Ninguna autoridad del Estado a cargo de la administración de la crisis de agua en la ciudad de La Paz realiza controles sobre la venta y distribución de este recurso proveniente de vertientes naturales, de donde se abastecen las cisternas particulares para proveer a la zona Sur.
Las vertientes naturales y cárcavas de agua están sujetas al control de las organizaciones barriales que cobran entre 30 y 50 bolivianos para que una persona pueda acceder a lavar ropa o acceso al agua, mientras que las cisternas particulares comercian con agua no tratada que, en muchos casos, son empleadas en la preparación de alimentos, a pesar de las recomendaciones que efectúa el Ministerio de Salud.
En un recorrido efectuado por EL DIARIO a vertientes naturales se evidenció que carros cisternas se proveen del líquido elemento para expendio en barrios, donde no llegan los sistemas de provisión dispuestos por el Centro de Operación de Emergencia (COE), conformado por un equipo interministerial.
En el caso de la vertiente de Alto Villa San Antonio se evidenció que por disposición de una junta de vecinos este acuífero se encuentra bajo llave, es de uso casi exclusivo de las lavanderas de ropa y para el suministro doméstico, que ante la severa crisis del agua y la lánguida provisión mediante carros cisternas es el único acceso de los vecinos al agua.
En la vertiente de la Gruta de Lourdes el uso de esas aguas y predios para el lavado de ropa tiende a aumentar, siendo concurrido desde tempranas horas de la mañana hasta avanzadas horas de la noche. Mientras que en la cárcava de Aranjuez, una fila de cisternas particulares espera su turno para proveer de agua a familias que no cuentan con el suministro de agua por tuberías ni de cisternas de emergencia.
SIN CONTROLES
Consultada la ministra de Salud, Ariana Campero, acerca del control de calidad de estas aguas que son acopiadas por cisternas particulares, señaló que esta agua no es apta para el consumo humano, a pesar de lo cristalina que pueda ser y cuyo control no está bajo su competencia.
Por su parte, Mario Peinado, a cargo del operativo de distribución de agua garantizada, señaló que lugares donde existe vertientes naturales serían los propios vecinos quienes hubieran rechazado la provisión de agua tratada.
“Hay barrios, arriba, donde tienen vertiente y nos ha dicho que no requieren de la dotación de agua”, puntualizó, al señalar que el control sobre cisternas particulares no es de su competencia. Con relación al control de la calidad de esas aguas serían competencia del Ministerio de Salud.
Por otra parte, los funcionarios de la Empresa Pública de Social de Agua y Saneamiento (Epsas), acerca del control sobre la distribución de agua por cisternas particulares, señalaron que esta responsabilidad no sería de su competencia.
PLAN DE EMERGENCIAS
En este contexto, aclararon en el marco del plan de emergencias, que la función específica de Epsas para la provisión de agua potable tiene que ver con el control y habilitación de hidrantes, que éstos cuenten con suficiente capacidad de provisión y presión. Al momento, en la ciudad se encuentran habilitados tres hidrantes, en Seguencoma, en la avenida Kantutani y Miraflores.
De acuerdo con lo informado, en el curso de las siguientes horas se habilitaría un cuarto hidrante, que será ubicado en la zona de Obrajes, entre la Av. Ormachea y calle 14, para atender a los equipos de provisión a la zona Sur.
Con relación a la distribución de aguas de vertientes mediante cisternas particulares y el control de calidad sobre estas, la Secretaria Municipal de Gestión Ambiental del municipio de La Paz, Mariana Daza, señaló que el contrato de concesión a Epsas establece que el aprovechamiento y recuperación de aguas para atender los requerimientos de la población están a cargo de la operadora.
Daza señaló que la única vertiente sobre la cual la comuna ejerce control de calidad del agua es la de Aranjuez, que según los resultados de los análisis de laboratorio efectuados por la comuna es inicua, por lo que los funcionarios de la Subalcaldía de Mallasa efectúan jornadas de información acerca del tratamiento previo a su consumo.
Por otra parte, recordó que el municipio de La Paz no ejerce control sobre el servicio básico de agua potable desde que este fuera intervenido, dando paso al funcionamiento de Epsas, que paga un alquiler por el uso de la infraestructura que es propiedad de Samapa, aún de propiedad municipal.
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