Monday, April 10, 2017

En abril “se ganó la guerra”; el acceso al agua empeoró



La “desilusión” es el sentimiento que más ha calado después de la Guerra del Agua, y es que, 17 años después, sigue latente la pregunta: ¿Valió la pena?

Los dirigentes que estuvieron en la primera línea coinciden, a pesar de sus diferencias ideológicas, que el problema de acceso al agua ha empeorado, que se frenó la privatización del servicio pero la gente no percibe las mejoras en el suministro.

Con el tiempo, los cambios políticos que inspiró el conflicto son los que más han sobresalido en la región y el país.

Las protestas que comenzaron en 1999 con el contrato para privatizar el servicio de agua en Cochabamba con la empresa Aguas del Tunari, un consorcio conformado por la transnacional Bechtel, la norteamericana Edison, la española Abengoa y las bolivianas Petricevich y Soboce, durante el Gobierno de Banzer con el impulso del Banco Mundial, culminaron con intenso conflicto en abril de 2000 que echó al grupo empresarial.

A partir de entonces, se contemplaba abrir un proceso para convertir a Semapa en una organización social y comunitaria con control social.

Después de 17 años, los actores de la Guerra del Agua afirman que la agenda del agua no se cumplió y aún están pendiente la dotación para la zona sur, la regulación de tarifas y mejorar el servicio.

Además, de la reparación de daños y justicia para las víctimas, más de 100 heridos. La muerte de Víctor Hugo Daza (17), quedó en el olvido.

“Ganamos la Guerra del Agua, pero perdimos la posibilidad de colocar en la agenda, con fuerza, la constitución de una empresa donde la gente participe en las decisiones que se tomen sobre un bien común como es el agua”, afirmó el entonces vocero de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida en 2000, Óscar Olivera.

Siguió: “La Guerra del Agua tuvo una dimensión política, económica, social y organizativa, si bien el agua fue el ingrediente principal, la gente rompió el esquema de imposición”.

La movilización unió a organizaciones sociales de obreros, fabriles, regantes y a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia de Cochabamba (SIB), además de campesinos y vecinos por un objetivo común: el agua.

El contrato de concesión con Aguas del Tunari fue el origen del conflicto. Después vino la aprobación de la Ley 2029 que dio un marco legal para la privatización de Semapa y el intento de confiscación de los sistemas comunales de agua. “Los regantes dieron la alerta de la privatización a partir de la Ley 2029 y el contrato de concesión con la empresa Aguas del Tunari de que el agua se convertiría en una mercancía y de propiedad de una corporación”, recordó Olivera.

Uno de los participantes del conflicto y entonces representante de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Gonzalo Maldonado, señaló que el mayor detonante del conflicto fue el incrementó de las tarifas en más de un 100 por ciento para solventar sus inversiones en la ampliación de la red y la ejecución del Proyecto Misicuni.

“Entonces, una familia que pagaba 25 bolivianos debía pagar 100; los que pagaban 80, 300; incluso los condominios se unieron porque de 800 bolivianos pagarían 7 mil bolivianos, realmente era un tarifazo”, dijo.



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Un masivo cabildo por la Guerra del Agua en la plaza 14 de Septiembre, hace 17 años.
Carlos López
Creen que el Gobierno le dio la espalda al agua

Los “guerreros del agua” aseguran que la agenda no se cumplió a pesar que el acceso al agua está reconocido como un derecho humano en la Constitución Política del Estado. Luego de 17 años, para muchos fue un error que Semapa vuelva a la administración municipal primero bajo el control de NFR, luego de Ciudadanos Unidos, el MAS y ahora los Demócratas.

“Semapa no tiene una política clara sobre las tarifas, no representa un carácter social, la agenda del agua no se cumplió, hay que elaborar una nueva agenda”, dijo el exdirigente de la Federación de Regantes, Omar Fernández.

“La gente decía: No queremos que Semapa vuelva a manos de la Alcaldía, queremos que venga a manos del pueblo. La gente consideraba que en la gestión pública y privada no tomaba en cuenta su opinión. Yo digo que este Gobierno ha dado la espalda a la agenda del agua y este Gobierno es producto de la Guerra del Agua”, declaró Olivera.

En 2002, la Coordinadora planteó el agua como un bien común, el fortalecimiento de los sistemas comunitarios. Una ley de aguas, la participación social en Semapa y tarifas con justicia social.



EMPRESA Y ACUERDO

• En 2001, la transnacional Bechtel planteó un proceso legal contra el Gobierno de Bolivia por el pago de 25 millones de dólares por daños ante la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, en 2006 retiró el proceso.

• La Ley 2029 avaló el contrato con Aguas del Tunari que otorgaba la concesión de los recursos hídricos a la transnacional. Además, contemplaba que las personas saquen una licencia para aprovechar el agua de lluvia.

• La disposición fue derogada tras los violentos enfrentamientos de abril que provocaron que la población salga a las calles ante la denuncia del uso de francotiradores de la Séptima División de Ejército y la dura represión policial. El contrato fue revocado.

• La empresa Aguas del Tunari justificó el repentino incremento de las tarifas para ampliar el sistema de agua, realizar un mantenimiento y terminar el Proyecto Múltiple Misicuni.

• Los acuerdos del conflicto se dieron a conocer en el entierro del joven Víctor Hugo Daza, presuntamente muerto por un francotirador durante las protestas en el centro de la ciudad de Cochabamba.



PUNTOS DE VISTA SOBRE EL CONFLICTO POR EL AGUA DE LOS ACTORES QUE ESTUVIERON EN LA PRIMERA LÍNEA EN ABRIL DEL 2000

“Tarifazo criminal”

ÓSCAR OLIVERA, DIRIGENTE

La gente de la ciudad se volcó a las calles porque debía escoger entre alimentar a su familia o pagar por el servicio por agua. Un 20 por ciento de los ingresos estaban destinados a pagar el agua: Era un tarifazo criminal. En el cabildo, la gente no quería que Semapa vuelva a manos de la Alcaldía, sino a manos del pueblo.



“Imparcialidad”

MARCO CARILLO, PERIODISTA

Los periodistas jugaron un rol trascendental en la Guerra del Agua frente a una injusticia económica y una acción antipopular. En esos casos, un periodista deja de ser imparcial, la Iglesia católica jugó su parte política y social, monseñor Tito Solari tuvo un papel fundamental; Semapa debería ser administrar por el pueblo.



“Sabor a desilusión”

GONZALO MALDONADO, INGENIERO

El año 2000, una consulta popular inédita con una votación de 49 mil votos pedía que se retire Aguas del Tunari, no se incrementen las tarifas y se restablezca el Proyecto Misicuni. Lo que hizo Aguas del Tunari en su momento ahora lo está replicando Semapa; no hay un sistema tarifario justo, ha quedado un sabor a desilusión.



“Nueva agenda”

OMAR FERNÁNDEZ, DIRIGENTE REGANTES

La ciudadanía rompió con el estado de sitio, la Coordinadora logró la unión del campo y la ciudad. 17 años después, todavía no se ha resuelto el tema del agua El Gobierno no ha cumplido con la agenda del agua, Semapa no tiene una política clara sobre las tarifas. Hay que elaborar una nueva agenda del agua.



“Estamos peor”

JORGE ALVARADO, PRESIDENTE MISICUNI

Yo creo que estamos peor. Con la Guerra del Agua, el objetivo fundamental era recuperar Semapa, hemos recuperado esa agua, pero el objetivo era que sea una empresa de carácter social y autogestionaría, eso se ha desvirtuado. La empresa fue afectada por la corrupción, nepotismo; es un botín político de las alcaldías.



“Acción política”

JOSÉ ORÍAS, EXPREFECTO DE CBBA

Está claro que el tema de la reivindicación de las tarifas del agua fue un pretexto para una acción política organizada por el principal partido de oposición el MNR. Los otros actores fueron instrumentos de esa estrategia; otras organizaciones tuvieron más éxito, una consecuencia de eso es el presidente Evo Morales.

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