoria a la licitación había sido lanzada para presentar propuestas a partir de febrero del 2008. Por tanto, la experiencia laboral en el rubro que iban a ser contratados, ninguna. ¿Y cuales son las áreas de trabajo señalados por CCI? “- explotación de canteras de piedra e industrialización de áridos - actividad industrial en producción de materiales e insumos para construcción - financiamiento y/o construcción de viviendas familiares o multifamiliares - obras de ing. civil, como carreteras, represas, edificios, estructuras industriales - importación de repuestos y componentes para el soporte posventa de kits de conversión diesel-gas, gasolina-gas - importación de cilindros para gas natural comprimido y enfriado - diseño y fabricación de partes de kits y cilindros para gas natural - importación de repuestos autos y maquinaria - reparaciones en taller y en campo - venta de mano de obra para reparación de maquinaria pesada y liviana - Capacitación en administración, reparación, diagnóstico, valuación y evaluación de automotores y equipos”.

Una lista variada, relacionada con las actividades más lucrativas en este país: el transporte automotor y sus infraestructuras viales. Con este curriculum el 2009 CCI se adjudicará, junto a Grandi Lavori y la boliviana Bartos, el tramo carretero Toledo-Ancaravi, por casi 25 millones de dólares, otra estafa sobre la cual hasta el día de hoy se ha impuesto el silencio.

LOS INGENIEROS DEL CONSORCIO

Leyendo el frondoso currículum de los profesionales asignados por el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni al trabajo de la presa surgen nuevas preguntas. ¿Llegaron efectivamente a trabajar en campo estos expertos? ¿Fue Hernando Rozo quien fungió como Superintendente de obras en la presa de Misicuni? ¿Fue Carlos Hernando Galeano el ingeniero residente de obra de toma y paso de compuertas, como señalan en su propuesta? ¿Fue Ángel Soteldo el ingeniero residente en presa? Estas preguntas son válidas en tanto los cuestionamientos constructivos, de diseño, implementación y mantenimiento a la mega obra, no han sido respondidos, y sus defensores han sido calificados de “aventureros” y “especuladores”.

LA COMISIÓN CALIFICADORA

Llama la atención que, a pesar del carácter internacional de la licitación de frebrero de 2007 y la importancia estratégica del proyecto, los miembros que calificaron la propuesta del CHM sean funcionarios intermedios de la empresa Misicuni. Efectivamente, por memorándum interno fueron nombrados los siguientes funcionarios:

• Ing. Washington Claure, presidente. Era jefe de unidad de medio ambiente y apoyo comunitario

• Arq. Ana Monasterios M., secretaria. Jefe de unidad de Normas, Seguimiento y Control de Proyectos

• Lic. Zenón Siles, vocal. Jefe de unidad administrativa y financiera

• Ing. Hugo Terceros S. Vocal. Fiscal de Obra Unidad de Fiscalización.

La estructura altamente centralista y jerárquica de la estructura organizativa de la empresa Misicuni otorga competencias a su presidente para tal vital responsabilidad; mucho más aún al directorio de la empresa: el reglamento interno señala entre las funciones del directorio “participar en la revisión y verificación de la documentación legal de las propuestas en caso de licitación”. ¿Por qué no estuvieron involucradas estas instancias y fueron asignadas estas tareas a funcionarios de segunda línea, un grupo cerrado no independiente? ¿No es eso actuar como juez y parte? Es que la norma no obliga a instancias autárquicas para este tipo de convocatorias?

LA BOLETA DE GARANTÍA

El 14 de abril del 2009, Ana Monasterios, de la Unidad de Normas, Seguimiento y Control de Proyectos de la Empresa, y miembro de la comisión calificadora, envía a Zenón Siles, de la unidad administrativa financiera, y también miembro de la comisión calificadora, la póliza original o boleta de garantía de seriedad de propuesta, presentada por el CHM, para su "archivo en custodia". Tenía un valor de 800.000 dólares y había sido emitida por Seguros Alianza. El 16 de mayo del 2009 se firma el contrato, en un acto público, con presencia del presidente de la república, el entonces ministro del agua, René Orellana y el embajador italiano. Dos días después, la empresa Misicuni hace devolución de la boleta original de Garantía de Seriedad de Propuesta No 65040258. De esta manera, se consolida un contrato viciado de nulidad con un consorcio “trucho” incapaz de avanzar en la obra como estaba previsto. Tanto que hoy se halla en proceso de rescisión. Mientras tanto, el proyecto otra vez ha sido postergado, hasta el 2015 dicen los gobernantes, pero “sólo Dios sabe” si el 2016 estará concluída la presa. Esta historia continuará.



(*) El autor es investigador del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón.

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