Asimetrías de poder causan crisis del agua en Bolivia

“El agua es un recurso políticamente disputado, el agua es poder”, advierten cada vez más expertos de distintas disciplinas profesionales que trabajan en el estudio de los recursos naturales.

Ellos coinciden en que los problemas ecológicos no se reducen exclusivamente a factores técnicos o naturales, sino que están muy estrechamente vinculados a un contexto político y social, donde son fundamentales las relaciones sociales, los constreñimientos económicos y las estructuras de poder que dan forma al uso de los recursos como la tierra y el agua.
Estas relaciones, desigualdades y asimetrías se dan a múltiples escalas: globales, regionales, locales, urbanas, rurales e incluso comunitarias. Así también lo hacen notar distintos investigadores que forman parte del programa PARAGUAS, “Red Andina de Postgrados en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”, ejecutado por el Consorcio Andino del Agua, el cual incluye siete universidades y varias ONGs de los países andinos.
Un informe sobre Desarrollo Humano de 2006, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado “Más allá de la escasez: poder, pobreza y crisis mundial hídrica”, también destaca que la “escasez en el centro de la crisis hídrica mundial está enraizada en el poder, la pobreza y la desigualdad, no en la disponibilidad física” y que “la escasez está fabricada a través de procesos políticos e institucionales que dejan en desventaja a los pobres”.
Pese a que la Constitución Política del Estado establece que el agua es un derecho humano, en Bolivia, son cada vez más evidentes y visibles los problemas y conflictos relacionados con el agua, en sus múltiples dimensiones. Según las investigadoras Audrey Rimbaud y Marie Le Néouanic, especialmente en zonas periurbanas y rurales donde suelen existir mayores niveles de pobreza, la población necesita del agua para múltiples actividades y usos, que suelen dividirse en domésticas y productivas.
De igual manera, la gente muchas veces debe competir por el agua, no sólo entre sí, sino con otros sectores como los extractivos, la industria, la hidroelectricidad, etc. Debido a estas características, el agua puede ser objeto de sobreuso, acaparamiento, despojo, contaminación, generando una serie de conflictos sociales, económicos y ambientales.
Varios investigadores que contribuyen al llamado enfoque de la Ecología Política, también consideran que los conflictos suelen darse por la distribución (acceso y control) del agua y de sus desechos residuales, tal como indica el conocido economista español Joan Martínez Alier. Es por ello que los investigadores Francois Molle y Peter Mollinga también enfatizan que la gestión del agua es inherentemente un proceso político basado en la idea de que el control del agua es el centro de dicha gestión.
Por su parte, la directora del Centro de Planificación y Gestión (CEPLAG) de la Universidad Mayor de San Simón, Carmen Ledo, demuestra en una reciente investigación que estas estas luchas y conflictos no se dan entre actores en situación de igualdad, particularmente en las ciudades, donde suelen existir relaciones de poder altamente desiguales que tienen, producen y reproducen distintos tipos de segregación y exclusión social.
De hecho, varios actores sociales que formaron parte de la ya famosa Guerra del Agua del año 2000 en Cochabamba, como el exdirigente fabril Oscar Olivera, reconocen que el agua es también sinónimo de poder. Y “muchas veces el agua fluye en la dirección del poder, se acumula en los sectores que lo detentan”, coinciden los expertos de la Universidad de Wageningen (Holanda) Rutgerd Boelens, Leontien Cremers y Margareet Zwarteveen, que han realizado numerosos estudios de caso en Bolivia y otros países andinos.

Paradojas del agua potable
En los últimos días han aparecido llamativas noticias sobre problemas con el agua potable en Tarija y otros lugares del país. En el municipio de Padcaya, por ejemplo, autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes), confirmaron la presencia de coliformes de Escherichia Coli que provienen de heces fecales de animales y personas, con gran potencial para dañar la salud humana, en 23 de las 28 comunidades que forman parte del municipio.
Mientras que la semana pasada en la comunidad de San Jacinto, en plena provincia del Cercado de Tarija, el corregidor de la comunidad, Matildo Meriles Torres, deunució a El País eN que carecen de agua potable desde el año 2013, y acusó a Cosaalt y al Municipio de que “se tiran la pelotita el uno al otro y dicen que a nadie le compete”, “nos mandan de una oficina a otra y así estamos. Hasta ahora no tenemos una salida concreta. No sabemos si este año vamos a tener agua potable”, dijo.
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, son los municipios los principales responsables de proveer estos servicios básicos a la población. ¿Qué factores y qué actores son entonces los que determinan la priorización de ciertas obras, o de ciertos barrios y zonas a la hora de planificar el desarrollo de las poblaciones?
En Cochabamba, una reciente encuesta realizada por las consultoras Desarrollo Empresarial e iniciativas de Gestión (Desemig) y el Centro de Investigación Matemática y Economía (CIME), muestra que la ciudadanía quiere que el próximo alcalde priorice los problemas de la basura, el agua y los hospitales.
Pero la paradoja es que las autoridades ediles cochabambinas de los últimos años han estado concentradas en hacer obras que sean más visibles, como pavimento, viaductos, parques, etc., cuando el 68 por ciento de los encuestados considera que la situación de los servicios básicos ha empeorado en los últimos años. Esto ocurre en Cochabamba, que ha sido históricamente una ciudad con grandes problemas de agua y epicentro de emblemáticas luchas sociales por este recurso, y donde el 75 por ciento de los encuestados califican a este tema como de máxima urgencia.
Estos casos ejemplifican e ilustran las desigualdades entre las zonas urbanas y las rurales, pero también al interior de las propias zonas urbanas. Las ciudades en sí mismas son escenarios de profundas desigualdades, queda en evidencia la importancia de las asimetrías y relaciones de poder en el control y acceso del agua, y las prioridades que las autoridades dan a diferentes zonas, pese a las urgencias que se tengan.

El derecho humano supeditado al extractivismo
Otra muestra de cómo las relaciones de poder determinan la escasez del agua se ve en algo que ya lo habíamos hecho notar antes: “el acceso al agua para la minería en Bolivia es más fácil, ágil y expedito que el acceso al agua para consumo humano”, advirtió el investigador Oscar Campanini.
Campanini sostiene que “este acceso más fácil para los mineros no sólo radica en su gran capacidad financiera para construir presas, pozos, aducciones u otras obras de captación y almacenamiento de agua, sino que es también parte de una política gubernamental vigente a lo largo de la historia boliviana. Todos los códigos mineros desde la ley Minera de 1880 (art. 25) hasta la reciente Ley 535 del 2014 (art. 111) establecen la propiedad/derecho de uso del agua para los mineros en el área de su explotación”.
En estos casos se evidencia incluso una parcialización del Estado con los sectores más poderosos: los vinculados a actividades extractivas. El Gobierno ha entregado más derechos sobre fuentes de agua a los mineros que al sector del agua potable y al riego: Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (AAPS), el 2010 se había alcanzado 640 EPSAs (entidades prestadoras de servicio de agua potable y alcantarillado) regularizadas, mientras que informes del 2012 planteaban la meta de 1.041. En el caso del riego, para inicios del 2014 se tenía el dato de 304 registros de riego otorgados.
Mientras tanto, “el Gobierno entregó derechos sobre 1.213 fuentes de agua a mineros de forma automática sin mayor trámite y sin verificar si estas fuentes de agua ya estaban siendo usadas por comunidades o centros poblados”, observa Campanini.
En los últimos tres años, “el Estado ha entregado derechos sobre más fuentes de agua a los mineros que a los centros poblados y comunidades para beber, para la actividad agrícola y pecuaria, prevaleciendo la minería por sobre el derecho humano al agua y a la alimentación”, denuncia el investigador, a tiempo de remarcar que esto evidencia la continuidad de “una política minera del agua vigente desde hace más de cien años y heredada no sólo del modelo neoliberal sino del propio modelo colonial”.

Las asimetrías también a escalas globales
El control, acceso y distribución del agua y los recursos naturales, así como los impactos ambientales, sociales y económicos, son también distribuidos de manera desigual en la escala global. De ahí que la posición de Bolivia en la Cumbre del Cambio Climático que se está llevando a cabo en Lima, Perú (COP 20) en recientes días ha sido la de “víctima” del cambio climático.
Pero el agua, por otro lado, pese a ser también una de las principales víctimas del calentamiento global, no ocupa un lugar relevante en las negociaciones de esta Cumbre. Esto no deja de extrañar, ya que América Latina, pese a poseer el 30 por ciento de los recursos hídricos mundiales, es una región que tiene problemas con el recurso, particularmente debido a su desigual distribución.
El reporte “Agua y adaptación al cambio climático en las Américas”, elaborado por el Diálogo Regional de Política de Agua y Adaptación al Cambio Climático en las Américas, indica que aumentan las personas de la región que viven en medio de un alto grado de presión sobre los recursos hídricos.
Se trata de personas que cuentan con menos de 1.000 metros cúbicos por habitante por año y que oscilarían entre 34 millones y 93 millones para 2020 y entre 101 millones y 200 millones en 2050.
Así también lo hacen saber las organizaciones sociales de base que demandan garantizar el acceso al agua y la seguridad alimentaria en el contexto del cambio climático mediante acciones concretas basadas en financiamiento, construcción de capacidades, transferencia de tecnología, eficiencia energética y manejo del conocimiento.
Pero la agenda oficial de la conferencia sólo incluye cuatro mesas de debate con referencia al recurso hídrico: “El agua contiene la clave para la mitigación, la adaptación y la construcción de resiliencia: hacia un acuerdo climático”, “Intercambio de conocimiento Sur-Sur entre África y el Caribe sobre seguridad hídrica y desarrollo de resiliencia climática”, “Una nueva agenda de seguridad: garantizando agua, alimentos, energía y seguridad sanitaria en un clima cambiante” y “Montañas y agua: del conocimiento a la acción”.
Activistas como Lina Dabbagh, de la organización internacional Red de Acción Climática, ha advertido que “en América Latina el tema es gravísimo. Pero no se le quiere vincular con las negociaciones internacionales de cambio climático, porque el tema tiene su espacio en otras instancias”.
“Por el cambio climático, el agua sufre de los impactos principales. Por eso, queremos vincular la agenda climática con la de derechos humanos”, porque son transversales, planteó Dabbagh, y denunció que “la gente tiene poca información, nadie les dice lo que está pasando, falta trabajo local y plantear soluciones locales”.
Ante el poco peso que se le está dando al tema agua en la Cumbre del COP 20 en Lima, el investigador de IPS, Emilio Godoy, considera que los activistas tendrán que esperar “a otro gran encuentro para que el recurso hídrico adquiera la importancia que tiene en el cambio climático y en el desarrollo sostenible”.
Se refiere al VII Foro Mundial del Agua, que se llevará a cabo en las ciudades surcoreanas de Daegu y Gyeongbuk del 12 al 17 de abril de 2015, y que congregará a gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y academias, bajo el lema “Agua para nuestro futuro”.

Video PRESUMEN QUE HAY PARÁSITOS EN BOTELLONES DE AGUA

Hallan responsabilidades en gerentes de Semapa

La Unidad de Transparencia de la Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) halló indicios de responsabilidad admistrativa y penal en el gerente de Planificación y Proyectos, José Antonio Aranibar Zárate, por presuntas irregularidades en la adjudicación de proyectos.

La denuncia realizada ante Transparencia pidió investigar la relación entre la empresa “Arjicons” Aranibar Jaimes Ingeniería y Construcciones y Aranibar. Ello debido a que aparentemente la misma es administrada por sus parientes, quienes se adjudicaron al menos nueve obras, entre 2010 y 2014 por cerca de 4 millones de bolivianos.

Campos precisó que el informe determinó que se vulneraron normas admistrativas y penales en el proceso de contratación de más de tres contratos con Semapa y la Alcaldía. De forma extraoficial se conoce que en la vía penal se acusa al socio de Aranibar por uso de instrumento falsificado y a éste por falsedad en su declaración de bienes y rentas.

El informe fue concluido el 25 de noviembre. Tras ello fue remitido a Semapa para que esta instancia envíe la misma al juez sumariante y a la unidad legal, a fin de iniciar acciones. Por su parte, el alcalde Edwin Castellanos advirtió que no permitirá hechos de corrupción. “No vamos a tolerar en ninguna empresa, ni siquiera en las descentralizadas la corrupción”, dijo.

También hallaron responsabilidad admistrativa por irregularidades en el proceso de contratación de tuberías del exgerente de Proyectos.

Monteagudo se quedó sin agua dos días

El servicio de agua potable se repone lentamente en la ciudad de Monteagudo una vez que la tubería matriz que transporta el líquido elemento fue rehabilitada.
La información fue brindada por el concejal de Monteagudo Heriberto Barriga, quien manifestó que la tubería matriz sufrió una rotura a un kilómetro aproximadamente del pueblo el martes.
Según el periodista de Radio Suprema de Monteagudo, Paolo Alcoba, la rotura de la tubería matriz se debió al colapso de un puente por la humedad.
Desde ese día, dijo Barriga, la población se quedó sin agua potable y recién la tarde de ayer la empresa responsable de la distribución empezó a dotar del líquido elemento a las viviendas aunque “de a poco”.


NO HAY GARANTÍA
Por su parte, el vecino Raymundo Chavarria confirmó que la tarde de ayer, jueves, la Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) MANCHACO les dotó de agua, pero no les garantizó el servicio debido a fallas en la construcción en la toma de agua.

Según Sedes: “90% del agua que se consume en Tarija no recibe tratamiento”

Tras el levantamiento de muestras en los 11 municipios del departamento y la práctica de estudios sobre la calidad, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) reveló que casi el 90 por ciento del agua potable que consume la población en todo el departamento de Tarija, no recibe tratamiento de desinfección con cloro, y sólo se trata de sistema de agua por cañería.

Según el informe brindado en la víspera, al tratarse de sistemas que no cuentan con desinfección con cloro, la probabilidad de que el agua sea contaminada es mayor, por tanto no es apta para el consumo directo de las personas, situación que alerta a la población a consumir agua previamente hervida.

El técnico del Sedes, Juan de la Cruz, indicó que ante ese panorama se recomienda a los municipios, a través de los Comites de agua, hacer la desinfección con cloro, realizar la limpieza de los sistemas de captación y a la población hervir el agua antes de consumirla.

De la Cruz explicó que si bien los sistemas de captación fueron construidos para hacer uso del sistema de cloración, en la práctica no se realiza el tratamiento. “Estas ahí las casetas, como dice de adorno, sin uso”, puntualizó.

“Desconocemos por qué no se hace el tratamiento del agua, quizá no hay un seguimiento postentrega de los sistemas de agua, especialmente en el área rural, ya que en el área urbana algunos municipios realizan la cloración”, explicó.

Al indicar que el agua que recibe la población tarijeña generalmente es captado de quebradas, pozos profundos y vertientes que muchas veces están expuestas a contaminarse.

PADCAYA

Por su parte, la jefe de Salud Ambiental del Sedes, Mariela Esther Mendoza, reveló que luego de realizar el diagnóstico del agua en 28 comunidades del municipio de Padcaya, primera sección de la provincia Arce, se conoció que 27 comunidades recibe agua contaminada y se evidenció la presencia de coliformes de Escherichia Coli.

Tras 50 años SeLA recibió su primera retroexcavadora

Por 50 años en el Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado (SeLA Oruro) los obreros ejecutaban su trabajo con pala y picota a falta de equipos pesados, y tras gestionar hace dos años ante el Municipio la compra de una retroexcavadora, ayer se cumplió la entrega de dicho motorizado. Esta dotación demandó una inversión de 929 mil bolivianos.

El 2012, en el aniversario 48 de esta empresa, la alcaldesa Rossío Pimentel había comprometido la compra de la retroexcavadora y una cisterna, con el afán de mejorar el servicio a la ciudadanía. Según explicó la burgomaestre, anteriormente a pesar de la buena intención, las normas no permitían efectuar dicha compra para una empresa descentralizada, pero que con la promulgación de la Ley 482, de Gobiernos Autónomos Municipales se viabilizó esa inversión.

"Por fin SeLA cuenta con una retroexcavadora, para brindar un servicio eficiente a nuestros usuarios, hace dos años usted alcaldesa, percibió la necesidad de contar con este equipo, y de una cisterna. A partir de entonces tuvo la inquietud e ilusión de que la empresa cuente con estos equipos, que no podían ser adquiridos (con recursos propios) por tener las tarifas más bajas a nivel nacional", explicó el gerente comercial de SeLA, Walter Veizaga.

El responsable de adquisiciones del Municipio, Sergio Prieto, informó que el equipo de marca Case, tiene una tracción de cuatro por cuatro. "Estamos entregando la retroexcavadora, se acabaron las etapas de trabajar con pala y picota, hemos visto de cerca cómo trabajan, y cuánto demoran por ello, incluso perjudicados en algunas obras, pero todo por falta de maquinaria, en el caso de la cisterna está en curso ya en segunda licitación, y si no existen proponentes entonces haremos una invitación directa", explicó la autoridad municipal.

Asimismo, el secretario general del Sindicato Mixto de Trabajadores de SeLA, Zenón Aguilar, agradeció la entrega a nombre de sus compañeros, recordó la espera de dos años, además solicitó se apresure la adquisición de la cisterna y de cuatro vehículos de emergencia que se requiere para la atención de la ciudadanía.

La alcaldesa, recordó que solo comprometió dos vehículos, pero ofreció los esfuerzos respectivos para adquirir lo solicitado. Además anunció que de la misma forma se adquirirán 20 vehículos recolectores para la Empresa Municipal de Aseo Oruro (EMAO).

Detectan bacterias en 23 comunidades de Padcaya

El técnico del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Juan de la Cruz, explicó que se realizó el diagnóstico del agua para las 28 comunidades del municipio de Padcaya.

De ellas, sólo una cuenta con un dosificador de cloro, de las 27 restantes sólo en cuatro no hay presencia de coliformes de Escherichia Coli, en las otras 23 si hay presencia de esa bacteria. Por lo que los pobladores se hallan expuestos a padecer infecciones por consumo de agua contaminada.
La jefe de Salud Ambiental del Sedes, Mariela Esther Mendoza, explicó que se ha hecho la evaluación y diagnóstico del agua presentada por un dirigente cívico. A las autoridades en salud les llamó la atención la presencia de parásitos en el agua, que presumen se produciría en los depósitos del agua que se suministra a Padcaya y que son responsabilidad del Comité de Aguas.
De la Cruz dijo que el agua que se suministra a Padcaya la administra el Comité de Aguas por lo que no es dependiente de la comunidad. Explicó que se procedió a la toma del líquido en la comunidad de Huacanqui, donde se halla una vertiente que suministra agua a la red de Padcaya.
“En Padcaya se detectó la presencia de coliformes de Escherichia Coli que provienen de heces fecales de animales y personas”, detalló el funcionario.
El técnico dijo que el Sedes realizó el diagnóstico del agua para las 28 comunidades del municipio de Padcaya. Recalcó que solo en Chaguaya hay un equipo de cloración, que debe evaluar su sostenibilidad con Servicios Eléctricos de Tarija (Setar).
El diagnóstico se hizo en Rosillas, Quebrada de Cañas, Cañas , Mecoya, Marañuelos, El Carmen, La Merced, Río Negro, Orozas, Emborozú, Rejará, La Huerta, Camacho, San Francisco, Limal, Salado, San Telmo, Valle Dorado, Trementinal, San José, Puesto 27, Pampa Grande, Mocaví y Volcán Blanco.
Con excepción de Chaguaya, las otras 27 comunidades no tienen dosificador de cloro, cuatro comunidades, Orozas, La Huerta, Rejará y Camacho, no presentan coliformes de Escherichia Coli, ya que su altitud y temperaturas bajas hacen que mueran las bacterias.
Las autoridades en salud recomendaron que se instalen dosificadores de cloro, que se realice la limpieza y desinfección de los depósitos de agua, y que se haga sostenible el mantenimiento de los cloradores, tanto en insumos como en personal técnico.
El Sedes realizó similar estudio en los 11 municipios del departamento, para evaluar la calidad de agua que se consume. Explicó que existen municipios grandes que cuentan con recursos económicos, como Yacuiba, Padcaya, Caraparí, Bermejo y Cercado, los cuales tienen plantas de tratamiento de potabilización de aguas y los más pequeños no, por lo que en esos municipios hay el riesgo de que el líquido elemento esté contaminado.