Wednesday, October 17, 2018
En Potosí construyen 543 cosechadores de agua
El Ministerio de Medio Ambiente, a través del Programa Cosechando Agua-Sembrando Luz, inició la construcción de 543 sistemas de recolección y paneles solares en los municipios de Tacobamba, Ravelo y Ocuri, del departamento de Potosí.
De acuerdo con la información proporcionada, los sistemas benefician no sólo a familias en comunidades rurales, sino también a centros de salud y unidades educativas que accederán al líquido para consumo humano, además de energía eléctrica.
Las obras serán ejecutadas con una inversión de 15,7 millones de bolivianos, en el marco de convenios intergubernativos suscritos con los alcaldes de Tacobamba, Ravelo y Ocurí. Los proyectos contarán con cubierta de captación de calamina galvanizada, canaletas y bajantes con filtros para conducir el agua de lluvia a tanques de almacenamiento con capacidades de 5.000 a 10.000 litros de agua.
El Programa Cosechando Agua-Sembrando Luz tiene el objetivo de incrementar el acceso al recurso hídrico para mejorar la calidad de vida de las familias en comunidades rurales que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, incluyendo a unidades educativas.
Tuesday, October 9, 2018
Especial El derecho humano al agua
A medida que se aproximaba el término del plazo para que Bolivia se pronunciara sobre la demanda de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que pretende que las aguas del Silala sean declaradas “río internacional” y consoliden un supuesto derecho propietario sobre el 50% del caudal, en la opinión internacional se asoció al tema el concepto del Derecho Humano al Agua, derivado de las Resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esta asociación de conceptos es inexplicable a la luz de los documentos de la ONU, pues los hechos, los argumentos y las Resoluciones pertenecen a diferentes ámbitos de la vida humana y del Derecho: ¿Cuál es el espíritu y el texto de tales Resoluciones de la ONU?
Para explicar la diferencia me remito al inicio y evolución del tratamiento del tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los documentos oficiales que fundamentan la situación: “El agua como cuestión política se remonta al Plan de Acción del Mar del Plata, aprobado el 14 de marzo de 1977 en la Conferencia sobre el Agua, seguido del Decenio Internacional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental 1981-1991”.
En Junio de 1992, la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo reconoció que el agua dulce constituye un componente esencial de la hidrosfera de la tierra y es parte indispensable de todos los ecosistemas terrestres.
En 2000 se aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los cuales se encuentra el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.
A partir de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible del 04 de septiembre de 2002 y hasta 2003, se realizaron trabajos que culminaron en la declaración del Decenio Internacional para la Acción “El Agua, Fuente de Vida”, 2005-2015, con el propósito de “ocuparse más a fondo de las cuestiones relativas al agua en todos los niveles y de la ejecución de los programas y proyectos” que se habían elaborado hasta entonces y “que al mismo tiempo se tratase de asegurar la participación e intervención de la mujer en las medidas de desarrollo relacionadas con el agua”.
El 22 de Marzo de 2005 se inició el mencionado Decenio Internacional y se declaró la fecha como “Día Mundial del Agua”.
La Resolución 64/198 de 21 de diciembre de 1998 de la Asamblea General, luego de un examen de los avances obtenidos, “reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” (sic.).
El 17 de diciembre de 2015, la Asamblea emite la Resolución 70/169 titulada “Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento”. En esta misma Resolución aprueba la “Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible”, cuyos temas de mayor importancia relacionados con el asunto que tratamos son los siguientes: “Los derechos humanos al agua y al saneamiento, como componentes del derecho a un nivel de vida adecuado, son esenciales para el pleno disfrute del derecho a la vida y de todos los derechos humanos”.
“En virtud del derecho humano al agua potable, toda persona, sin discriminación, tiene derecho a agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico, y que en virtud del derecho humano al saneamiento, toda persona, sin discriminación, tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico y económico, en todas las esferas de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable y que proporcione intimidad y garantice la dignidad, al tiempo que reafirma que ambos derechos son componentes del derecho a un nivel de vida adecuado”.
La Resolución 72/178 de 19 de diciembre de 2017 resume todas las decisiones y avances logrados hasta entonces: Los Estados deben esforzarse para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible convenidos internacionalmente (Res. 70/1), “incluido el objetivo de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional”.
Los Estados deben garantizar la “realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento para todos de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo”.
Los Estados deben promover “el liderazgo de las mujeres y su participación plena, efectiva y en pie de igualdad en la adopción de decisiones sobre la gestión del agua y el saneamiento” y deben velar porque “se adopte un enfoque basado en el género en relación con los programas de abastecimiento de agua y saneamiento, que prevea medidas para reducir el tiempo que dedican las mujeres y las niñas a recoger agua para el hogar a fin de hacer frente a los efectos negativos de la insuficiencia de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en el acceso de las niñas a la educación y proteger a las mujeres y las niñas de amenazas o agresiones físicas o de la violencia sexual mientras recogen agua para el hogar y cuando acceden a los servicios sanitarios fuera del su hogar (…)”
De la lectura de los anteriores textos resulta evidente que el espíritu y la letra de las Resoluciones de la ONU hacen referencia al agua como elemento vital para el mejor desarrollo de la persona humana, y al Estado, como órgano administrativo responsable de dotar a su población del acceso a ese elemento vital.
Más claramente, la Asamblea General de la ONU no se constituye en autoridad internacional con jurisdicción y competencia para disponer del recurso natural de agua dulce. Esta competencia continúa en los Estados. El agua dulce y el saneamiento son derechos humanos que los Estados deben proveer dentro de los límites de su jurisdicción y competencia, dentro del territorio de su soberanía.
Aplicadas estas disposiciones a la situación del Silala, en el supuesto caso en que la población chilena fronteriza con Bolivia requiriese de agua dulce y saneamiento básico, la autoridad responsable de proveérsela es el gobierno chileno.
Bolivia no tiene ninguna obligación de proveer agua dulce a poblaciones chilenas a título gratuito.
Los únicos puntos en los cuales esta Resolución 72/178 hace referencia al tema internacional son los puntos 9 y 10, que transcribo literalmente a continuación:
Punto 9: “…Los Estados son los principales responsables de garantizar la plena realización de todos los derechos humanos y de tratar de adoptar medidas, en forma individual y mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente de índole económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente la plena realización de los derechos al agua potable y el saneamiento por todos los medios apropiados, incluida en particular la adopción de medidas legislativas”.
Punto 10: Para lograr los objetivos fijados “subraya la importante función de la cooperación internacional y la asistencia técnica que proporcionan los Estados, los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y los asociados internacionales y para el desarrollo, así como los organismos donantes, e insta a los asociados para el desarrollo a que adopten un enfoque basado en los derechos humanos al elaborar y poner en marcha programas de desarrollo en apoyo de iniciativas y planes de acción nacionales relacionados con los derechos al agua potable y al saneamiento”.
Esta referencia a la cooperación internacional es obviamente directa a los programas de cooperación financiera y técnica que los organismos internacionales y los países desarrollados realizan.
Pretender que este principio de aplique a Bolivia para cooperar con Chile dotándola de recursos hídricos gratuitos es una falacia.
La Prefectura del Departamento de Potosí, como autoridad competente para el caso, concedió el uso de las aguas del Silala a la empresa de ferrocarriles británica “The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited” para alimentar los calderos a vapor de los trenes que llegaban a territorio boliviano, una vez que Chile apropiara indebidamente los territorios costeros bolivianos.
Para poder usar esas aguas la empresa citada captó las aguas. Cuando fue cambiada la fuente energética para el funcionamiento de los ferrocarriles y en el curso de los años siguientes, Chile se arrogó el derecho al uso e incrementó el caudal de las aguas que se originan en territorio boliviano, también indebidamente y sin permiso ni acuerdo alguno.
En ejercicio de sus facultades legales, la misma Prefectura del Departamento boliviano de Potosí revocó y anuló la concesión del uso de las aguas del Silala mediante Resolución Prefectural No. 71/97 el 14 de Mayo de 1997.
UBICACIÓN DE LAS AGUAS
El Silala es un sistema hídrico que nace en el departamento boliviano de Potosí y, desde allí, el curso de agua recorre 56 kilómetros, cruzando la frontera internacional entre Bolivia y Chile, hasta desembocar en los ríos San Pedro de Inacaliri y Loa, en la región chilena de Antofagasta.
Este curso hídrico es el centro de una disputa entre los gobiernos de Bolivia y Chile respecto a su denominación, naturaleza, curso y uso.
Bolivia asegura que se trata de un manantial –llamado manantial Silala–, originado en una serie de ojos de agua y bofedales, que al unirse conforman un cuerpo de agua, el cual habría sido canalizado artificialmente por Chile, a fin de desviar sus aguas a dicho territorio para su uso, principalmente industrial.
Por su parte Chile afirma que se trata de un curso de agua nacido en Bolivia pero que escurre en forma natural hacia el oeste, debido a la pendiente del terreno, cruzando así la frontera, lo cual lo convierte en un curso hídrico sucesivo y transfronterizo, es decir, un río internacional –denominado río Silala, que pertenece a la cuenca hidrográfica del río Loa y por ende a la hoya hidrográfica del Océano Pacífico, sometido al Derecho.
María Esther Salguero Silva, Abogada
Esta asociación de conceptos es inexplicable a la luz de los documentos de la ONU, pues los hechos, los argumentos y las Resoluciones pertenecen a diferentes ámbitos de la vida humana y del Derecho: ¿Cuál es el espíritu y el texto de tales Resoluciones de la ONU?
Para explicar la diferencia me remito al inicio y evolución del tratamiento del tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los documentos oficiales que fundamentan la situación: “El agua como cuestión política se remonta al Plan de Acción del Mar del Plata, aprobado el 14 de marzo de 1977 en la Conferencia sobre el Agua, seguido del Decenio Internacional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental 1981-1991”.
En Junio de 1992, la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo reconoció que el agua dulce constituye un componente esencial de la hidrosfera de la tierra y es parte indispensable de todos los ecosistemas terrestres.
En 2000 se aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los cuales se encuentra el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.
A partir de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible del 04 de septiembre de 2002 y hasta 2003, se realizaron trabajos que culminaron en la declaración del Decenio Internacional para la Acción “El Agua, Fuente de Vida”, 2005-2015, con el propósito de “ocuparse más a fondo de las cuestiones relativas al agua en todos los niveles y de la ejecución de los programas y proyectos” que se habían elaborado hasta entonces y “que al mismo tiempo se tratase de asegurar la participación e intervención de la mujer en las medidas de desarrollo relacionadas con el agua”.
El 22 de Marzo de 2005 se inició el mencionado Decenio Internacional y se declaró la fecha como “Día Mundial del Agua”.
La Resolución 64/198 de 21 de diciembre de 1998 de la Asamblea General, luego de un examen de los avances obtenidos, “reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” (sic.).
El 17 de diciembre de 2015, la Asamblea emite la Resolución 70/169 titulada “Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento”. En esta misma Resolución aprueba la “Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible”, cuyos temas de mayor importancia relacionados con el asunto que tratamos son los siguientes: “Los derechos humanos al agua y al saneamiento, como componentes del derecho a un nivel de vida adecuado, son esenciales para el pleno disfrute del derecho a la vida y de todos los derechos humanos”.
“En virtud del derecho humano al agua potable, toda persona, sin discriminación, tiene derecho a agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico, y que en virtud del derecho humano al saneamiento, toda persona, sin discriminación, tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico y económico, en todas las esferas de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable y que proporcione intimidad y garantice la dignidad, al tiempo que reafirma que ambos derechos son componentes del derecho a un nivel de vida adecuado”.
La Resolución 72/178 de 19 de diciembre de 2017 resume todas las decisiones y avances logrados hasta entonces: Los Estados deben esforzarse para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible convenidos internacionalmente (Res. 70/1), “incluido el objetivo de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional”.
Los Estados deben garantizar la “realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento para todos de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo”.
Los Estados deben promover “el liderazgo de las mujeres y su participación plena, efectiva y en pie de igualdad en la adopción de decisiones sobre la gestión del agua y el saneamiento” y deben velar porque “se adopte un enfoque basado en el género en relación con los programas de abastecimiento de agua y saneamiento, que prevea medidas para reducir el tiempo que dedican las mujeres y las niñas a recoger agua para el hogar a fin de hacer frente a los efectos negativos de la insuficiencia de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en el acceso de las niñas a la educación y proteger a las mujeres y las niñas de amenazas o agresiones físicas o de la violencia sexual mientras recogen agua para el hogar y cuando acceden a los servicios sanitarios fuera del su hogar (…)”
De la lectura de los anteriores textos resulta evidente que el espíritu y la letra de las Resoluciones de la ONU hacen referencia al agua como elemento vital para el mejor desarrollo de la persona humana, y al Estado, como órgano administrativo responsable de dotar a su población del acceso a ese elemento vital.
Más claramente, la Asamblea General de la ONU no se constituye en autoridad internacional con jurisdicción y competencia para disponer del recurso natural de agua dulce. Esta competencia continúa en los Estados. El agua dulce y el saneamiento son derechos humanos que los Estados deben proveer dentro de los límites de su jurisdicción y competencia, dentro del territorio de su soberanía.
Aplicadas estas disposiciones a la situación del Silala, en el supuesto caso en que la población chilena fronteriza con Bolivia requiriese de agua dulce y saneamiento básico, la autoridad responsable de proveérsela es el gobierno chileno.
Bolivia no tiene ninguna obligación de proveer agua dulce a poblaciones chilenas a título gratuito.
Los únicos puntos en los cuales esta Resolución 72/178 hace referencia al tema internacional son los puntos 9 y 10, que transcribo literalmente a continuación:
Punto 9: “…Los Estados son los principales responsables de garantizar la plena realización de todos los derechos humanos y de tratar de adoptar medidas, en forma individual y mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente de índole económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente la plena realización de los derechos al agua potable y el saneamiento por todos los medios apropiados, incluida en particular la adopción de medidas legislativas”.
Punto 10: Para lograr los objetivos fijados “subraya la importante función de la cooperación internacional y la asistencia técnica que proporcionan los Estados, los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y los asociados internacionales y para el desarrollo, así como los organismos donantes, e insta a los asociados para el desarrollo a que adopten un enfoque basado en los derechos humanos al elaborar y poner en marcha programas de desarrollo en apoyo de iniciativas y planes de acción nacionales relacionados con los derechos al agua potable y al saneamiento”.
Esta referencia a la cooperación internacional es obviamente directa a los programas de cooperación financiera y técnica que los organismos internacionales y los países desarrollados realizan.
Pretender que este principio de aplique a Bolivia para cooperar con Chile dotándola de recursos hídricos gratuitos es una falacia.
La Prefectura del Departamento de Potosí, como autoridad competente para el caso, concedió el uso de las aguas del Silala a la empresa de ferrocarriles británica “The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited” para alimentar los calderos a vapor de los trenes que llegaban a territorio boliviano, una vez que Chile apropiara indebidamente los territorios costeros bolivianos.
Para poder usar esas aguas la empresa citada captó las aguas. Cuando fue cambiada la fuente energética para el funcionamiento de los ferrocarriles y en el curso de los años siguientes, Chile se arrogó el derecho al uso e incrementó el caudal de las aguas que se originan en territorio boliviano, también indebidamente y sin permiso ni acuerdo alguno.
En ejercicio de sus facultades legales, la misma Prefectura del Departamento boliviano de Potosí revocó y anuló la concesión del uso de las aguas del Silala mediante Resolución Prefectural No. 71/97 el 14 de Mayo de 1997.
UBICACIÓN DE LAS AGUAS
El Silala es un sistema hídrico que nace en el departamento boliviano de Potosí y, desde allí, el curso de agua recorre 56 kilómetros, cruzando la frontera internacional entre Bolivia y Chile, hasta desembocar en los ríos San Pedro de Inacaliri y Loa, en la región chilena de Antofagasta.
Este curso hídrico es el centro de una disputa entre los gobiernos de Bolivia y Chile respecto a su denominación, naturaleza, curso y uso.
Bolivia asegura que se trata de un manantial –llamado manantial Silala–, originado en una serie de ojos de agua y bofedales, que al unirse conforman un cuerpo de agua, el cual habría sido canalizado artificialmente por Chile, a fin de desviar sus aguas a dicho territorio para su uso, principalmente industrial.
Por su parte Chile afirma que se trata de un curso de agua nacido en Bolivia pero que escurre en forma natural hacia el oeste, debido a la pendiente del terreno, cruzando así la frontera, lo cual lo convierte en un curso hídrico sucesivo y transfronterizo, es decir, un río internacional –denominado río Silala, que pertenece a la cuenca hidrográfica del río Loa y por ende a la hoya hidrográfica del Océano Pacífico, sometido al Derecho.
María Esther Salguero Silva, Abogada
Tectar construirá la planta de tratamiento de agua San Blas
Representantes de la Alcaldía de Tarija y de la empresa Tectar y Asociados suscribieron ayer el contrato para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), en la comunidad San Blas, con una inversión de 102 millones de bolivianos.
Tras el acto realizado en el Patio del Cabildo, el alcalde Rodrigo Paz Pereira explicó que el proyecto se ejecutará en tres fases, bajo la modalidad llave en mano, con financiación del 50% de la Gobernación y 50% del municipio.
“Ya tenemos suscrito el contrato de obra para llevar adelante este anhelado y muy importante emprendimiento. Se trata de un proyecto moderno y de alta tecnología que subsanará la dificultad actual en el manejo de las aguas servidas que tenemos no solamente en el margen derecho del río Guadalquivir, sino en favor de toda la ciudad de Tarija”, manifestó.
A partir de la firma del documento, las obras se realizarán en tres fases: la primera, de cuatro meses, para la presentación del diseño técnico; la segunda, para la construcción de obras civiles y el diseño del plan de manejo ambiental en 12 meses; y la tercera, para la puesta en marcha y funcionamiento de la planta, máximo en dos años.
Se prevé que desde inicios de 2020 la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, construida con aproximadamente 102 millones de bolivianos, inicie sus operaciones.
Friday, October 5, 2018
Alcaldesa aclaró Plan para administrar Epsas
Ante la determinación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) de ampliar la intervención de Epsas por un año más, esto debido a una supuesta falta de interés de las alcaldías de El Alto y La Paz, la máxima autoridad edil alteña, Soledad Chapetón, indicó que esta actitud no está justificada, debido a que la Comuna presentó un proyecto.
"Bueno primero que la declaración que hemos escuchado por parte de los representante de la empresa que está como responsable todavía de esta extensión que ha generado la AAPS a través del Ministerio de Agua y Saneamiento Básico, no es justificable, no es cierta. Han indicado que las alcaldías de La Paz y El Alto han dejado el proyecto, para dejar de asumir esta responsabilidad y se trata de algo falso", manifestó la Alcaldesa.
Explicó que actualmente la ciudad de El Alto viene invirtiendo en saneamiento básico, generando sus contrapartes para las extensiones de redes de agua, por ello están totalmente facultados para asumir responsabilidades, como lo establece la norma.
"Todos creo que sabemos el trasfondo del por qué no han querido hacer el traspaso de Epsas a la administración de las alcaldías de La Paz y El Alto, nosotros hemos presentado un proyecto serio, un proyecto con inversión. Sabemos que para muchos de los miembros de Epsas este es un botín político, este es un lugar donde tienen espacios laborarles que son totalmente codiciables, tal vez por la parte de la gente que ni siquiera es profesional", mencionó.
"Bueno primero que la declaración que hemos escuchado por parte de los representante de la empresa que está como responsable todavía de esta extensión que ha generado la AAPS a través del Ministerio de Agua y Saneamiento Básico, no es justificable, no es cierta. Han indicado que las alcaldías de La Paz y El Alto han dejado el proyecto, para dejar de asumir esta responsabilidad y se trata de algo falso", manifestó la Alcaldesa.
Explicó que actualmente la ciudad de El Alto viene invirtiendo en saneamiento básico, generando sus contrapartes para las extensiones de redes de agua, por ello están totalmente facultados para asumir responsabilidades, como lo establece la norma.
"Todos creo que sabemos el trasfondo del por qué no han querido hacer el traspaso de Epsas a la administración de las alcaldías de La Paz y El Alto, nosotros hemos presentado un proyecto serio, un proyecto con inversión. Sabemos que para muchos de los miembros de Epsas este es un botín político, este es un lugar donde tienen espacios laborarles que son totalmente codiciables, tal vez por la parte de la gente que ni siquiera es profesional", mencionó.
Thursday, October 4, 2018
Juntas vecinales Nueva intervención a Epsas es ilegal
El Organismo de Participación y Control Social y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), concejales y autoridades del municipio paceño, coincidieron –por separado– en calificar de “ilegal” la ampliación a la intervención de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), considerando el mal servicio que presta a la población
La Ley 2066, de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, establece esta intervención por un plazo no mayor a seis meses.
La Resolución Administrativa Regulatoria 260/2016 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) daba como último período de intervención hasta el 29 de septiembre. Sin embargo, la Resolución Administrativa 437/17, emitida el 13 de septiembre, vuelve a prorrogar dicha medida por un año más.
Este hecho fue calificado de “unilateral” por el representante del Organismo de Control Social, Walter Sempértegui, quién criticó la determinación porque dilataría las aspiraciones que tiene la población paceña de contar con una buena calidad en el servicio de agua potable.
“Nosotros teníamos la idea que la transferencia de Epsas a los gobiernos municipales, que tienen el interés de administrar el agua y el saneamiento, iba acelerarse. Como entidad cívica nos reuniremos en próximos días y vamos a invitarles (a las autoridades del agua) para conocer cuáles son los argumentos que tienen para dilatar la buena y permanente prestación de este servicio”, dijo.
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Luis Castillo, informó que de manera “urgente” se convocará a un ampliado de las más de 300 juntas vecinales, para asumir una determinación en torno a esta prolongada intervención de Epsas.
“Nos enteramos ayer y nos parece un despropósito, existen problemas muy graves que Epsas tiene en todos los barrios, hay un mal servicio, racionamiento de agua, cortes del servicio, falta de renovación de redes de agua y sobre todo la entidad se convirtió en un botín del MAS, porque hay gente que no sabe nada de administrar una empresa”, expresó el dirigente vecinal.
ILEGAL
La concejal Cecilia Chacón calificó de “ilegal” esta nueva ampliación a Epsas, porque tiene intereses políticos. Al recordar que la Ley 2066, de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, establece que tipo de intervenciones pueden tener un plazo no mayor a seis meses.
La Resolución Administrativa Regulatoria 260/2016, de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), daba como último período de intervención hasta el 29 de septiembre; sin embargo, la Resolución Administrativa Nº 437/17, emitida este pasado día 13, vuelve a prorrogar dicha administración por un año más.
“Se está negando el ejercicio competencial de los municipios y también por el hecho de que el Gobierno, a través de la AAPS, está manteniendo a una empresa constituida de manera ilegal. Epsas actualmente es una sociedad anónima y lo que pasa es que la Constitución Política del Estado prohíbe que entidades que tengan fines de lucro administren el servicio”, recordó.
SUELDOS Y MAL SERVICIO
Los dirigentes denunciaron la falta de inversión en la renovación de las redes y el desvío de recursos, que se destinan para cubrir los “jugosos salarios del personal”, tal como develó una auditoria, dijo Sempértegui.
“Ya habíamos denunciado antes, y fue a consecuencia de la denominada crisis agua que se pudo hacer esa revelación. Nosotros también pedimos informes a los ejecutivos (de Epsas), pero nunca llegaron al Control Social. Por ejemplo, secretarias, choferes y porteros tenían sueldos altísimos, era una planilla alta del personal con relación a las inversiones. Por supuesto, esto merece complementar la información y ojalá lo hagan”, concluyó.
Por su parte, Luis Castillo criticó que en estos más de seis años de intervención de Epsas, el servicio que presta es “deficiente” y empeoró desde la crisis del agua del año 2016.
“El problema no es en un barrio, es en toda la ciudad, no hay inversión para renovar las redes de agua potable, por lo que ahora están atentando contra la salud. Los paceños consumimos agua con plomo, mal potabilizada y lo peor son los racionamientos”, se quejó el dirigente.
ALCALDÍA
Después de conocer la decisión de ampliar la intervención de Epsas, el director general de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Fernando Velásquez, lamentó que el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Víctor Rico, “mienta descaradamente y esté condicionando permanentemente esta operación de manera ilegal”.
Explicó que en 2017, las alcaldías de La Paz y El Alto presentaron toda la documentación para hacerse cargo de este servicio, por medio de la Unión Metropolitana del Agua (UMA), solicitud que fue rechazada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).
Finalmente, el Director Jurídico de la comuna advirtió que detrás de las sucesivas intervenciones de Epsas, existe la intención de la AAPS y del Gobierno de conformar una empresa de aguas.
“Este va ser el decurso de la problemática, que el Gobierno emita una ley y conforme una empresa como ellos quieren”, sostuvo.
La Alcaldía presentó en agosto una demanda contenciosa en Sucre ante el Tribunal Supremo de Justicia.
ANTECEDENTES
En septiembre de 2015, la Autoridad de Agua estableció el plazo de seis a 12 meses para ampliar la intervención de Epsas y que pueda seguir operando cumpliendo las competencias de los municipios.
NUEVA ADMINISTRACIÓN
El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Víctor Rico, informó que mientras dure esta nueva intervención a Epsas, debe plantearse la vigencia de una nueva administración para distribuir el agua potable en los municipios de La Paz, El Alto y poblaciones circundantes.
Explicó que la ampliación obedece a que las alcaldías de La Paz y de El Alto no avanzaron en su planteamiento de conformar una compañía que se ocupe de distribuir el recurso hídrico.
La intervención a Epsas se concretó debido a deficiencias en la administración de esta empresa y a la falta de inversiones para mejorar la calidad del servicio que ofrece.
A pesar de esas deficiencias y denuncias, el suministro de agua potable en el área metropolitana de La Paz está garantizado y que las represas que proveen el líquido elemento están al 50% de su capacidad.
La Ley 2066, de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, establece esta intervención por un plazo no mayor a seis meses.
La Resolución Administrativa Regulatoria 260/2016 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) daba como último período de intervención hasta el 29 de septiembre. Sin embargo, la Resolución Administrativa 437/17, emitida el 13 de septiembre, vuelve a prorrogar dicha medida por un año más.
Este hecho fue calificado de “unilateral” por el representante del Organismo de Control Social, Walter Sempértegui, quién criticó la determinación porque dilataría las aspiraciones que tiene la población paceña de contar con una buena calidad en el servicio de agua potable.
“Nosotros teníamos la idea que la transferencia de Epsas a los gobiernos municipales, que tienen el interés de administrar el agua y el saneamiento, iba acelerarse. Como entidad cívica nos reuniremos en próximos días y vamos a invitarles (a las autoridades del agua) para conocer cuáles son los argumentos que tienen para dilatar la buena y permanente prestación de este servicio”, dijo.
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Luis Castillo, informó que de manera “urgente” se convocará a un ampliado de las más de 300 juntas vecinales, para asumir una determinación en torno a esta prolongada intervención de Epsas.
“Nos enteramos ayer y nos parece un despropósito, existen problemas muy graves que Epsas tiene en todos los barrios, hay un mal servicio, racionamiento de agua, cortes del servicio, falta de renovación de redes de agua y sobre todo la entidad se convirtió en un botín del MAS, porque hay gente que no sabe nada de administrar una empresa”, expresó el dirigente vecinal.
ILEGAL
La concejal Cecilia Chacón calificó de “ilegal” esta nueva ampliación a Epsas, porque tiene intereses políticos. Al recordar que la Ley 2066, de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, establece que tipo de intervenciones pueden tener un plazo no mayor a seis meses.
La Resolución Administrativa Regulatoria 260/2016, de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), daba como último período de intervención hasta el 29 de septiembre; sin embargo, la Resolución Administrativa Nº 437/17, emitida este pasado día 13, vuelve a prorrogar dicha administración por un año más.
“Se está negando el ejercicio competencial de los municipios y también por el hecho de que el Gobierno, a través de la AAPS, está manteniendo a una empresa constituida de manera ilegal. Epsas actualmente es una sociedad anónima y lo que pasa es que la Constitución Política del Estado prohíbe que entidades que tengan fines de lucro administren el servicio”, recordó.
SUELDOS Y MAL SERVICIO
Los dirigentes denunciaron la falta de inversión en la renovación de las redes y el desvío de recursos, que se destinan para cubrir los “jugosos salarios del personal”, tal como develó una auditoria, dijo Sempértegui.
“Ya habíamos denunciado antes, y fue a consecuencia de la denominada crisis agua que se pudo hacer esa revelación. Nosotros también pedimos informes a los ejecutivos (de Epsas), pero nunca llegaron al Control Social. Por ejemplo, secretarias, choferes y porteros tenían sueldos altísimos, era una planilla alta del personal con relación a las inversiones. Por supuesto, esto merece complementar la información y ojalá lo hagan”, concluyó.
Por su parte, Luis Castillo criticó que en estos más de seis años de intervención de Epsas, el servicio que presta es “deficiente” y empeoró desde la crisis del agua del año 2016.
“El problema no es en un barrio, es en toda la ciudad, no hay inversión para renovar las redes de agua potable, por lo que ahora están atentando contra la salud. Los paceños consumimos agua con plomo, mal potabilizada y lo peor son los racionamientos”, se quejó el dirigente.
ALCALDÍA
Después de conocer la decisión de ampliar la intervención de Epsas, el director general de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Fernando Velásquez, lamentó que el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Víctor Rico, “mienta descaradamente y esté condicionando permanentemente esta operación de manera ilegal”.
Explicó que en 2017, las alcaldías de La Paz y El Alto presentaron toda la documentación para hacerse cargo de este servicio, por medio de la Unión Metropolitana del Agua (UMA), solicitud que fue rechazada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).
Finalmente, el Director Jurídico de la comuna advirtió que detrás de las sucesivas intervenciones de Epsas, existe la intención de la AAPS y del Gobierno de conformar una empresa de aguas.
“Este va ser el decurso de la problemática, que el Gobierno emita una ley y conforme una empresa como ellos quieren”, sostuvo.
La Alcaldía presentó en agosto una demanda contenciosa en Sucre ante el Tribunal Supremo de Justicia.
ANTECEDENTES
En septiembre de 2015, la Autoridad de Agua estableció el plazo de seis a 12 meses para ampliar la intervención de Epsas y que pueda seguir operando cumpliendo las competencias de los municipios.
NUEVA ADMINISTRACIÓN
El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Víctor Rico, informó que mientras dure esta nueva intervención a Epsas, debe plantearse la vigencia de una nueva administración para distribuir el agua potable en los municipios de La Paz, El Alto y poblaciones circundantes.
Explicó que la ampliación obedece a que las alcaldías de La Paz y de El Alto no avanzaron en su planteamiento de conformar una compañía que se ocupe de distribuir el recurso hídrico.
La intervención a Epsas se concretó debido a deficiencias en la administración de esta empresa y a la falta de inversiones para mejorar la calidad del servicio que ofrece.
A pesar de esas deficiencias y denuncias, el suministro de agua potable en el área metropolitana de La Paz está garantizado y que las represas que proveen el líquido elemento están al 50% de su capacidad.
Wednesday, September 19, 2018
Entidades se unen para fortalecer las capacidades humanas en el tratamiento de aguas residuales en Bolivia
CAF -banco de desarrollo de América Latina, la Agencia Española de Cooperación, el BID y el Banco Mundial unen esfuerzos en apoyo a la iniciativa liderada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
(La Paz, 19 de septiembre de 2018). Concluyó el III Módulo de Tecnologías Intensivas para el Tratamiento de Aguas Residuales, dictado por los especialistas internacionales: Gregorio Berrozpe, Enrique Ortega y Jaime La Iglesia, que llegaron al país con el apoyo de CAF -banco de desarrollo de América Latina-, la Agencia Española de Cooperación, el BID y el Banco Mundial. El módulo fue realizado en instalaciones de la Universidad Católica de Bolivia.
Este tercer módulo forma parte de la segunda versión del Curso Internacional de Selección de Tecnologías y Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, que tiene el objetivo de apoyar el proceso de gestión de proyectos en el tratamiento de aguas residuales, y capacitar a profesionales bolivianos en los temas de diseño, aspectos constructivos, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Durante el acto de inauguración, en el que estuvieron presentes representantes de las organizaciones vinculadas, así como el Rector de la Universidad, Marco Antonio Fernández, Gladis Genua -representante de CAF en Bolivia- ponderó la iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) de traer este curso a Bolivia para el fortalecimiento de las capacidades de profesionales de todos los sectores (gobiernos municipales y departamentales, organizaciones gestoras, administradoras de los servicios de agua y saneamiento, instituciones locales de desarrollo, empresas consultoras, constructoras, consultores públicos, privados y profesionales del sector en general).
De acuerdo a la ejecutiva, el Curso, que consta de 5 módulos, ha sido grabado en su totalidad con la idea de convertirlo en un curso virtual que pueda llegar a muchas más personas, no sólo de Bolivia sino de toda la región. De esta forma, se busca contribuir a la capacitación del recurso humano vinculado al área, con el fin de mejorar la calidad de los diseños de proyectos y garantizar la eficiencia de los procesos así como la calidad de la infraestructura.
Por su parte, Julia Collado, máxima autoridad del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), dependiente del MMAyA, exhortó a los estudiantes a continuar con su capacitación, pues con su experiencia y aporte profesional se pueden buscar soluciones en tema de tratamiento de residuos.
“En la ingeniería residual, tenemos varios problemas desde el diseño, la conceptualización, la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residual. Las que tenemos construidas, no están operando eficientemente. Por ello, es importante generar la sinergia desde las universidades, los profesionales que se capacitan, la cooperación, las entidades prestadoras, para que puedan cumplir varios retos, para tener un mejor país”, explicó la autoridad.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua lleva adelante la Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales (EN-TAR), dentro de la cual se contempla la necesidad de apoyar la gestión del conocimiento, y la capacitación constante de profesionales bolivianos, así como la investigación y el desarrollo de tecnologías para la implementación de proyectos sostenibles para el tratamiento de aguas residuales.
El 18 de noviembre de 2016, el MMAyA, a través del VAPSB, con el apoyo de CAF -banco de desarrollo de América Latina, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea y el Banco Mundial, convocó a la primera versión del Curso que a la fecha ha contribuido al desarrollo de proyectos de aguas residuales en más de 23 municipios del país.
(La Paz, 19 de septiembre de 2018). Concluyó el III Módulo de Tecnologías Intensivas para el Tratamiento de Aguas Residuales, dictado por los especialistas internacionales: Gregorio Berrozpe, Enrique Ortega y Jaime La Iglesia, que llegaron al país con el apoyo de CAF -banco de desarrollo de América Latina-, la Agencia Española de Cooperación, el BID y el Banco Mundial. El módulo fue realizado en instalaciones de la Universidad Católica de Bolivia.
Este tercer módulo forma parte de la segunda versión del Curso Internacional de Selección de Tecnologías y Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, que tiene el objetivo de apoyar el proceso de gestión de proyectos en el tratamiento de aguas residuales, y capacitar a profesionales bolivianos en los temas de diseño, aspectos constructivos, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Durante el acto de inauguración, en el que estuvieron presentes representantes de las organizaciones vinculadas, así como el Rector de la Universidad, Marco Antonio Fernández, Gladis Genua -representante de CAF en Bolivia- ponderó la iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) de traer este curso a Bolivia para el fortalecimiento de las capacidades de profesionales de todos los sectores (gobiernos municipales y departamentales, organizaciones gestoras, administradoras de los servicios de agua y saneamiento, instituciones locales de desarrollo, empresas consultoras, constructoras, consultores públicos, privados y profesionales del sector en general).
De acuerdo a la ejecutiva, el Curso, que consta de 5 módulos, ha sido grabado en su totalidad con la idea de convertirlo en un curso virtual que pueda llegar a muchas más personas, no sólo de Bolivia sino de toda la región. De esta forma, se busca contribuir a la capacitación del recurso humano vinculado al área, con el fin de mejorar la calidad de los diseños de proyectos y garantizar la eficiencia de los procesos así como la calidad de la infraestructura.
Por su parte, Julia Collado, máxima autoridad del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB), dependiente del MMAyA, exhortó a los estudiantes a continuar con su capacitación, pues con su experiencia y aporte profesional se pueden buscar soluciones en tema de tratamiento de residuos.
“En la ingeniería residual, tenemos varios problemas desde el diseño, la conceptualización, la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residual. Las que tenemos construidas, no están operando eficientemente. Por ello, es importante generar la sinergia desde las universidades, los profesionales que se capacitan, la cooperación, las entidades prestadoras, para que puedan cumplir varios retos, para tener un mejor país”, explicó la autoridad.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua lleva adelante la Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas Residuales (EN-TAR), dentro de la cual se contempla la necesidad de apoyar la gestión del conocimiento, y la capacitación constante de profesionales bolivianos, así como la investigación y el desarrollo de tecnologías para la implementación de proyectos sostenibles para el tratamiento de aguas residuales.
El 18 de noviembre de 2016, el MMAyA, a través del VAPSB, con el apoyo de CAF -banco de desarrollo de América Latina, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea y el Banco Mundial, convocó a la primera versión del Curso que a la fecha ha contribuido al desarrollo de proyectos de aguas residuales en más de 23 municipios del país.
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