La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) enfrenta un severo problema jurídico y estructural, porque siendo una entidad privada tiene a su cargo capitales públicos, lo que hace una "sin razón", jurídicamente, aunque permitida por el interés político del Gobierno, según análisis del abogado constitucionalista William Bascopé.
"El nivel central está manejando el tema Epsas de esta forma, porque es un argumento de carácter político para tener el control sobre el agua, lo que es un equívoco. Hace años que esta empresa debería ya refundarse. La volvemos a empresa pública, la hacemos privada o mixta (con capital del poder central), pero debe precautelarse para que no pueda cuotearse políticamente”, apuntó el jurista.
MILITANCIA
Según análisis de Bascopé, el conflicto que encara el municipio de La Paz, respecto de la empresa que debe hacerse cargo del suministro de agua potable, deviene de la inoperancia de las autoridades del Gobierno, debido a que confiaron la administración de la operadora del suministro a personas técnicamente no capacitadas, "militantes del MAS , dirigentes de las organizaciones sociales y otras con intereses personales".
En este sentido, señaló que gran parte de la responsabilidad sobre este asunto es atribuible a la ex ministra de Medio Ambiente y Agua (MMyA,) Alexandra Moreira, quien no fiscalizó adecuadamente el tema del agua, mediante los mecanismos regulares que conciernen a esa Cartera de Estado.
“Se ha denunciado reiteradamente este aspecto. Debería resolverse la situación porque quien debe hacerse cargo de esa competencia con toda legalidad es el municipio", remarcó Bascopé.
NO SERÁ TRANSFERIDO
Según su análisis, el Gobierno no transferirá la responsabilidad la administración del agua al municipio de La Paz por intereses de poder, porque ha ejecutado millonarias obras con recursos del Gobierno central, sostuvo.
“El Gobierno no muestra intención alguna de transferir esta competencia al municipio de La Paz. Legalmente, hace cuatro años debería haber conformado una empresa mixta o tendría que haberse fundado una nueva empresa privada”, refirió, a tiempo de señalar que el problema involucra aspectos, inclusive, de Derechos Humanos.
CONSTITUCIÓN
“El agua es un derecho humano y el ciudadano o la comunidad que intente apropiarse del agua está cometiendo un delito, sujeto a un proceso constitucional y penal", apuntó Bascopé a tiempo de señalar que durante la denominada "crisis del agua", que enfrentó el municipio de La Paz, se asumieron actitudes que manifestaron propiedad sobre este recurso hídrico, que es propiedad del Estado.
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