A casi cinco de meses de paralización, las obras inconclusas de la represa del Proyecto Múltiple Misicuni se deterioran paulatinamente. A ello se suma que toda la maquinaria del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) se halla secuestrada y precintada por el Ministerio Público. Además, la plataforma del embalse tiene agua acumulada y en algunos sectores se han registrado pequeños deslizamientos. Sólo tres personas se encargan de cuidar el campamento.
En una inspección al lugar se evidenció que la represa donde antes trabajaban 200 obreros las 24 horas y había un intenso movimiento de maquinaria ahora está abandonada. Todo está paralizado. El tiempo, el sol y las lluvias han deteriorado algunos de los frentes y los equipos.
La maquinaria está precintada. Incluso, aquella que puede considerarse chatarra, porque no tiene llantas, está desmantelada y expuesta a la intemperie. Sólo ocho motorizados que se encontraban en mejores condiciones fueron trasladados a un garaje en Vinto por disposición del Ministerio Público.
La maquinaria fue secuestrada dentro del proceso iniciado a denuncia de los dueños de los equipos subcontratados por el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni que demandan el pago de casi un millón de dólares por sus servicios. Por fuentes cercanas al caso, se conoció que el Ministerio Público encontró indicios suficientes para sospechar que los responsables del Consorcio incurrieron en enriquecimiento ilícito y otros delitos.
La denuncia fue interpuesta a principios de año por un grupo de 20 propietarios de maquinaria pesada que reclama el pago por sus servicios. Al margen de este caso, los dueños de las volquetas también piden el desembolso por sus servicios y demandaron al Consorcio por estafa.
El asesor legal del Consorcio, Raúl Nemtala, afirmó que en las siguientes horas se firmará un acuerdo con los maquinistas para cancelar la deuda con equipo pesado. “Pagaremos con nuestros equipos, si se les adeuda un millón de dólares se entregará maquinaria equivalente a este valor. Lo mismo pasará con la denuncia interpuesta por los volqueteros”, dijo.
Difícil momento y aparecen más deudas
La maquinaria precintada no podrá ser utilizada por las constructoras que la Empresa Misicuni contrate para el reinicio de las obras hasta la culminación del proceso penal o hasta que un juez revoque la determinación.
Entre los equipos secuestrados se encuentran las primeras volquetas que el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni adquirió. Se trata de cuatro camiones Caterpilla 740 de 25 metros cúbicos de capacidad traídos de Chile.
El asambleísta Henry Paredes manifestó que el secuestro de la maquinaria que ordenó el Ministerio Público es un síntoma más de la difícil situación por la que atraviesa el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni.
Añadió que conoció que en los siguientes días más acreedores demandarán al Consorcio por deudas. Explicó que se trata de pequeñas ferreterías de la avenida Blanco Galindo que les vendieron a las constructoras clavos, cal y otros insumos. Las deudas superan los 80.000 bolivianos.
Wednesday, April 9, 2014
Potosi Tres obras de agua potable beneficiarán al municipio
La construcción del sistema de agua potable Malcocha, Caylla Huasi y Tienda Pata serán ejecutadas en el municipio de Potosí en convenio con el Fondo de Inversión Productiva y Social.
El Concejo Municipal aprobó tres informes enviados por la comisión de Desarrollo Productivo sobre tres construcciones de sistema de agua potable para el municipio, informó la presidenta de la comisión, Doris Zárate.
“Conforme a la nueva normativa y a la ley 492 de acuerdos y convenios intergubernativos, nos indica claramente en su artículo cinco, parágrafo tres, que los acuerdos o convenios intergubernativos suscritos por gobiernos autónomos (...) cuyo financiamiento total sea igual o menos al un millón de Bolivianos no requieren la ratificación de sus órganos legislativos”, argumentó.
Por ello, el Concejo no homologó los convenios porque, según Zárate, no era necesario.
El Concejo Municipal aprobó tres informes enviados por la comisión de Desarrollo Productivo sobre tres construcciones de sistema de agua potable para el municipio, informó la presidenta de la comisión, Doris Zárate.
“Conforme a la nueva normativa y a la ley 492 de acuerdos y convenios intergubernativos, nos indica claramente en su artículo cinco, parágrafo tres, que los acuerdos o convenios intergubernativos suscritos por gobiernos autónomos (...) cuyo financiamiento total sea igual o menos al un millón de Bolivianos no requieren la ratificación de sus órganos legislativos”, argumentó.
Por ello, el Concejo no homologó los convenios porque, según Zárate, no era necesario.
Tuesday, April 8, 2014
Semapa espera aprobación de nuevas tarifas
Semapa envió el informe final sobre la nueva tarifa del agua a la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) para que emita una resolución administrativa regulatoria de observaciones o dé su aprobación. El documento fue remitido luego de culminar con los talleres de socialización en los 14 distritos del municipio de Cochabamba, informó el gerente de Servicio al Cliente de Semapa, Edgar Varnoux.
Con la propuesta, la actual estructura de tarifas del agua cambiaría a tres categorías comerciales y una doméstica, esta última dividida en dos subcategorías A y B. Además, se activaría la categoría Solidaria, que debía ser aplicada a inicios de este año.
Varnoux aclaró que en la actividad de información se evidenció la polarización de la población.
Por ejemplo, en los distritos 1 y 2 de la zona norte, los pobladores rechazaron la nueva modalidad de cobro por consumo. Con las nuevas categorias se propone que se elimen las cuatro categorias vigentes, debido a que establecen el cobro por consumo, tipo de vivienda y números de puntos o conexiones al servicio.
Con la nueva definición se propone el pago por consumo de acuerdo a una escala que determina los volúmenes por metro cúbico y una tarifa solidaria.
Asimismo, por los conflictos sociales en los distritos municipales 8 y 5, no se realizó el trabajo de socialización, aunque la invitación para desarrollar el taller está abierta y a la espera de la reprogramación, dijo.
El informe final de la nueva tarifa se envió hace 10 días a la AAPS. En total se desarrollaron 15 talleres de socialización, con la participación de 800 representantes de OTB y distritos.
Por otro lado, Varnoux añadió que desde el mes de septiembre, a requerimiento de Impuestos Nacionales, las facturas de agua contarán con el Código QR, como una nueva medida de seguridad. Además, las facturas no serán impresas matricialmente.
El funcionario recordó que en los avisos de cobranza siempre se encuentra el registro histórico de los últimos seis meses de consumo, la última lectura y la lectura actual, para el control del servicio. Por el momento, no hay una fecha definitiva para comenzar a aplicar las nuevas categorías de Semapa. Sin embargo, se prevé que el proceso ante la AAPS termine en agosto.
Con la propuesta, la actual estructura de tarifas del agua cambiaría a tres categorías comerciales y una doméstica, esta última dividida en dos subcategorías A y B. Además, se activaría la categoría Solidaria, que debía ser aplicada a inicios de este año.
Varnoux aclaró que en la actividad de información se evidenció la polarización de la población.
Por ejemplo, en los distritos 1 y 2 de la zona norte, los pobladores rechazaron la nueva modalidad de cobro por consumo. Con las nuevas categorias se propone que se elimen las cuatro categorias vigentes, debido a que establecen el cobro por consumo, tipo de vivienda y números de puntos o conexiones al servicio.
Con la nueva definición se propone el pago por consumo de acuerdo a una escala que determina los volúmenes por metro cúbico y una tarifa solidaria.
Asimismo, por los conflictos sociales en los distritos municipales 8 y 5, no se realizó el trabajo de socialización, aunque la invitación para desarrollar el taller está abierta y a la espera de la reprogramación, dijo.
El informe final de la nueva tarifa se envió hace 10 días a la AAPS. En total se desarrollaron 15 talleres de socialización, con la participación de 800 representantes de OTB y distritos.
Por otro lado, Varnoux añadió que desde el mes de septiembre, a requerimiento de Impuestos Nacionales, las facturas de agua contarán con el Código QR, como una nueva medida de seguridad. Además, las facturas no serán impresas matricialmente.
El funcionario recordó que en los avisos de cobranza siempre se encuentra el registro histórico de los últimos seis meses de consumo, la última lectura y la lectura actual, para el control del servicio. Por el momento, no hay una fecha definitiva para comenzar a aplicar las nuevas categorías de Semapa. Sin embargo, se prevé que el proceso ante la AAPS termine en agosto.
Monday, April 7, 2014
Para cuidar el agua en el Chaco boliviano
Con la presencia de representantes de la EPSA Manchaco Social, del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes, la Fundación Natura y la Fundación Avina, se desarrolló el último encuentro de capacitación que cubrió la temática de operación y mantenimiento de sistemas de agua potable en la zona del Chaco boliviano.
Estos talleres son una inversión, muy necesarios y efectivos en la transmisión de experiencias y conocimientos para capacitar a la gente. “Mejorar el servicio de agua potable y en consecuencia la calidad de vida y la salud de las familias en las comunidades del país es uno de nuestros retos”, manifestó Fernando Rivera, gerente general de la EPSA Manchaco Social de Villa Montes, al comentar que las organizaciones involucradas en estas acciones seguirán trabajando para despertar conciencia de la gente sobre la importancia de cuidar el agua”
Sunday, April 6, 2014
Los “papeles de Misicuni”: de consorcios y comisiones “Truchas”
Proyecto "Construcción de la presa y Obras Anexas y complementarias del proyecto Múltiple Misicuni de 85 m. de altura (Misicuni II) y complementación de las obras hasta los 120 m de altura" (LPI 02/07) es el nombre rimbombante de la obra que se dice hará realidad el sueño cochabambino. Pero el sueño empieza a tornarse pesadilla. Poco a poco están emergiendo evidencias de la estafa que ha sufrido la población de Cochabamba con el proyecto Misicuni, al parecer bajo la atenta mirada y protección de los poderes gubernamentales.
Eso es lo que evidencian "Los papeles de Misicuni", documentos confidenciales u ocultos hasta ahora al escrutinio público, sobre los cuales las autoridades tendrán que brindar una explicación. Después del artículo de mi autoría publicado en este matutino el 5 de febrero pasado titulado “Misicuni y el misterioso señor Martín Rovira”, ahora deseo hacer referencia a algunos aspectos de la constitución del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM). Particularmente me referiré a una de las empresas socias, la boliviana CCI LTDA, así como al proceso de licitación. Son fichas de un rompecabezas que espero pueda completarse, y seguramente lo que veremos no será agradable.
LOS SOCIOS DEL CONSORCIO (I)
Las empresas socias del CHM eran: Grandi Lavori Fincosit SPA (GLF), italiana, con el 51% de participación en el consorcio; Construcciones Comercio e Industria (CCI LTDA) (boliviana), con el 14.7 %; las colombianas Gerencia de Contratos y Concesiones SA, 14 %, y Change Consulting Group, con el 4 %; las venezolanas VIALPA SA con el 8 % y la empresa Obras Especiales (Obresca CA), con el 14.3 %.
Las cuatro empresas colombianas y venezolanas del consorcio registran el mismo domicilio legal en Colombia, Carrera 4 No 59-74, Bogotá. Si eran empresas reconocidas y de prestigio, como pretendieron vender su imagen tanto los representantes de la empresa Misicuni como el consorcio, ¿cómo pueden compartir el mismo ambiente como sede? Más aún, existen evidencias de que la dirección señalada por la empresa boliviana de Martín Rovira –CCI LTDA-, Ecuador y Aspiazu No 2074 en la zona de Sopocachi es una casa particular, y no reportan haber sido sede de ninguna oficina empresarial. No parece serio definitivamente y lucen más bien como oficinas fantasmas, solamente para justificar los requerimientos normativos.
Otro detalle interesante son los montos autorizados de capital de las empresas socias del CHM, sobre los cuales se tiene evidencia. Las colombianas Change Consulting Group señala un capital autorizado de $us. 14.6451, mientras que Gerencia de Contratos y Concesiones SA declara 488.172 $us.; en el caso de CCI Ltda. tiene un capital constituido de apenas Bs 10.000. ¿Cómo es posible que con tan insignificantes sumas se hayan adjudicado una obra de, ese momento, 80 millones de dólares? ¿A pesar de eso, el representante legal de CCI, Martin Rovira, terminará siendo el ejecutor principal de la obra, luego del retiro de los italianos?
LOS SOCIOS DEL CONSORCIO (II)
La comisión calificadora ignoró que las empresas socias del CHM tenían antecedentes de incumplimientos contractuales y denuncias laborales. Por ejemplo, en 2008 la venezolana Vialpa fue parte de un consorcio que se adjudicó el proyecto de transporte masivo denominado BusCaracas, para implementar un sistema de autobuses de tránsito rápido de carriles. A pesar de cambios en el diseño, incrementos en el presupuesto, hubo retrasos, con denuncias de corrupción incluidas. El contrato con Vialpa se canceló el 2010 (Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo Metropolitano de Caracas (2011), según informe de la comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo Metropolitano de Caracas (2011) en “BusCaracas, historia de un fraude”, Caracas, nidad de Seguimiento de Polícas Públicas.
Respecto a los italianos, en julio del 2011, el Instituto de Desarrollo Urbano de Colombia declaró la caducidad del contrato de mantenimiento del Distrito de Conservación Suroriente, a cargo de la Unión Temporal GTM conformada por la Constructora Inca Ltda., H&H Arquitectura S.A., el Grupo Franco Obras y Proyectos y Grandi Lavori Fincosit S.P.A., por problemas de tráfico. Igualmente el contratista incumplió en lo relacionado con la disponibilidad del cupo de crédito que se exigía en el contrato, como informa el Instituto de Desarrollo Urbano de Colombia.
Lo de Grandi Lavori Fincosit (GLF), socia mayoritaria en el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) es mucho más grave. Como reconocieron los mismos funcionarios de la empresa Misicuni en su momento, GLF cedió el uso de su nombre a los ejecutivos que llevaron adelante la licitación internacional 02/07 para la construcción de la presa y obras complementarias del Proyecto Múltiple Misicuni, en su segunda fase. El representante del consorcio de supervisión Engevix-CAEM, Marco Claure, afirmó: “como se puede acreditar de una simple revisión de los documentos de calificación, (la presencia de GLF) sólo cubre una necesidad contractual de contar con un socio mayoritario de origen italiano” (LT, 25/12/2012). El crédito italiano para Misicuni estaba “amarrado”, pues el acuerdo obligaba a Bolivia contratar una empresa italiana; qué o cuanto recibió GLF a cambio de poner su nombre en la licitación?
El 2010, Grandi Lavori se halla entre las 14 empresas que visitaron Panamá, como parte de una delegación encabezada por el viceministro de Desarrollo Económico y Comercio Exterior italiano, Adolfo Urso; eran las épocas de auge de su relación con el gobierno de Silvio Berlusconi, hoy condenado a siete años de cárcel. Entre los temas a tratar estaba el megaproyecto de ampliación del Canal de Panamá; hoy, Grandi Lavori es parte de la sociedad que está construyendo la obra, también en disputa con el gobierno panameño.
CCI LTDA, LA SOCIA BOLIVIANA
CCI se crea en noviembre del 2007, pues la convocatoria a la licitación había sido lanzada para presentar propuestas a partir de febrero del 2008. Por tanto, la experiencia laboral en el rubro que iban a ser contratados, ninguna. ¿Y cuales son las áreas de trabajo señalados por CCI? “- explotación de canteras de piedra e industrialización de áridos - actividad industrial en producción de materiales e insumos para construcción - financiamiento y/o construcción de viviendas familiares o multifamiliares - obras de ing. civil, como carreteras, represas, edificios, estructuras industriales - importación de repuestos y componentes para el soporte posventa de kits de conversión diesel-gas, gasolina-gas - importación de cilindros para gas natural comprimido y enfriado - diseño y fabricación de partes de kits y cilindros para gas natural - importación de repuestos autos y maquinaria - reparaciones en taller y en campo - venta de mano de obra para reparación de maquinaria pesada y liviana - Capacitación en administración, reparación, diagnóstico, valuación y evaluación de automotores y equipos”.
Una lista variada, relacionada con las actividades más lucrativas en este país: el transporte automotor y sus infraestructuras viales. Con este curriculum el 2009 CCI se adjudicará, junto a Grandi Lavori y la boliviana Bartos, el tramo carretero Toledo-Ancaravi, por casi 25 millones de dólares, otra estafa sobre la cual hasta el día de hoy se ha impuesto el silencio.
LOS INGENIEROS DEL CONSORCIO
Leyendo el frondoso currículum de los profesionales asignados por el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni al trabajo de la presa surgen nuevas preguntas. ¿Llegaron efectivamente a trabajar en campo estos expertos? ¿Fue Hernando Rozo quien fungió como Superintendente de obras en la presa de Misicuni? ¿Fue Carlos Hernando Galeano el ingeniero residente de obra de toma y paso de compuertas, como señalan en su propuesta? ¿Fue Ángel Soteldo el ingeniero residente en presa? Estas preguntas son válidas en tanto los cuestionamientos constructivos, de diseño, implementación y mantenimiento a la mega obra, no han sido respondidos, y sus defensores han sido calificados de “aventureros” y “especuladores”.
LA COMISIÓN CALIFICADORA
Llama la atención que, a pesar del carácter internacional de la licitación de frebrero de 2007 y la importancia estratégica del proyecto, los miembros que calificaron la propuesta del CHM sean funcionarios intermedios de la empresa Misicuni. Efectivamente, por memorándum interno fueron nombrados los siguientes funcionarios:
• Ing. Washington Claure, presidente. Era jefe de unidad de medio ambiente y apoyo comunitario
• Arq. Ana Monasterios M., secretaria. Jefe de unidad de Normas, Seguimiento y Control de Proyectos
• Lic. Zenón Siles, vocal. Jefe de unidad administrativa y financiera
• Ing. Hugo Terceros S. Vocal. Fiscal de Obra Unidad de Fiscalización.
La estructura altamente centralista y jerárquica de la estructura organizativa de la empresa Misicuni otorga competencias a su presidente para tal vital responsabilidad; mucho más aún al directorio de la empresa: el reglamento interno señala entre las funciones del directorio “participar en la revisión y verificación de la documentación legal de las propuestas en caso de licitación”. ¿Por qué no estuvieron involucradas estas instancias y fueron asignadas estas tareas a funcionarios de segunda línea, un grupo cerrado no independiente? ¿No es eso actuar como juez y parte? Es que la norma no obliga a instancias autárquicas para este tipo de convocatorias?
LA BOLETA DE GARANTÍA
El 14 de abril del 2009, Ana Monasterios, de la Unidad de Normas, Seguimiento y Control de Proyectos de la Empresa, y miembro de la comisión calificadora, envía a Zenón Siles, de la unidad administrativa financiera, y también miembro de la comisión calificadora, la póliza original o boleta de garantía de seriedad de propuesta, presentada por el CHM, para su "archivo en custodia". Tenía un valor de 800.000 dólares y había sido emitida por Seguros Alianza. El 16 de mayo del 2009 se firma el contrato, en un acto público, con presencia del presidente de la república, el entonces ministro del agua, René Orellana y el embajador italiano. Dos días después, la empresa Misicuni hace devolución de la boleta original de Garantía de Seriedad de Propuesta No 65040258. De esta manera, se consolida un contrato viciado de nulidad con un consorcio “trucho” incapaz de avanzar en la obra como estaba previsto. Tanto que hoy se halla en proceso de rescisión. Mientras tanto, el proyecto otra vez ha sido postergado, hasta el 2015 dicen los gobernantes, pero “sólo Dios sabe” si el 2016 estará concluída la presa. Esta historia continuará.
(*) El autor es investigador del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón.
Eso es lo que evidencian "Los papeles de Misicuni", documentos confidenciales u ocultos hasta ahora al escrutinio público, sobre los cuales las autoridades tendrán que brindar una explicación. Después del artículo de mi autoría publicado en este matutino el 5 de febrero pasado titulado “Misicuni y el misterioso señor Martín Rovira”, ahora deseo hacer referencia a algunos aspectos de la constitución del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM). Particularmente me referiré a una de las empresas socias, la boliviana CCI LTDA, así como al proceso de licitación. Son fichas de un rompecabezas que espero pueda completarse, y seguramente lo que veremos no será agradable.
LOS SOCIOS DEL CONSORCIO (I)
Las empresas socias del CHM eran: Grandi Lavori Fincosit SPA (GLF), italiana, con el 51% de participación en el consorcio; Construcciones Comercio e Industria (CCI LTDA) (boliviana), con el 14.7 %; las colombianas Gerencia de Contratos y Concesiones SA, 14 %, y Change Consulting Group, con el 4 %; las venezolanas VIALPA SA con el 8 % y la empresa Obras Especiales (Obresca CA), con el 14.3 %.
Las cuatro empresas colombianas y venezolanas del consorcio registran el mismo domicilio legal en Colombia, Carrera 4 No 59-74, Bogotá. Si eran empresas reconocidas y de prestigio, como pretendieron vender su imagen tanto los representantes de la empresa Misicuni como el consorcio, ¿cómo pueden compartir el mismo ambiente como sede? Más aún, existen evidencias de que la dirección señalada por la empresa boliviana de Martín Rovira –CCI LTDA-, Ecuador y Aspiazu No 2074 en la zona de Sopocachi es una casa particular, y no reportan haber sido sede de ninguna oficina empresarial. No parece serio definitivamente y lucen más bien como oficinas fantasmas, solamente para justificar los requerimientos normativos.
Otro detalle interesante son los montos autorizados de capital de las empresas socias del CHM, sobre los cuales se tiene evidencia. Las colombianas Change Consulting Group señala un capital autorizado de $us. 14.6451, mientras que Gerencia de Contratos y Concesiones SA declara 488.172 $us.; en el caso de CCI Ltda. tiene un capital constituido de apenas Bs 10.000. ¿Cómo es posible que con tan insignificantes sumas se hayan adjudicado una obra de, ese momento, 80 millones de dólares? ¿A pesar de eso, el representante legal de CCI, Martin Rovira, terminará siendo el ejecutor principal de la obra, luego del retiro de los italianos?
LOS SOCIOS DEL CONSORCIO (II)
La comisión calificadora ignoró que las empresas socias del CHM tenían antecedentes de incumplimientos contractuales y denuncias laborales. Por ejemplo, en 2008 la venezolana Vialpa fue parte de un consorcio que se adjudicó el proyecto de transporte masivo denominado BusCaracas, para implementar un sistema de autobuses de tránsito rápido de carriles. A pesar de cambios en el diseño, incrementos en el presupuesto, hubo retrasos, con denuncias de corrupción incluidas. El contrato con Vialpa se canceló el 2010 (Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo Metropolitano de Caracas (2011), según informe de la comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo Metropolitano de Caracas (2011) en “BusCaracas, historia de un fraude”, Caracas, nidad de Seguimiento de Polícas Públicas.
Respecto a los italianos, en julio del 2011, el Instituto de Desarrollo Urbano de Colombia declaró la caducidad del contrato de mantenimiento del Distrito de Conservación Suroriente, a cargo de la Unión Temporal GTM conformada por la Constructora Inca Ltda., H&H Arquitectura S.A., el Grupo Franco Obras y Proyectos y Grandi Lavori Fincosit S.P.A., por problemas de tráfico. Igualmente el contratista incumplió en lo relacionado con la disponibilidad del cupo de crédito que se exigía en el contrato, como informa el Instituto de Desarrollo Urbano de Colombia.
Lo de Grandi Lavori Fincosit (GLF), socia mayoritaria en el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) es mucho más grave. Como reconocieron los mismos funcionarios de la empresa Misicuni en su momento, GLF cedió el uso de su nombre a los ejecutivos que llevaron adelante la licitación internacional 02/07 para la construcción de la presa y obras complementarias del Proyecto Múltiple Misicuni, en su segunda fase. El representante del consorcio de supervisión Engevix-CAEM, Marco Claure, afirmó: “como se puede acreditar de una simple revisión de los documentos de calificación, (la presencia de GLF) sólo cubre una necesidad contractual de contar con un socio mayoritario de origen italiano” (LT, 25/12/2012). El crédito italiano para Misicuni estaba “amarrado”, pues el acuerdo obligaba a Bolivia contratar una empresa italiana; qué o cuanto recibió GLF a cambio de poner su nombre en la licitación?
El 2010, Grandi Lavori se halla entre las 14 empresas que visitaron Panamá, como parte de una delegación encabezada por el viceministro de Desarrollo Económico y Comercio Exterior italiano, Adolfo Urso; eran las épocas de auge de su relación con el gobierno de Silvio Berlusconi, hoy condenado a siete años de cárcel. Entre los temas a tratar estaba el megaproyecto de ampliación del Canal de Panamá; hoy, Grandi Lavori es parte de la sociedad que está construyendo la obra, también en disputa con el gobierno panameño.
CCI LTDA, LA SOCIA BOLIVIANA
CCI se crea en noviembre del 2007, pues la convocatoria a la licitación había sido lanzada para presentar propuestas a partir de febrero del 2008. Por tanto, la experiencia laboral en el rubro que iban a ser contratados, ninguna. ¿Y cuales son las áreas de trabajo señalados por CCI? “- explotación de canteras de piedra e industrialización de áridos - actividad industrial en producción de materiales e insumos para construcción - financiamiento y/o construcción de viviendas familiares o multifamiliares - obras de ing. civil, como carreteras, represas, edificios, estructuras industriales - importación de repuestos y componentes para el soporte posventa de kits de conversión diesel-gas, gasolina-gas - importación de cilindros para gas natural comprimido y enfriado - diseño y fabricación de partes de kits y cilindros para gas natural - importación de repuestos autos y maquinaria - reparaciones en taller y en campo - venta de mano de obra para reparación de maquinaria pesada y liviana - Capacitación en administración, reparación, diagnóstico, valuación y evaluación de automotores y equipos”.
Una lista variada, relacionada con las actividades más lucrativas en este país: el transporte automotor y sus infraestructuras viales. Con este curriculum el 2009 CCI se adjudicará, junto a Grandi Lavori y la boliviana Bartos, el tramo carretero Toledo-Ancaravi, por casi 25 millones de dólares, otra estafa sobre la cual hasta el día de hoy se ha impuesto el silencio.
LOS INGENIEROS DEL CONSORCIO
Leyendo el frondoso currículum de los profesionales asignados por el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni al trabajo de la presa surgen nuevas preguntas. ¿Llegaron efectivamente a trabajar en campo estos expertos? ¿Fue Hernando Rozo quien fungió como Superintendente de obras en la presa de Misicuni? ¿Fue Carlos Hernando Galeano el ingeniero residente de obra de toma y paso de compuertas, como señalan en su propuesta? ¿Fue Ángel Soteldo el ingeniero residente en presa? Estas preguntas son válidas en tanto los cuestionamientos constructivos, de diseño, implementación y mantenimiento a la mega obra, no han sido respondidos, y sus defensores han sido calificados de “aventureros” y “especuladores”.
LA COMISIÓN CALIFICADORA
Llama la atención que, a pesar del carácter internacional de la licitación de frebrero de 2007 y la importancia estratégica del proyecto, los miembros que calificaron la propuesta del CHM sean funcionarios intermedios de la empresa Misicuni. Efectivamente, por memorándum interno fueron nombrados los siguientes funcionarios:
• Ing. Washington Claure, presidente. Era jefe de unidad de medio ambiente y apoyo comunitario
• Arq. Ana Monasterios M., secretaria. Jefe de unidad de Normas, Seguimiento y Control de Proyectos
• Lic. Zenón Siles, vocal. Jefe de unidad administrativa y financiera
• Ing. Hugo Terceros S. Vocal. Fiscal de Obra Unidad de Fiscalización.
La estructura altamente centralista y jerárquica de la estructura organizativa de la empresa Misicuni otorga competencias a su presidente para tal vital responsabilidad; mucho más aún al directorio de la empresa: el reglamento interno señala entre las funciones del directorio “participar en la revisión y verificación de la documentación legal de las propuestas en caso de licitación”. ¿Por qué no estuvieron involucradas estas instancias y fueron asignadas estas tareas a funcionarios de segunda línea, un grupo cerrado no independiente? ¿No es eso actuar como juez y parte? Es que la norma no obliga a instancias autárquicas para este tipo de convocatorias?
LA BOLETA DE GARANTÍA
El 14 de abril del 2009, Ana Monasterios, de la Unidad de Normas, Seguimiento y Control de Proyectos de la Empresa, y miembro de la comisión calificadora, envía a Zenón Siles, de la unidad administrativa financiera, y también miembro de la comisión calificadora, la póliza original o boleta de garantía de seriedad de propuesta, presentada por el CHM, para su "archivo en custodia". Tenía un valor de 800.000 dólares y había sido emitida por Seguros Alianza. El 16 de mayo del 2009 se firma el contrato, en un acto público, con presencia del presidente de la república, el entonces ministro del agua, René Orellana y el embajador italiano. Dos días después, la empresa Misicuni hace devolución de la boleta original de Garantía de Seriedad de Propuesta No 65040258. De esta manera, se consolida un contrato viciado de nulidad con un consorcio “trucho” incapaz de avanzar en la obra como estaba previsto. Tanto que hoy se halla en proceso de rescisión. Mientras tanto, el proyecto otra vez ha sido postergado, hasta el 2015 dicen los gobernantes, pero “sólo Dios sabe” si el 2016 estará concluída la presa. Esta historia continuará.
(*) El autor es investigador del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón.
Saturday, April 5, 2014
Misicuni evitará “repetir los errores” del pasado
El presidente de la Empresa Misicuni, Jorge Alvarado, informó que las organizaciones sociales serán invitadas al acto de apertura de propuestas para el reinicio de las obras del Proyecto Múltiple Misicuni. Explicó que el propósito es no repetir los errores del pasado. Por eso, se realizará una evaluación rigurosa de los planes de trabajo.
Hasta el momento existen 24 empresas interesadas en adjudicarse las obras. La Empresa Misicuni manifestó que ha agrupado en cuatro paquetes los trabajos pendientes como la cara de concreto, las inyecciones de plinto y la perforación de 40 metros del segundo túnel.
La evaluación se centrará en revisar la experiencia de las empresas en obras similares, verificar que cuenten con el personal y la tecnología para encarar los retos de la obra. El propósito es no volver a tener problemas como el sucedido con el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni.
La Empresa Misicuni resolvió el contrato con el Consorcio en noviembre de 2013. El principal motivo fueron los problemas financieros de las constructoras y el imcumplimiento de normas laborales y tributarias.
Alvarado afirmó que ahora se trabaja con un cronograma más realista. Añadió que si los trámites para acceder a los 32 millones de dólares adicionales para el reinicio de obras se realizan sin inconvenientes los trabajos comenzarán en mayo de 2014.
De acuerdo con el nuevo plazo, la represa de 120 metros de altura podría estar concluida a fines de 2015.
En tanto que la conciliación con el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni está a punto de concluir y se ha autorizado la movilización de maquinaria de manera coordinada. Aún siguen pendientes los procesos penales que los subcontratistas iniciaron en contra del representante legal del Consorcio, Martín Rovira, por presunta estafa agravada y otros delitos. Los obreros esperan el pago de sus beneficios.
Gobernación inició trámites
El gobernador Edmundo Novillo informó que se han iniciado los trámites ante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para obtener el desembolso de 32 millones de dólares. Los recursos serán destinados al reinicio de la obras que restan por ejecutar en la represa.
Novillo informó que los trámites se van a acelerar y se espera que estos concluyan antes de dos semanas. “La Gobernación va hacerse cargo de estos recursos adicionales y ojalá la próxima semana todo este trámite esté resuelto”, dijo.
El presidente de la Empresa Misicuni, Jorge Alvarado, informó que técnicos de la Gobernación y Misicuni viajarán a La Paz el martes para realizar los procedimientos para conseguir los recursos. Posteriormente, se firmará un convenio para la entrega de fondos a la Empresa Misicuni.
Hasta el momento existen 24 empresas interesadas en adjudicarse las obras. La Empresa Misicuni manifestó que ha agrupado en cuatro paquetes los trabajos pendientes como la cara de concreto, las inyecciones de plinto y la perforación de 40 metros del segundo túnel.
La evaluación se centrará en revisar la experiencia de las empresas en obras similares, verificar que cuenten con el personal y la tecnología para encarar los retos de la obra. El propósito es no volver a tener problemas como el sucedido con el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni.
La Empresa Misicuni resolvió el contrato con el Consorcio en noviembre de 2013. El principal motivo fueron los problemas financieros de las constructoras y el imcumplimiento de normas laborales y tributarias.
Alvarado afirmó que ahora se trabaja con un cronograma más realista. Añadió que si los trámites para acceder a los 32 millones de dólares adicionales para el reinicio de obras se realizan sin inconvenientes los trabajos comenzarán en mayo de 2014.
De acuerdo con el nuevo plazo, la represa de 120 metros de altura podría estar concluida a fines de 2015.
En tanto que la conciliación con el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni está a punto de concluir y se ha autorizado la movilización de maquinaria de manera coordinada. Aún siguen pendientes los procesos penales que los subcontratistas iniciaron en contra del representante legal del Consorcio, Martín Rovira, por presunta estafa agravada y otros delitos. Los obreros esperan el pago de sus beneficios.
Gobernación inició trámites
El gobernador Edmundo Novillo informó que se han iniciado los trámites ante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para obtener el desembolso de 32 millones de dólares. Los recursos serán destinados al reinicio de la obras que restan por ejecutar en la represa.
Novillo informó que los trámites se van a acelerar y se espera que estos concluyan antes de dos semanas. “La Gobernación va hacerse cargo de estos recursos adicionales y ojalá la próxima semana todo este trámite esté resuelto”, dijo.
El presidente de la Empresa Misicuni, Jorge Alvarado, informó que técnicos de la Gobernación y Misicuni viajarán a La Paz el martes para realizar los procedimientos para conseguir los recursos. Posteriormente, se firmará un convenio para la entrega de fondos a la Empresa Misicuni.
Wednesday, April 2, 2014
LA AAPS AMPLÍA INTERVENCIÓN A EPSAS 18 MESES
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) determinó ampliar por un año y medio, la intervención de la Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento (Epsas). En este tiempo, las alcaldías tendrán que presentar sus propuestas sobre la conformación de entidades municipales que administren este servicio ya que ninguna lo habría hecho hasta la fecha, según sus autoridades.
En el caso del municipio de La Paz, el proyecto de una empresa metropolitana fue descartado y calificado de poco serio e incompleto. El alcalde Luis Revilla afirma que esta actitud y la misma ampliación, responden principalmente a afanes políticos.
Sin proyectos. El director ejecutivo de la AAPS, Edson Solares, informó ayer que al haberse cumplido el plazo de intervención de un año, el 31 de marzo, sólo se llegó al primer objetivo de esta acción, que era cumplir con la dotación del servicio.
El segundo objetivo, de transferir la prestación del servicio a un nuevo operador, conformado con los diferentes gobiernos municipales, no pudo lograrse, dijo. Afirmó que los municipios pidieron la ampliación del plazo para presentar sus propuestas, excepto La Paz que, según su criterio, no mostró interés en el tema, ni asumió ninguna posición.
"De ser necesario, se dará 18 meses de plazo para que puedan presentar una propuestas, caso contrario se acudirá al Servicio Estatal de Autonomías (SEA), y si es necesario llegar al Tribunal Constitucional", dijo Solares.
Acciones políticas. Solares acusó a la Alcaldía paceña de pretender hacer política con un derecho constitucional como es la dotación del agua, después de hacerse cortar el servicio y "victimizarse" con el hecho.
En cuanto a la propuesta de una empresa metropolitana, señaló que "mediante una carta abierta se han hecho conocer las observaciones a esa propuesta, que no era una propuesta, ni siquiera un punteo, porque tiene que contemplar un tema técnico, social, legal, y obviamente el tema económico, porque es importante regular el tema de tarifas".
Al respecto, el alcalde Luis Revilla aseguró que el municipio paceño fue el que planteó, desde un inicio, la conformación de una empresa municipial debido a las deficiencias del servicio de Epsas.
"Es una actitud politiquera la que tienen estas autoridades, si no tienen propuestas, las desconocen. La AAPS tampoco trabaja con un critero técnico profesional, esas declaraciones dicen mucho de la calidad de personas que tenemos en esas entidades", afirmó la autoridad municipal.
En el caso del municipio de La Paz, el proyecto de una empresa metropolitana fue descartado y calificado de poco serio e incompleto. El alcalde Luis Revilla afirma que esta actitud y la misma ampliación, responden principalmente a afanes políticos.
Sin proyectos. El director ejecutivo de la AAPS, Edson Solares, informó ayer que al haberse cumplido el plazo de intervención de un año, el 31 de marzo, sólo se llegó al primer objetivo de esta acción, que era cumplir con la dotación del servicio.
El segundo objetivo, de transferir la prestación del servicio a un nuevo operador, conformado con los diferentes gobiernos municipales, no pudo lograrse, dijo. Afirmó que los municipios pidieron la ampliación del plazo para presentar sus propuestas, excepto La Paz que, según su criterio, no mostró interés en el tema, ni asumió ninguna posición.
"De ser necesario, se dará 18 meses de plazo para que puedan presentar una propuestas, caso contrario se acudirá al Servicio Estatal de Autonomías (SEA), y si es necesario llegar al Tribunal Constitucional", dijo Solares.
Acciones políticas. Solares acusó a la Alcaldía paceña de pretender hacer política con un derecho constitucional como es la dotación del agua, después de hacerse cortar el servicio y "victimizarse" con el hecho.
En cuanto a la propuesta de una empresa metropolitana, señaló que "mediante una carta abierta se han hecho conocer las observaciones a esa propuesta, que no era una propuesta, ni siquiera un punteo, porque tiene que contemplar un tema técnico, social, legal, y obviamente el tema económico, porque es importante regular el tema de tarifas".
Al respecto, el alcalde Luis Revilla aseguró que el municipio paceño fue el que planteó, desde un inicio, la conformación de una empresa municipial debido a las deficiencias del servicio de Epsas.
"Es una actitud politiquera la que tienen estas autoridades, si no tienen propuestas, las desconocen. La AAPS tampoco trabaja con un critero técnico profesional, esas declaraciones dicen mucho de la calidad de personas que tenemos en esas entidades", afirmó la autoridad municipal.
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