El exasesor del Directorio de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Marco Antonio Ramos, atribuyó la intervención de la empresa a cálculos políticos del Gobierno, que no consideran la salud y vida de los más de dos millones de usuarios de La Paz y El Alto.
El acceso al agua es un derecho consagrado en la Carta Magna. El artículo 16 dice expresamente que, “toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación”.
RESPONSABILIDADES
Ramos recordó el flagelo que soportó la población de la ciudad en el pasado reciente por una aguda crisis del agua, que no solamente se explica en la ausencia de una administración eficiente del recurso natural, (alerta sobre la escasez), sino en el incumplimiento de responsabilidades de las autoridades al más alto nivel político, a pesar de existir proyectos y presupuesto que no fueron ejecutados oportunamente.
"Los llamados expertos que presumieron de salvadores de esta crisis del agua mintieron al presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, pero sobre todo le mintieron al pueblo paceño, ocultando la verdad y minimizando los hechos del grave problema”, dijo.
PROBLEMA ESTRUCTURAL
Ramos afirmó que Epsas S.A., a pesar de ser una empresa de denominación pública, mantiene su calidad de privada, lo que encubre un problema estructural de “dimensiones catastróficas”, mismo que pone en riesgo permanente la prestación del servicio.
“Ya alguien calificó de agónica (a Epsas), sólo algunos administradores circunstanciales por intereses oscuros y ministros del Gabinete del Presidente Morales mostrándola como una empresa sólida y eficiente”, apuntó.
Aseguró que los problemas son de índole legal, desde el año 2007 ya que no se crea una empresa pública como establece el Decreto Supremo 28985, firmado por las más altas autoridades del Estado, incumplimiento que vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), se violó también la Ley Marco de Autonomías y se transgredió otra disposición, la Ley 2066
“Epsas S. A. se administra con roscas familiares y se conceden 16 bonos a los trabajadores, no existen reglamentos de personal, los que se utilizan son los mismos heredados por Aguas del Illimani S.A.(AISA), al igual que el ámbito de seguridad industrial, se apela a normativa de una empresa transnacional y que fue ajena a nuestra realidad como Estado Plurinacional”, indicó.
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