La intervención que actualmente ejerce el Gobierno sobre la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (Epsas S.A.) es ilegal debido a distorsiones jurídica originadas en las Resoluciones Administrativas Regulatorias AAPS Nº 244/2013 y 246/2013 aprobadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), según el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto el 20 de agosto por el exasesor del Directorio de la prestadora del servicio, Marco Antonio Ramos Cruz.
Según el abogado Marco Antonio Ramos, la forzada intervención de Epsas, proyectada por Freddy Bustinsa Guarachi, asesor legal, y Germán Aramayo, director ejecutivo del ente regulador de entonces, fue planteada sobre la base de la Ley 2066/00 Art. 38, cuyas causales hasta la fecha no fueron justificadas.
“Art. 38.- Cuando se ponga en riego la normal provisión de los servicios por incumplimiento de las metas de la expansión, calidad o eficiencia, la Superintendencia de Saneamiento Básico, mediante procedimiento público y resolución administrativa debidamente fundamentada, podrá decidir la intervención preventiva al Titular de la concesión por un plazo no mayor a seis meses improrrogables”.
Explica Ramos Cruz, una vez retirada del Estado la anterior concesionaria Aguas del Illimani (AISA), la Comisión Interinstitucional, creada mediante Resolución Ministerial 002/2007, de 5 de enero de 2007, emitida por el entonces Ministerio del Agua, debió crear una nueva empresa, disposición que hasta la fecha no se cumplió. Hecho que además constituye incumplimiento de deberes por los ministros cabeza de sector de turno.
La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Ramos, además defensa legal del también exinterventor Rudy Rojas, argumenta que lo que efectivamente ocurrió con la operadora de agua es sólo “el cambio de razón social y no se ha reformulado la condición de la empresa como tal, a extremo que continúa operando con el Manual de Funciones de Aguas del Illimani S.A.”.
“Sólo para algunas autoridades del Gobierno y administradores circunstanciales de Epsas S.A. es una empresa pública, olvidando que luego del alejamiento de la transnacional AISA, lo único que cambió fue el nombre y no así la estructura operacional e institucional, como debe ser a partir de la creación de una nueva empresa”, declaró Ramos a EL DIARIO.
En este contexto, según el exasesor del Directorio de Epsas, la situación legal que enfrenta la interventora resta toda fuerza jurídica al proceso instaurado, a causa de la denominada “crisis de agua”, que afectó a casi un centenar de barrios en la sede Gobierno.
CONSULTORÍAS Y CORRUPCIÓN
Ramos, por otra parte, anunció que en el marco de las responsabilidades que corresponden al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMyA) solicitará una auditoría para establecer acerca de cuántas consultorías ha contratado esa Carteara de Estado para la organización de una nueva empresa, y que a la fecha no existen resultados.
“En ese Ministerio se han hecho varias consultorías para que se proyecte la nueva empresa”, apuntó, tras manifestar sus sospechas de graves actos de corrupción vinculados a la adjudicación de contratos para la creación de la nueva empresa operadora.
“Tengo conocimiento de la donación de 60 mil euros, de parte de la cooperación catalana, para una consultoría que viabilice la creación de la nueva empresa, cuyo destino queremos conocer”, planteó.
COMPETENCIA MUNICIPAL
Entretanto, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, en coincidencia con este criterio señaló que “la intervención a la empresa de suministro de agua potable para los municipios de La Paz y El Alto por más de cuatro años es irregular, por lo que urge la necesidad de crear una nueva empresa”, señaló. La empresa de agua potable debe estar a cargo del municipio como establece la ley.
SIN RESPUESTA
Sobre este tema, corresponde a EL DIARIO aclarar que a pesar de las reiteradas solicitudes de entrevistas y requerimiento de información, tanto a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) como a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (Epsas S.A.), no fueron atendidas.
Tuesday, September 12, 2017
Sunday, September 10, 2017
Perforan dos pozos de agua en Vallegrande
Con el propósito de garantizar el servicio de agua potable durante la realización de los actos por los 50 años de la muerte del Che, se ha determinado la perforación de dos pozos de agua en las zonas periféricas de Vallegrande, informó Carlos Osinaga, director del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf).
Ayer se conoció que ya existen los estudios de prospección y geofísica necesarios, mientras que la Alcaldía está haciendo las gestiones legales para adquirir los terrenos.
Los pozos serán perforados de acuerdo con las políticas públicas que impulsa el Ministerio de Desarrollo Rural a un costo de Bs 312.000 cada uno. Dicho ministerio financiará el 70% del costo total, mientras que la Alcaldía, el 30%.
Los pozos estarán en las comunidades San Antonio, distante a 5 km de Vallegrande, y Cañada de Arteaga, a 7 km. Se prevé que los pozos deben estar perforados antes del 9 de octubre. En los próximos días se entregarán cinco tanques de agua con capacidad de 5.000 litros y dos de 2.500 litros.
Agua potable y alcantarillado Ley 2066 no obliga a municipios a firmar convenios entre sí
La concejala Cecilia Chacón declaro ayer que, según la Ley Nacional Nº 2066/00 de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, los proyectos de gobiernos subnacionales interesados en la administración y suministro de agua potable en varios municipios no están obligados a presentar convenios entre sí.
La legisladora hizo esta aclaración debido a la exigencia que impuso Autoridad de Fiscalización y Control de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) para que el proyecto Unión Metropolitana por el Agua (UMA) siga el curso administrativo que concluya en el otorgamiento de la respectiva licencia.
Explicó que la propuesta formulada por los gobiernos municipales de La Paz y El Alto para asumir esta labor, mediante la reactivación de SAMAPA, no descarta la participación de los municipios que componen el área metropolitana.
SERVICIO
Recordó que de acuerdo con la normativa nacional en vigencia, los gobiernos municipales están en la responsabilidad de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, ejecutada de forma directa o a través de terceros.
“La Ley (2066) no establece como un requisito del nuevo operador el acuerdo de otros municipios que no desean participar, es parte de las competencias que se pueden ejercer; pese a que en numerosas oportunidades se ha puesto en conocimiento de los municipios contiguos nuestra predisposición a trabajar de manera conjunta y que sean parte de la propuesta que se ha presentado. Sin embargo, ellos han desistido y prefieren continuar de la manera en la que actualmente están prestando el servicio”, señaló Chacón.
La legisladora hizo esta aclaración debido a la exigencia que impuso Autoridad de Fiscalización y Control de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) para que el proyecto Unión Metropolitana por el Agua (UMA) siga el curso administrativo que concluya en el otorgamiento de la respectiva licencia.
Explicó que la propuesta formulada por los gobiernos municipales de La Paz y El Alto para asumir esta labor, mediante la reactivación de SAMAPA, no descarta la participación de los municipios que componen el área metropolitana.
SERVICIO
Recordó que de acuerdo con la normativa nacional en vigencia, los gobiernos municipales están en la responsabilidad de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, ejecutada de forma directa o a través de terceros.
“La Ley (2066) no establece como un requisito del nuevo operador el acuerdo de otros municipios que no desean participar, es parte de las competencias que se pueden ejercer; pese a que en numerosas oportunidades se ha puesto en conocimiento de los municipios contiguos nuestra predisposición a trabajar de manera conjunta y que sean parte de la propuesta que se ha presentado. Sin embargo, ellos han desistido y prefieren continuar de la manera en la que actualmente están prestando el servicio”, señaló Chacón.
Siendo ente privado Epsas maneja cuantiosos recursos del Estado
La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) enfrenta un severo problema jurídico y estructural, porque siendo una entidad privada tiene a su cargo capitales públicos, lo que hace una "sin razón", jurídicamente, aunque permitida por el interés político del Gobierno, según análisis del abogado constitucionalista William Bascopé.
"El nivel central está manejando el tema Epsas de esta forma, porque es un argumento de carácter político para tener el control sobre el agua, lo que es un equívoco. Hace años que esta empresa debería ya refundarse. La volvemos a empresa pública, la hacemos privada o mixta (con capital del poder central), pero debe precautelarse para que no pueda cuotearse políticamente”, apuntó el jurista.
MILITANCIA
Según análisis de Bascopé, el conflicto que encara el municipio de La Paz, respecto de la empresa que debe hacerse cargo del suministro de agua potable, deviene de la inoperancia de las autoridades del Gobierno, debido a que confiaron la administración de la operadora del suministro a personas técnicamente no capacitadas, "militantes del MAS , dirigentes de las organizaciones sociales y otras con intereses personales".
En este sentido, señaló que gran parte de la responsabilidad sobre este asunto es atribuible a la ex ministra de Medio Ambiente y Agua (MMyA,) Alexandra Moreira, quien no fiscalizó adecuadamente el tema del agua, mediante los mecanismos regulares que conciernen a esa Cartera de Estado.
“Se ha denunciado reiteradamente este aspecto. Debería resolverse la situación porque quien debe hacerse cargo de esa competencia con toda legalidad es el municipio", remarcó Bascopé.
NO SERÁ TRANSFERIDO
Según su análisis, el Gobierno no transferirá la responsabilidad la administración del agua al municipio de La Paz por intereses de poder, porque ha ejecutado millonarias obras con recursos del Gobierno central, sostuvo.
“El Gobierno no muestra intención alguna de transferir esta competencia al municipio de La Paz. Legalmente, hace cuatro años debería haber conformado una empresa mixta o tendría que haberse fundado una nueva empresa privada”, refirió, a tiempo de señalar que el problema involucra aspectos, inclusive, de Derechos Humanos.
CONSTITUCIÓN
“El agua es un derecho humano y el ciudadano o la comunidad que intente apropiarse del agua está cometiendo un delito, sujeto a un proceso constitucional y penal", apuntó Bascopé a tiempo de señalar que durante la denominada "crisis del agua", que enfrentó el municipio de La Paz, se asumieron actitudes que manifestaron propiedad sobre este recurso hídrico, que es propiedad del Estado.
"El nivel central está manejando el tema Epsas de esta forma, porque es un argumento de carácter político para tener el control sobre el agua, lo que es un equívoco. Hace años que esta empresa debería ya refundarse. La volvemos a empresa pública, la hacemos privada o mixta (con capital del poder central), pero debe precautelarse para que no pueda cuotearse políticamente”, apuntó el jurista.
MILITANCIA
Según análisis de Bascopé, el conflicto que encara el municipio de La Paz, respecto de la empresa que debe hacerse cargo del suministro de agua potable, deviene de la inoperancia de las autoridades del Gobierno, debido a que confiaron la administración de la operadora del suministro a personas técnicamente no capacitadas, "militantes del MAS , dirigentes de las organizaciones sociales y otras con intereses personales".
En este sentido, señaló que gran parte de la responsabilidad sobre este asunto es atribuible a la ex ministra de Medio Ambiente y Agua (MMyA,) Alexandra Moreira, quien no fiscalizó adecuadamente el tema del agua, mediante los mecanismos regulares que conciernen a esa Cartera de Estado.
“Se ha denunciado reiteradamente este aspecto. Debería resolverse la situación porque quien debe hacerse cargo de esa competencia con toda legalidad es el municipio", remarcó Bascopé.
NO SERÁ TRANSFERIDO
Según su análisis, el Gobierno no transferirá la responsabilidad la administración del agua al municipio de La Paz por intereses de poder, porque ha ejecutado millonarias obras con recursos del Gobierno central, sostuvo.
“El Gobierno no muestra intención alguna de transferir esta competencia al municipio de La Paz. Legalmente, hace cuatro años debería haber conformado una empresa mixta o tendría que haberse fundado una nueva empresa privada”, refirió, a tiempo de señalar que el problema involucra aspectos, inclusive, de Derechos Humanos.
CONSTITUCIÓN
“El agua es un derecho humano y el ciudadano o la comunidad que intente apropiarse del agua está cometiendo un delito, sujeto a un proceso constitucional y penal", apuntó Bascopé a tiempo de señalar que durante la denominada "crisis del agua", que enfrentó el municipio de La Paz, se asumieron actitudes que manifestaron propiedad sobre este recurso hídrico, que es propiedad del Estado.
Friday, September 8, 2017
El tendido de tubería de La Palca-Potosí avanza 60 %
El tendido de tubería para el bombeo de agua La Palca hacia la ciudad de Potosí avanzó el 60 por ciento, de acuerdo con la inspección efectuada ayer al proyecto.
"Hemos querido mostrarle cómo esta el avance de las obras que nos permitirá resolver el problema del agua en la parte alta de la ciudad de Potosí", afirmó el alcalde Williams Cervantes.
Afirmó que la canalización del agua será desde el mismo río de La Palca hasta el sistema de tratamiento de agua del Kari Kari con cuatro sistemas de bombeo.
A su turno, el empresario Sergio Cors, confirmó que hay un avance físico del 60 por ciento. "Tenemos dos tramos de tendido terminado y nos falta este último de Valle Hermoso a la planta del Río San Juan", añadió.
Actualmente, se construye la infraestructura donde estarán los sistemas de bombeo. "Ya hemos hecho el pedido de las bombas y en cuatro semanas estarán aquí", dijo Cors.
"Hemos querido mostrarle cómo esta el avance de las obras que nos permitirá resolver el problema del agua en la parte alta de la ciudad de Potosí", afirmó el alcalde Williams Cervantes.
Afirmó que la canalización del agua será desde el mismo río de La Palca hasta el sistema de tratamiento de agua del Kari Kari con cuatro sistemas de bombeo.
A su turno, el empresario Sergio Cors, confirmó que hay un avance físico del 60 por ciento. "Tenemos dos tramos de tendido terminado y nos falta este último de Valle Hermoso a la planta del Río San Juan", añadió.
Actualmente, se construye la infraestructura donde estarán los sistemas de bombeo. "Ya hemos hecho el pedido de las bombas y en cuatro semanas estarán aquí", dijo Cors.
Gerente de Aapos renuncia al cargo y denuncia una dictadura
Rolando Montesinos no es más gerente general de la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (Aapos) porque decidió dar un paso al costado por la presión que ejercieron los trabajadores sindicalizados.
Sin embargo, esta dimisión se caracterizó por la denuncia de una “dictadura sindical” liderada por Jhonny Velásquez. La acusación fue negada por el dirigente sindical y aseveró en que no entrará al "juego" de desprestigio.
“Al interior de Aapos se ha implantado un régimen sindical dictatorial porque todos, ahí a dentro, tienen que andar al ritmo y a las ideas de (Jhonny) Velásquez”, denunció Montesinos a los medios de comunicación.
“Yo jamás me he sometido ante Velásquez y creo que, una de sus molestias, fue eso”, complementó.
Luego dijo que desde que asumió la gerencia general tuvo un ambiente laboral tranquilo con los demás trabajadores.
“Jamás he estado sometido a este señor, y si alguien lo trata mal, él lo cambia de sección y a mí me solicitaba esa situación. Y, yo, nunca he dado cobertura porque no era justo”, denució.
Montesinos dijo también que durante todo este tiempo trabajó con el objetivo de sacar de la difícil situación, puesto que la salud económica de la empresa de servicio no es de las más buenas.
PRESIÓN
Al menos, cinco trabajadores sindicalizados, al frente de su dirigente, Jhonny Velásquez, ejercieron presión para que dimita el gerente declarándose en una huelga de hambre en la propia gerencia de Aapos.
No obstante, la presión aumentó con la marcha que ejercieron trabajadores de distintas empresas de servicio al frente del dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), Germán Caballero, que es trabajador de Aapos, pero declarado en comisión.
Los trabajadores desde la semana pasada tomaron físicamente el ambiente de la gerencia general en demanda de la renuncia de Montesinos.
La exigencia y sustento para la dimisión, según Velásquez, fue por la "incapacidad de gestión, falta de autoridad e irresponsabilidad absoluta".
Todavía continúa la huelga
Hasta el cierre de edición de el Potosí, los trabajadores de Aapos, aún no levantaban la huelga de hambre. Exigieron un documento oficial del directorio que diga quién reemplaza Montesinos.
"No vamos a levantar la huelga hasta que el directorio tome la decisión de invitar a profesionales de la Universidad para elegir al nuevo gerente interino", afirmó. Luego dijo: "vamos a levantar cuando conozcamos el nombre del profesional que se haga cargo".
Sin embargo, esta dimisión se caracterizó por la denuncia de una “dictadura sindical” liderada por Jhonny Velásquez. La acusación fue negada por el dirigente sindical y aseveró en que no entrará al "juego" de desprestigio.
“Al interior de Aapos se ha implantado un régimen sindical dictatorial porque todos, ahí a dentro, tienen que andar al ritmo y a las ideas de (Jhonny) Velásquez”, denunció Montesinos a los medios de comunicación.
“Yo jamás me he sometido ante Velásquez y creo que, una de sus molestias, fue eso”, complementó.
Luego dijo que desde que asumió la gerencia general tuvo un ambiente laboral tranquilo con los demás trabajadores.
“Jamás he estado sometido a este señor, y si alguien lo trata mal, él lo cambia de sección y a mí me solicitaba esa situación. Y, yo, nunca he dado cobertura porque no era justo”, denució.
Montesinos dijo también que durante todo este tiempo trabajó con el objetivo de sacar de la difícil situación, puesto que la salud económica de la empresa de servicio no es de las más buenas.
PRESIÓN
Al menos, cinco trabajadores sindicalizados, al frente de su dirigente, Jhonny Velásquez, ejercieron presión para que dimita el gerente declarándose en una huelga de hambre en la propia gerencia de Aapos.
No obstante, la presión aumentó con la marcha que ejercieron trabajadores de distintas empresas de servicio al frente del dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), Germán Caballero, que es trabajador de Aapos, pero declarado en comisión.
Los trabajadores desde la semana pasada tomaron físicamente el ambiente de la gerencia general en demanda de la renuncia de Montesinos.
La exigencia y sustento para la dimisión, según Velásquez, fue por la "incapacidad de gestión, falta de autoridad e irresponsabilidad absoluta".
Todavía continúa la huelga
Hasta el cierre de edición de el Potosí, los trabajadores de Aapos, aún no levantaban la huelga de hambre. Exigieron un documento oficial del directorio que diga quién reemplaza Montesinos.
"No vamos a levantar la huelga hasta que el directorio tome la decisión de invitar a profesionales de la Universidad para elegir al nuevo gerente interino", afirmó. Luego dijo: "vamos a levantar cuando conozcamos el nombre del profesional que se haga cargo".
Thursday, September 7, 2017
Comisión legislativa verificará desabastecimiento de agua
El presidente de la Comisión de Autonomías de la Cámara de Diputados, Erik Morón, informó ayer que esa instancia realizará una inspección técnica “in situ” para verificar el problema de desabastecimiento de agua en la ciudad de Potosí.
“La comisión ha determinado realizar la inspección técnica in situ al municipio de Potosí el jueves 28 de septiembre para poder ver problema que aqueja a esa ciudad”, dijo a los periodistas.
Morón añadió que la comisión que irá a Potosí estará conformada por el diputado Pablo Barrientos y técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, además de otras instancias del Ejecutivo.
Morón aclaró que esta inspección “no cohíbe” el informe oral que el alcalde de Potosí, Williams Cervantes, debe presentar ante la comisión legislativa.
Cervantes tenía que presentar su informe ante la comisión en cuatro oportunidades, la penúltima el 16 de agosto y la última este miércoles, pero el Alcalde solicitó una nueva reprogramación por problemas de salud.
“Una vez más el Alcalde de Potosí ha incumplió con el informe oral que debía presentar sobre la crisis del agua que se tiene en Potosí, no se ha hecho presente con la excusa, según un certificado médico emitido el 4 de septiembre, que le indica un reposo absoluto de cinco días, pero ayer (martes) se lo vio dando una conferencia de prensa, eso nos parece raro”, manifestó Morón.
La Comisión de Autonomías, por la importancia del tema, le dará la “última de las últimas” oportunidades a Cervantes para rendir su informe agregó.
“La comisión ha determinado realizar la inspección técnica in situ al municipio de Potosí el jueves 28 de septiembre para poder ver problema que aqueja a esa ciudad”, dijo a los periodistas.
Morón añadió que la comisión que irá a Potosí estará conformada por el diputado Pablo Barrientos y técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, además de otras instancias del Ejecutivo.
Morón aclaró que esta inspección “no cohíbe” el informe oral que el alcalde de Potosí, Williams Cervantes, debe presentar ante la comisión legislativa.
Cervantes tenía que presentar su informe ante la comisión en cuatro oportunidades, la penúltima el 16 de agosto y la última este miércoles, pero el Alcalde solicitó una nueva reprogramación por problemas de salud.
“Una vez más el Alcalde de Potosí ha incumplió con el informe oral que debía presentar sobre la crisis del agua que se tiene en Potosí, no se ha hecho presente con la excusa, según un certificado médico emitido el 4 de septiembre, que le indica un reposo absoluto de cinco días, pero ayer (martes) se lo vio dando una conferencia de prensa, eso nos parece raro”, manifestó Morón.
La Comisión de Autonomías, por la importancia del tema, le dará la “última de las últimas” oportunidades a Cervantes para rendir su informe agregó.
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