De pronto, el fiasco en la provisión de agua segura y bebible estremeció de cabo a rabo la estructura del Estado Plurinacional en sus tres niveles, desnudando la deficiente gestión de los recursos hídricos.
Por ahora, en su faceta político-partidaria, el desenlace apunta a la destitución de la actual ministra del sector, planteada por el influyente grupo indigenista, uno de los tres en disputa por la futura designación.
La pugna, según versiones de dirigentes alteños, incluye a una fracción encabezada por un ministro al que respaldan los regantes de Cochabamba y otra conformada por los dos dignatarios más cercanos del presidente Evo Morales, afectado por el "cuoteo” de cargos y la anarquía en una empresa pública y social del agua.
Los esperados nubarrones que se ciernen estos días sobre el cielo paceño no logran ocultar que la crisis del agua se debe en lo inmediato, de acuerdo a reportes oficiales, no sólo a la escasez de lluvias, sino a la falta de capacidad en las represas para embalsar agua suficiente -como reconoció el nuevo ejecutivo de la empresa acuífera local, Marcel Claure- y a pérdidas multimillonarias en ductos.
Despilfarro estatal
Con cifras del 45 al 31% en Cochabamba y La Paz, respectivamente, el despilfarro institucional —más que vecinal— de agua potable en cañerías oxidadas y tubos plásticos de acoples deteriorados reduce a casi la mitad la oferta de agua disponible, minando, además, terrenos que se exponen al deslizamiento, según el Reporte Estrada Etcheverry de 2014 al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. De acuerdo a esos datos se calcula que las pérdidas ascienden hasta los 150 millones de dólares en una década.
Afectadas por la sedimentación, las represas sin dragar (como la de Tacagua, en Challapata, Oruro, y otras del sur y los valles), colmatadas hasta la mitad por materiales de arrastre, han perdido volumen de carga y almacenamiento hídricos, ahogando los publicitados proyectos presidenciales de "cosecha” de agua. Hasta el momento no se ha informado cuántos millones de metros cúbicos llegaron a recolectar.
La Gobernación orureña sorprendió hace cuatro meses anunciando la fase inaugural de dragado de la represa Tacagua, aunque el plazo de 200 días, a concluir en 2018, y la inversión de 700 mil dólares resultaban exiguos para una obra estimada en 20 millones de dólares, a fin de trasladar parte de los 22 millones de metros cúbicos de sedimentos depositados en su vaso y talud. En servicio de Tacagua, desde 1961, con 45 millones de metros cúbicos de capacidad formal es uno de los mayores y más viejos embalses, junto a la de La Angostura (Cochabamba, 1948, 50 millones de metros cúbicos).
Por el mismo rumbo, una inconclusa nueva represa en La Paz y otros diques aledaños estaban imposibilitados de retener buena parte del agua que se viene. De estar en mejor estado pudieron coadyuvar a la "cosecha”, evitando futuras inundaciones, aunque un desborde ya afectó a los comunarios de Palcoma, el más reciente aporte a los caudales extras que abastecen a la sede de Gobierno.
"La represa Hampaturi Alto está en construcción hace dos años. Ya debió estar concluida. En esta época de lluvias la hubiéramos podido cargar, pero va a volver a rebalsar toda esa agua, seis millones de metros cúbicos, que pudo ser almacenada para asegurarnos el suministro el próximo año, pero no va suceder esto”, lamentó a poco de posesionado el ejecutivo de la EPSAS local, Marcel Claure.
Sus obras, cargo de la estatal Emaguas, que la adjudicó a una constructora privada, fueron inauguradas por el presidente Evo Morales en julio de 2014, pero sin que se informe sobre las razones de la postergación. Los trabajos comenzaron hace un año, previéndose que su primera carga de lluvias ocurrirá entre fines de 1917 e inicios de 2018; es decir, a destiempo e incumpliendo promesas.
Causas de fondo
Sin políticas públicas nacionales y serias que incluyan roles por ámbito estatal y por instrumentos operativos, ni coordinación con gobernaciones, municipios y las propias empresas públicas y sociales del sector, el suministro que la Constitución garantiza como un derecho quedó en el papel y la letra muerta, refirió la consultora Redes.
"Se aplazaron contundentemente las organizaciones sociales en la administración de EPSAS. No sólo ahora sino desde 2007 no ha cambiado nada, incluso el NIT sigue siendo el mismo de la ex Aguas del Ilimani; seguimos pagando alquileres a Samapa-residual”, dijo un dirigente alteño.
Es un "botín político y de cuoteo de planillas, no se programan conexiones sino cargos”, agregó otro dirigente pidiendo reserva sobre su identidad.
Remarcó que la empresa ejecuta 34 millones de dólares, de los que 18 millones corresponden a sueldos y salarios para 500 trabajadores, entre eventuales y permanentes, con un promedio de 36.000 dólares al año.
Pese a diversas advertencias antes y después de la última temporada de lluvias 2015-2016, y a causa precisamente de esa carencia estratégica de políticas públicas, la cobertura oficial del 84% de la población con agua potable excluye al restante 16% de las y los bolivianos: cerca de 1,5 millón de habitantes, de acuerdo a Redes.
Alertas vanas
Los múltiples avisos y prevenciones desde la sociedad civil, a partir de la desecación del lago Poopó, hace un año, y otros riesgos en humedales del sur y el oriente bolivianos, fueron en general desdeñados por las autoridades, que sólo en agosto pasado dieron muestras de activar algunos recursos. Entre ellos, los cuestionados "12 decretos antisequía” que el presidente Morales lanzó el pasado 2 de agosto en Challapata, durante la celebración del Día de la Revolución Productiva y Agraria. "Nos hemos preparado para enfrentar esta sequía”, dijo entonces. Complementaba así su propia alerta del 26 de enero, hace 11 meses, en que instruyó, sin ser obedecido: "Hay que tener un programa consistente para combatir los efectos, vamos a tener una grave sequía”.
Ya entrado noviembre, en medio del afán por distribuir agua turbia y la danza de millones a la que su Gobierno recurrió para exaltar logros, el mandatario admitió que no obstante los 1.209 millones de dólares gastados en diez años en el sector agua, "no hay soluciones estructurales aún” para resolver el racionamiento en La Paz y otros departamentos.
Informe de Redes
En general, el reporte de la consultora Redes identificó que las organizaciones sociales fallaron nuevamente en la administración de la cosa pública; mientras que el Gobierno volvió a demostrar que no tiene políticas públicas y no conoce la temática del agua en cada uno de sus componentes.
La consultada añade que el Gobierno tampoco fue capaz de prever la desecación progresiva de los lagos del altiplano central, como el caso del Poopó, en 2015.
"Entre el Estado nacional y las representaciones políticas actuales no hay coordinación, pues no hay políticas públicas que incluyan roles por ámbito estatal y por instrumentos operativos. Todo es proyectos pero nada de estrategias”, añade el informe de Redes.
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