Así empezó un proceso de intervención, inicialmente de seis meses, que hasta la fecha ha sido ampliado en cuatro ocasiones. En este tiempo cuatro gerentes interventores fracasaron en la tarea de sacar de la crisis que EPSAS heredó de sus antecesoras: Samapa y Aguas del Illimani. El quinto gerente interventor, Marcel Claure, asumió esta semana los problemas de una década y el reto de constituir una nueva empresa metropolitana de agua.
"EPSAS es una empresa con varios problemas económicos, al grado de que el saldo en caja no cubre ni el pago de una multa aplicada a Aguas del Illimani”, indicó en 2007 el primer gerente de EPSAS (2007-2011), Víctor Rico, actual cabeza de la fiscalizadora de aguas AAPS.
En sus primeros cuatro años la empresa buscó financiamiento a partir de créditos canalizados por el Gobierno y donaciones de la Cooperación Europea. En 2011, Rico dejó EPSAS concretando casi el 50% de las inversiones planificadas.
Sin embargo, la crisis no fue superada. En 2013 el entonces viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Rubén Méndez, informó que EPSAS tenía una pérdida de 130 millones de bolivianos, una deuda por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas de 43 millones y un contrato con Samapa por el alquiler de su infraestructura de 67,4 millones. La autoridad atribuyó la debacle a una "incapacidad en el manejo” de la empresa.
Ante esta situación, la mañana del 1 de abril de ese año, la AAPS emitió un comunicado en el que daba cuenta de una intervención a la operadora de agua potable. Andrés Zegada fue posesionado como interventor y los cuatro gerentes de la directiva fueron cesados en sus funciones.
Esa primera intervención, fijada para seis meses, tenía tres misiones: auditar y convertir a EPSAS en una institución pública; garantizar la gestión para su sostenibilidad económica y operativa; y, por último, el diseñar una nueva empresa metropolitana.
Desde entonces el plazo de la intervención fue ampliado en cuatro ocasiones. El pasado septiembre, ocho alcaldes de los municipios de la región metropolitana de La Paz aprobaron una nueva ampliación de EPSAS por seis meses como mínimo y un año como máximo.
Desde el 2013, EPSAS ha estado bajo la gerencia de cuatro interventores: Andrés Zegada, Humberto Claure, Hugo Gómez y Rudy Rojas. Este último apenas cumplía su tercer mes de gestión cuando -el pasado miércoles- fue destituido por la crisis de agua en La Paz, que causa un racionamiento del servicio a 94 barrios. En su lugar fue reposesionado Claure, el segundo interventor.
En su primera gestión, Marcel Claure había asumido el cargo tras la dimisión de Zegada, que no logró concretar la municipalización de EPSAS por falta de propuestas de las alcaldías. "Ahora tengo la misión de trazar un plan ante la emergencia actual. Además, tengo un plazo de seis meses para cumplir con el traspaso del servicio de agua potable a una empresa municipal metropolitana”, señaló Claure tras su posesión del pasado miércoles.
Ante la actual emergencia, autoridades nacionales y locales coinciden en la urgencia de poner en marcha la nueva empresa municipal y metropolitana. Ésta determinará la muerte EPSAS y, con suerte, el inicio de una nueva época.
Chacón: La municipalización es la salida a la intervención
El 20 de septiembre, la concejala Cecilia Chacón presentó ante el Concejo Municipal una propuesta para la municipalización del servicio de agua potable. Señaló que esta es la única solución a la situación de intervención en la que EPSAS se encuentra hace tres años.
"Nuestra propuesta se basa en la necesidad de dar una solución integral a la crisis que se tiene en el servicio de agua potable, que lleva ya tres años intervenida”, dijo Chacón.
Manifestó que uno de los grandes problemas de este proceso son las cortas gestiones transitorias de los interventores, que en tres años han llegado a cinco. "Son gestiones cortas con cambios frecuentes de interventores que ponen en riesgo el servicio”, aseveró.
Observó también que estas gestiones han sido caracterizadas por serios indicios de corrupción o malversación de recursos. Indicó que a través de informe de la unidad de Auditoría de Transparencia del Ministerio de Medio Ambiente y Agua se conoció que en el último año EPSAS incrementó sus contratos en un 30%.
"Esto se hizo de manera injustificada que presumen una mala gestión”, sostuvo.
Manifestó que antes de asumir el servicio se debe realizar una auditoría de EPSAS. "Quien vaya a asumir la nueva operación, sea Samapa u otra instancia, tiene que hacer una auditoría integral para conocer en qué condiciones se está entregando la empresa. No vaya a ser que sea una bomba de tiempo, como estamos viendo ahora, y que las consecuencia las vaya a tener que asumir dentro de seis meses, un año o más el próximo operador”, observó Chacón.
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