El próximo 29 de octubre se recordará el "Día Nacional de Agua" en Bolivia asumiendo conciencia sobre la importancia del líquido vital. Las Naciones Unidas declaró al acceso como un Derecho Humano y la Constitución Política del Estado Plurinacional hizo lo mismo con el fin de evitar la privatización y mercantilización.
Pese a estas declaratorias, lo cierto es que los bolivianos aún pagan ese derecho humano y una parte de la población aún no tiene acceso, según cifras del Ministerio de Agua.
La Constitución Política boliviana dice que el Estado tiene la obligación de proveer esos servicios, siendo prohibida la privatización de los recursos hídricos y amparado en esta disposición impulsó los programas Mi Agua I y Mi Agua II que invirtieron más de 300 millones de bolivianos en proyectos de riego y para consumo humano en todas las alcaldías del país.
Luego de que el 15 de octubre la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recordara el Día Mundial del Lavado de Manos, el ministro de Medio Ambiente y Agua, José Zamora, reportó que alrededor de dos millones de personas que no tendrían acceso al agua potable, mientras que cuatro millones de bolivianos no tienen servicios de saneamiento básico.
Sin embargo, para el ministro Zamora no sólo es cuestión de exigir el acceso a ese derecho humano, sino también cuidarlo y por ello desarrolla campañas de concientización del uso eficiente del agua. El diputado opositor, Mauricio Muñoz, lamentó que la dotación de agua potable se haya transformado de derecho humano a una bandera de campaña electoral en las áreas rurales, descuidando atención a las áreas urbanas donde la gente aún acude a las piletas públicas.
El gobierno tiene fijada la meta de cubrir al 100 por ciento en los próximos 17 años más en base a su Agenda Patriótica 2025, cuando todos los bolivianos tendrían agua y servicios básicos aunque no acaba de aclarar si será gratis o provisionado por el Estado, tal como dice la Constitución del Estado Plurinacional, por lo cual, el diputado Felipe García exigió claridad en esa intención gubernamental.
Según los datos oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, Bolivia cuenta con 2.812.715 millones de viviendas particulares, de las que el 66,09% tienen acceso a servicios de agua potable y el 69,92% disponen de servicio sanitario.
Cuando Jaime Paz Zamora, entonces presidente de la República, instituyó al 29 de octubre de 1989 como el Día Nacional del Agua, lo hizo con el propósito de que el gobierno y los gobiernos departamentales asuman una responsabilidad. Años más tarde ese mensaje se convirtió en un motivo de la denominada "Guerra del Agua" de Cochabamba derribó a la empresa Aguas del Tunari y en La Paz, la francesa Aguas del Illimani, fue intervenida y transformada en Epsas, supuestamente para ampliar las redes de conexión en La Paz y El Alto.
Epsas, siendo una empresa pública, fue intervenida por el gobierno y no logra cubrir la demanda de los habitantes por agua potable y saneamiento básico, que prefieren las conexiones clandestinas, por el costo que significa el tener un servicio y sobre todo al temor que cuando no paguen sus cuotas mensuales, Epsas intervenida, venga y el corte el servicio por falta de pago, independientemente si es doméstico, comercial o industrial.
ANF
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