Factores políticos están impidiendo el tratamiento del proyecto de la Unión Metropolitana por el Agua (UMA), formulado por los municipios de La Paz y El Alto. Las 60 observaciones efectuadas por la autoridad de fiscalizadora de agua potable y saneamiento fueron absueltas, pero no existe ningún interés para ser consideradas, manifestó ayer la concejal Cecilia Chacón.
“Creo que no se aprobará (el proyecto), porque el Gobierno ha tomado la decisión política de rechazar nuestra propuesta y va a trabajar en justificar una ampliación para crear su propia empresa y tapar la corrupción y la negligencia de todos estos años en la administración de servicios”, dijo.
A un mes para que se cumpla el plazo de la intervención de la Empresa Pública de Saneamiento Básico (Epsas), la concejal Chacón advirtió la existencia de “pretextos políticos”, por parte de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), que impiden la creación de la Unión Metropolitana por el Agua (UMA).
Explicó que está a la espera de la ratificación del convenio por parte de los Concejo Municipales de La Paz y El Alto, para formalizar la presentación de las repuestas a la AAPS. No obstante, advirtió que las 60 observaciones hechas al proyecto son más de índole político y no jurídico ni administrativo, pero que a pesar de ello se dio cumplimiento a todos ellos.
A manera de ejemplo, refirió la firma de un convenio con otros municipios, requisito que no se pide a otro operador y que “no señala la norma”, precisó.
Otras observaciones de la AAPS tienen que ver con la extensión del área de cobertura del servicio, área solicitada para continuar prestando el servicio o sí los otros municipios están de acuerdo.
“Hay una serie de observaciones que no tiene ni pies ni cabeza, que parecen más buscar un pretexto político para rechazar la propuesta presentada por nosotros”, sostuvo.
En ese contexto, Chacón afirmó que ahora deberá ser la AAP la encargada de emitir un pronunciamiento, antes del vencimiento del plazo de la intervención de EPSAS.
Recordó que la intervención es “ilegal”, porque incumple la Ley 2066, la cual establece que las intervenciones no puede ser superior a seis meses, pero que en el caso de Epsas se prolonga ya por tres años.
En ese sentido, afirmó que el Gobierno tiene que asumir la responsabilidad de garantizar un buen servicio a la población, realizar inversiones de grandes obras que se necesitan para captación de fuentes de guas, ampliación de las plantas de tratamiento de aguas, además de la renovación de las redes de agua potable y alcantarillado.
En mayo pasado, las alcaldías de La Paz y El Alto generaron la propuesta para crear la empresa municipal Unión Metropolitana por el Agua (UMA) que reemplace a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), cuya intervención concluye en septiembre, pero fue observada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS).
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