El artículo 16 de la Constitución Política del Estado plantea claramente que el acceso al agua es un derecho humano, ni siquiera solamente un derecho fundamental. Y en esa perspectiva, todas las personas deberían contar con este servicio básico, que representa la vida.
El parágrafo I de este artículo señala que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.
Sin embargo, al margen de las condiciones climatológicas adversas que se presentan en este momento en el departamento y el país existe todavía una discriminación hacia los sectores periféricos de la ciudad porque muchos barrios no tienen agua potable.
Las autoridades tampoco han podido implementar, hasta la fecha, políticas que permitan la ampliación de la red de agua potable y alcantarillado hacia los barrios más alejados que no cuentan con este servicio básico.
Por este motivo, las familias que no cuentan con agua potable en sus domicilios, mediante la red de distribución, se ven obligadas a comprar este líquido en turriles, de carros cisterna, entre 7 y 8 bolivianos. Lo más probable es que esa cantidad les dure uno o dos días.
En esa perspectiva, las autoridades tendrían que resolver este tema y ojalá que el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) y Misicuni puedan posibilitar soluciones para esta población. Pero hasta el momento hay una desigualdad en lo que se refiere a la distribución de este servicio básico en la población, desde nuestro punto de vista.
AGUA ES VIDA
El derecho al agua es el derecho a la vida misma. Sin este servicio básico, una persona no podría sobrevivir. Al no contar con este líquido elemento, en mínimas condiciones, la gente se puede enfermar. Y en el caso de las personas que viven en los barrios periféricos, estas deben consumir lo que está a su alcance, ni siquiera hay un control sanitario, por ejemplo, de los sistemas que van a vender.
Creo que es importante que todo esto se tome en cuenta por ser un derecho humano. Las autoridades deben, más allá de utilizar este tema como propaganda, hacer el máximo esfuerzo para resolver este problema.
Además, creo que el otro tema referido a la parte central de la ciudad, donde sí hay redes, pero no hay la suficiente cantidad de agua potable. Las familias de este sector pagan tarifas elevadas por un servicio que reciben una vez a la semana o dos veces al mes. Todo esto debe cambiar. Las autoridades en el ámbito nacional, departamental y municipal tienen que hacer los máximos esfuerzos para dotar de agua a toda la población.
TODO SIGUE IGUAL
El conflicto que se suscitó por el agua, el año 2000, con la denominada Guerra del Agua, buscaba que toda la población tenga este servicio básico en sus viviendas, sin embargo, han transcurrido 16 años de ese movimiento histórico y las condiciones no han cambiado, siguen siendo las mismas en el centro de la ciudad y peor en el sector periférico.
Además, la población que tenemos en el municipio de Cochabamba es mucho más elevada, estamos cerca de los 700 mil habitantes. La provisión de agua potable se da en condiciones muy precarias.
CHANTAJE
A partir de la distribución de agua potable hemos detectado otro problema en el sector rural. Las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) y los sindicatos agrarios amenazan a sus afiliados con cortarles el servicio a los que no asisten a una determinada reunión o movilización. A ese extremo se ha llegado.
Asimismo, a las familias cuyos niños asisten a la escuela de la ciudad y no van al de su comunidad, les cortan el agua.
Nosotros, como Asamblea Permanente de Derechos Humanos hemos intervenido en muchos casos, en varias comunidades en las que hemos conocido de estos problemas y recomendamos que no se puede cortar el agua a las familias bajo ninguna circunstancia.
Dotar de agua a toda la población es un desafío que tienen las autoridades nacionales y locales.
Resolver el problema del agua, que es un derecho humano, es todavía una asignatura pendiente para las autoridades locales y nacionales.
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